1 de julio: lo que viene

Por Bulmaro Pacheco

En las campañas, ninguno de los cuatro candidatos a la Presidencia de la República se pronunciaron por cambios constitucionales trascendentes relacionados con el régimen político, con el sistema de partidos, o con la conformación y el funcionamiento de los Poderes.

Tampoco se vio que hayan planteado algo referente al vínculo de los gobernadores con el poder central, o de los municipios con los gobiernos locales y el gobierno federal.

Y es comprensible. Todos ellos le dieron prioridad a las demandas de coyuntura y a lo que sintieron como urgencias nacionales, es decir, lo que vende electoralmente y le puede interesar al votante: Empleo, Inseguridad, pobreza, desigualdad, salud y educación, entre otras. ¿Qué le va a interesar al elector el tema de la segunda vuelta? Ni al caso.

 ¿Y qué puede pasar?

Que después del día de la elección —con las tensiones agregadas entre ganadores y perdedores—, comiencen a plantearse las reformas inevitables y urgentes que requiere el sistema político para actualizarse, modernizarse y adaptarse a la nueva etapa de cambios.

¿Cómo cuáles?

El sistema de partidos ya no será lo que fue hasta el 2018. Algunos van a batallar para completar el tres por ciento de la votación nacional que les exige la Ley para conservar el registro. Otros van a exigir sus cuotas de poder si gana el candidato con el que hicieron alianza. Otros más tendrán que hacer una verdadera evaluación de los costos de sus alianzas con partidos que, de origen, contradicen sus principios y propuestas.

Se viene una crisis fuerte en el PAN (ya la anuncian 7 gobernadores) por las fracturas que provocara la candidatura de Ricardo Anaya y el poder que han alcanzado sus gobernadores así como la “desaparición forzada” de sus ex presidentes de la República.

Se espera también un desdibujamiento de un PRD muy débil y escasamente representativo, al que ya solo le falta que el personal administrativo y de intendencia migre hacia Morena.

Se advierte una crisis fuerte de identidad en el PRI, partido que ya no tendrá pretextos—sea cual sea el resultado de la elección—, para llevar a cabo las reformas que lo lleven a su cuarta etapa –si acaso quisiera recuperarse–, fortalecer su viabilidad e incrementar el capital político (gobernadores, alcaldes, diputados, senadores). Al PRI le van a sobrar diagnósticos sobre su presunta desaparición o agotamiento, como ya sucedió en procesos electorales anteriores —desde 1988—. Dependerá de los militantes reales y leales trazar las líneas de la futura reforma del PRI para vencer obstáculos y sacudirse lastres. No habrá de otra.

¿Y los candidatos independientes?

Ahí se tendrá que revisar a fondo el marco jurídico y de operación de una figura novedosa políticamente que —por lo menos en este proceso electoral— ha fracasado y ha dejado mucho que desear.

No es posible que a los candidatos a la Presidencia se les hayan puesto requisitos más difíciles de cumplir (890 mil firmas) que los necesarios para formar un partido político (226 mil firmas).

En los estados tampoco es legal que se diga que solo tendrá derecho a la candidatura el aspirante que junte más firmas, a pesar de fijarles a cada uno el porcentaje de ley requerido para el registro de la candidatura.

En el proceso actual los independientes dieron más pena que gloria. Margarita Zavala terminó por retirarse de la contienda y Jaime Heliodoro Rodríguez “El Bronco” decepcionó por sus escasas aportaciones y su poco impacto en los electores, que nunca lo sacaron de un modesto 3 % de las preferencias en las encuestas.

¿Y los gobiernos de coalición?

En la fracción XVII del artículo 89 constitucional relativo a las facultades y obligaciones del presidente, se establece: “En cualquier momento optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición”. Falta que el Congreso de la Unión apruebe la ley reglamentaria del postulado constitucional anterior para contar con un elemento que regule la aplicación del sistema.

¿Será necesaria?

Por lo que se observa en los sondeos y las encuestas ningún partido político, incluyendo el que gane la Presidencia, tendrá mayoría en ambas cámaras. Tampoco tendrán mayoría en los gobiernos estatales.

De acuerdo a la prospectiva política, el PRI pasará de 14 a 13, el PAN 12, Morena 4, el PRD Michoacán, Movimiento Ciudadano 1 y  el independiente de Nuevo León. Para reformar la Constitución General de la República se requiere del consenso de 333 diputados federales y 96 senadores, así como 17 congresos estatales.

¿Y la segunda vuelta?

 Está en el proyecto de algunos de los partidos políticos. Dependerá de la voluntad e iniciativa de los próximos legisladores. El tema resurge a cada rato por los bajos porcentajes de votación que han obtenido los presidentes electos de 1994 a la fecha, y que por esa debilidad (escasa representación) se han visto obligados a ceder y negociar con otras fuerzas en el Congreso y los estados, frustrando muchas de sus propuestas originales y dando lugar a la “partidocracia”, que ha penetrado incluso en la integración de los órganos autónomos, la Suprema Corte y los organismos electorales, con consecuencias nefastas para la evolución de las instituciones tanto a niveles locales como en el federal.

¿Y la revocación de mandato?

El que la ha mencionado con frecuencia es López Obrador y ha propuesto que sea a través de una consulta popular cada dos años.

La revocación de mandato es cosa seria y si se tiene voluntad política para insertarla en la Constitución, deberá acompañarse de la reglamentación respectiva, que incluya la participación tanto del Congreso de la Unión como de los ciudadanos interesados, de acuerdo a lo que establece el artículo 35 de la Constitución federal, relativo a los derechos del ciudadano.

¿Y la seguridad pública y la violencia política?

 Ninguno de los candidatos dominó el tema, o lo eludieron para no crear demasiadas expectativas, a pesar de que la campaña que termina será recordada por el mayor número de candidatos asesinados (144) con hechos lamentables en 26 Estados y 150 municipios de México. Esto revela que ya existe una tercera fuerza —más allá de los partidos y los ciudadanos— interesada en la postulación de candidatos, para asegurar la protección de intereses muy concretos.

Desde que Rodolfo Torre Cantú, el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas fuera asesinado el 28 de junio del 2010, días antes de la elección, —según la PGR por el cartel del golfo—, no habíamos tenido tantas tensiones en materia político-electoral.

Fue ese asesinato, en el gobierno de Felipe Calderón, donde también y por primera vez en la historia de México, se dio la muerte de dos secretarios de Gobernación en accidentes aéreos.

Temas serios y muy preocupantes para los que nadie al parecer tiene respuestas del corto plazo… y menos soluciones duraderas, por la variedad de intereses implicados en cada uno de los casos en cuestión.

De todos modos, a partir del 1 de julio gane quien gane habrá novedades en México. ¿Para bien o para mal? Eso dependerá en mucho de nuestra participación y de nuestro voto. Y como bien dice René Delgado: “El país no se refunda ni se disuelve el 1 de julio, no se acaba ni inicia”.

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