Quiebra en hospitales de Gobierno, causa muertes

Por Imanol Caneyada/

El neurocirujano Carlos Manuel González Méndez denuncia que la bancarrota en el Hospital General y en el Infantil ha causado lamentables muertes de pacientes que no deberían haber fallecido 

El doctor en neurocirugía y secretario del Sindicato de Empleados de la Salud en Sonora, Carlos Manuel González Méndez, no se anda por las ramas a la hora de señalar que las autoridades de salud en el estado han saqueado el sector, lo han dejado en la quiebra.

En cuanto nos recibe en su consultorio, ubicado en el hospital CIMA, entra de lleno al tema y sin titubeos hace responsable al actual gobierno estatal de la ausencia de insumos, instalaciones que no cumplen con la norma, desabasto de medicinas y personal insuficiente, tanto en el Hospital General como en el Hospital Infantil, ambos a cargo de la Secretaría de Salud Pública de Sonora.

Esto ha provocado, asegura, altos riesgos para el paciente que pueden, incluso, costarle la vida; mientras que los trabajadores de la salud están asumiendo la responsabilidad de hacer lo mejor que pueden con lo que tienen.

¿Quiénes son los responsables?, se pregunta: obviamente, las autoridades.

Hace al menos dos años que el ex empleado del Hospital General mantiene una línea de denuncia contra las autoridades del sector salud, encabezadas por el secretario José Jesús Bernardo Campillo García. Primero fue la lucha por la homologación de sueldos de los trabajadores; el Gobierno federal envió al menos 190 millones de pesos para tal rubro, pero el Gobierno del estado únicamente aplicó 100; el resto del dinero aún no se sabe dónde está, dice el líder sindical.

A pesar de que ya no labora en el sector público, médicos, enfermeras y camilleros agremiados en la organización que dirige, le proporcionan informes de la situación en que se hallan los dos hospitales mencionados.

No se trata sólo del desabasto de medicinas, insiste, es mucho más grave. El Hospital Infantil cada año debe contar con un presupuesto, explica; pero desde el año 2010 no se les ha entregado este presupuesto.

Sobreviven con lo que les envía el Seguro Popular, continúa, y al final, pues no se aplica en lo que se debe. La deuda del Hospital Infantil ronda los 300 millones de pesos; entre el Hospital General y el Infantil suman más de 600 millones de pesos.

Es tan alta la deuda que los proveedores han dejado de entregar insumos para cirugías, insumos básicos y medicamentos a los nosocomios.

La deuda, ilustra el entrevistado, se contrajo del 2010 a la fecha; la anterior administración dejó un adeudo en el Hospital General de 15 millones de pesos; en la actualidad supera los 350 millones.

Es una total bancarrota, dice, en 50 años nunca había estado así el sector salud.

En la actualidad, el Hospital General no tiene un programa de trasplantes, no hay presupuesto para ello.

El actual gobierno empezó a construir siete quirófanos, relata el médico, se quedaron en obra negra. Quedaban cuatro quirófanos, tres están cerrados. Trabajan con un quirófano de corta estancia y uno más que no cumple con lo más elemental de la norma mexicana para el sector.

Y continúa con el recuento del desastre: perdieron la certificación de salud, no hay dinero para pagar vigilancia, no hay equipos para la hemodiálisis, están muriendo pacientes a cusa de ello; cuando los familiares de un paciente fallecido quieren donar sus órganos, no hay cómo hacer la cirugía y el trasplante; las cirugías de corazón se suspendieron, la última fue hace un año.

Los pocos especialistas de áreas específicas que trabajaban por contrato, denuncia inalterable el entrevistado, es decir, que no tenían base, como por ejemplo neurólogos o especialista de colon, pues ya no existen.

En cuanto a las enfermeras, agrega, ha habido una fuga masiva al Seguro Social; del área de cirugía renunciaron diez.

La norma oficial dice que por cada enfermera debe haber cuatro pacientes; hay ocasiones en que las enfermeras del Hospital General atienden de 10 a 15 pacientes.

Hace un mes no podían cambiar la ropa de las camas del hospital porque no había jabón para lavarla.

Todo esto está costando vidas, tanto en el Hospital General como en el Infantil, sentencia.

Para el neurocirujano, la cuestión es muy clara: es obvio que están desviando el dinero; a la Secretaría de la Salud le transfieren del Gobierno federal dos mil millones de pesos anuales, debidamente etiquetados por rubro; ese dinero no se ha aplicado, se desvió, insiste.

Estos dos mil millones de pesos son aparte del Seguro Popular.

Para subrayar su denuncia, el entrevistado comenta que el Seguro Popular, harto de la situación, acaba de mandar hacer una auditoría, porque está enviando decenas de millones de pesos y cuando vienen a inspeccionar en qué se aplicaron, pues se encuentran que en nada.

La palabra es saqueo, dice; está utilizándose el dinero de la salud para otras obras, para otras mañas.

En el 2011, Carlos Manuel González y Sonora Ciudadana hicieron una investigación de la nómina del sector salud: encontraron aviadores, gente de la Contraloría en nómina, etcétera.

Descubrieron cosas como que un mismo empleado tenía cinco o seis números de nómina pero que recibía un solo salario, los restantes se perdían. Son 60 empleados al menos en esta situación.

El secretario del Sindicato clama insistente que estas y otras irregularidades han llevado al sector a una serie de carencias que han provocado lamentables muertes de pacientes que no deberían haber muerto.

No hay duda que se está viviendo la peor crisis de la historia de la salud en Sonora.

La interlocución con el Gobierno es nula, dice el denunciante; la respuesta de las autoridades cuando los médicos denuncian la situación es correrlos, como le sucedió al mismo doctor González el año pasado, quien demandó a la Secretaría de Salud ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Ante esta situación, desde el 2010, el Sindicato ha presentado denuncias por la situación de los aviadores ante la Secretaría de la Contraloría pero no ha habido consecuencias. El sindicato cuenta con una lista de 108 aviadores, a los que el secretario de salud protege, con la complicidad del sindicato blanco encabezado por Mario Villalobos.

Por su parte, José de Jesús Bernardo Campillo, denuncia el médico, en dos años ya compró un penthouse de diez millones de pesos en San Carlos, en Azul Diamante, de contado, un rancho; es escandaloso.

Los médicos que se han atrevido a levantar la voz en los hospitales generales de Obregón, Caborca, Nogales, han sido expulsados, “pero nosotros no nos vamos a callar, seguiremos denunciando”.

Porque no hay duda que se está viviendo la peor crisis de la historia de la salud en Sonora, remata el doctor.