Propone que el INE controle propaganda

La Secretaría de Gobernación no será más la autoridad máxima responsable de distribuir la propaganda gubernamental, porque ahora la tarea pasará a un Comité de Revisión de la Propaganda Institucional que deberá crear el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE), que además de orientar sobre los contenidos a difundir, capacitará a los servidores públicos para su manejo, propuso ayer el PRI.

Desde la tribuna del Senado, la priista Cristina Díaz, también presidenta de la Comisión de Gobernación, explicó que la iniciativa constituye el cumplimiento del presidente Enrique Peña Nieto a su ofrecimiento de regular la publicidad gubernamental, que le pidieron grupos de ciudadanos durante la campaña electoral que le dio la Presidencia de la República.

“En un México donde la democracia se ha perfeccionado, ya no cabe la libertad de prensa condicionada. Deben respetarse las líneas editoriales sin discriminación.

Tampoco puede tolerarse ya la complicidad entre gobiernos o candidatos con los medios para promover su imagen a expensas del erario público (sic)”, destacó Díaz Salazar.

Recordó que se acercan las elecciones de 2015 y “queremos piso parejo. No podemos permitir más la malversación de recursos públicos para publicidad gubernamental.

Debemos acabar con las campañas de elogios en las que no se sabe cuánto se paga, para qué, a quién y por qué. Los partidos tienen la obligación de diseñar campañas electorales exitosas y utilizar los recursos apegados a la ley para tratar de influir en la decisión del electorado”.

La propuesta del PRI incluye la creación del Comité de Revisión de la Propaganda Institucional del INE, integrado por tres consejeros electorales designados por el Consejo General, para un periodo de tres años; con una presidencia rotativa y un secretario técnico designado por el presidente.

Tendrá las facultades de “interpretar en el orden administrativo esta ley; conocer y resolver las quejas que se interpongan por infracciones a esta Ley, así como ordenar las medidas cautelares a que haya lugar; orientar y asesorar a los entes y servidores públicos respecto del contenido y difusión de la propaganda institucional.

“Promover y, en su caso, ejecutar la capacidad de los servicios públicos en materia de propaganda institucional y hacer públicos los criterios que adopte en la aplicación de la ley.”

El PRI propone que ahora Gobernación se limite a administrar el uso de los tiempos del Estado y de los tiempos fiscales.

Dispone también que el gasto que realicen los entes públicos para la difusión de la propaganda institucional deberá respetar los montos, límites y condiciones de ejercicio que establezcan anualmente los presupuestos de egresos respectivos; aunque indica que hará sanciones, no especifica ninguna; deja al arbitrio de los superiores jerárquicos el castigo y a la interpretación de la ley relativa a las reglas de los servidores públicos y, en caso extremo, al castigo que les imponga la Auditoría Superior de la Federación.

El paquete de reformas Presentado por el PRI en el Senado también establece que los institutos electorales estatales mantendrán “personalidad jurídica y patrimonio propios” frente al INE que será el responsable de elegir a los consejeros electorales y contendrá una estructura compleja para hacer frente a su función de hacerse cargo de las elecciones del país.

En esta parte, referente a una posible Ley General Electoral, la propuesta tiene algunas imprecisiones, pues establece que los partidos políticos y el Poder Legislativo de los estados participarán en la integración de los plenos de los Institutos; sin embargo, al describir las reglas, en ningún momento los menciona.

Refrenda que será el Consejo General del INE el que elija a los consejeros electorales estatales, por un periodo de siete años, así como a sus presidentes; lo hará con base en una convocatoria pública y podrán participar “organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y de carácter social, académicas, empresariales, de profesionistas, de apoyo a la comunidad, entre otras, con presencia pública nacional, estatal o regional”.

Los instituto estatales tendrán diez funciones, entre ellas la impresión de documentos y la producción de materiales electorales; escrutinios y cómputos de los procesos electorales; cómputo de la elección del Poder Ejecutivo; resultados preliminares, pero el INE tendrá la facultad de atraer la organización si el Instituto no tiene una actuación imparcial.

Iniciativa

El senador del PRI, Miguel Ángel Chico Herrera, destacó que la ley general electoral y de propaganda que presentaron busca que el financiamiento público y privado en elecciones sea transparente.

 “Queremos que el financiamiento público y privado que tiene los candidatos y los partidos se transparente, que el financiamiento privado aparte de ser fiscalizado sea autorizado por una comisión especial”, dijo el legislador.

 En entrevista para Excélsior Televisión, consideró que en un país como México, donde más de 50 por ciento de la población es pobre, el gasto electoral se ha vuelto “ofensivo”, por lo que la iniciativa prevé reducirlo.

 “Las campañas electorales se han vuelto ofensivas en un país con tanta pobreza y con tantas necesidades, estamos regularizando la propaganda, también el tema de los utilitarios”, reiteró

EXCÉLSIOR