Dejan impune crimen de Enrique Salinas

A 10 años del asesinato de Enrique Salinas de Gortari, la PGR mantiene la investigación en reserva sin que, a la fecha, haya un solo sospechoso acusado del delito de homicidio.

Alfonso Navarrete Prida, primer Procurador del Estado de México en asumir la averiguación, dijo al principio que el resultado de su pesquisa iba a ser «una gran sacudida al escenario nacional», pero el caso se fue diluyendo hasta quedar en la impunidad.

El 5 de diciembre de 2004, el cuerpo del hermano del ex Presidente Carlos Salinas fue hallado en un vehículo en Huixquilucan, entonces gobernado por David Korenfeld.

Según la necropsia, murió de «asfixia por sofocación por obstrucción de las vías respiratorias altas».

Aunque tenía huella de algunos golpes en la cara, las autoridades descartaron que hubiese sido torturado.

A mediados de 2005, Navarrete Prida apuntó sus investigaciones hacia Humberto Castillejos Cervantes, colaborador de Rafael Macedo de la Concha y coordinador de asesores de Eduardo Medina Mora, Procuradores durante el panismo.

«Se ha establecido, en forma indubitable, que el entonces asesor de la PGR en asuntos internacionales (Castillejos) contactó a una persona cercana al entorno del ingeniero Salinas.

«El aparato telefónico del que se realizaron las llamadas estaba registrado a nombre de su padre, Marcos Castillejos», dijo entonces Navarrete.

No ocurrió nada con el joven abogado Castillejos, en aquel entonces cuñado de Cárdenas Palomino.

Desde que ocurrió el homicidio, sólo dos policías pasaron un poco más de un año en la cárcel, pero consiguieron su libertad porque eran ajenos a la supuesta extorsión de la que Enrique fue víctima.

José de Jesús Medellín Simental y Eduardo Paredes Monroy, elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), fueron encarcelados en julio de 2005, pero el 20 de octubre de 2006 salieron absueltos del Reclusorio Norte.

Los dos elementos, que pertenecían a la Dirección General de Despliegue Regional de la AFI, fueron acusados del delito de tentativa de extorsión, aunque nunca hubo un solo dato que probara que tuvieran contacto con Salinas.

Ambos estuvieron encargados de ubicar los inmuebles de Enrique, por pedido de la Interpol Francia, después de que el 23 de abril de 2004 el Juez de Instrucción del Tribunal de Gran Instancia en París ordenara su arresto.

Los otros elementos de la AFI que fueron citados a declarar por la Procuraduría del Edomex y que tenían relación con el caso, pertenecían a la Dirección General de Investigación Policial, que estaba a cargo de Luis Cárdenas Palomino.

Algunos de ellos eran los comandantes Édgar Eusebio Millán Gómez e Igor Alfredo Labastida Calderón. Ninguno de ellos fue imputado penalmente.

En el Municipio de Huixquilucan falló el sistema de monitoreo.

Si bien las cámaras grabaron el momento en que abandonan el cadáver, nadie acudió de inmediato y las tomas del circuito cerrado fueron desviadas en el momento de la inspección del vehículo. Tampoco hay policías en la cárcel por estas graves omisiones.

En algún momento, la Procuraduría del Estado de México también dirigió sus pesquisas hacia Mariano Flores Arciniega, abogado de Enrique Salinas, a quien arraigó y luego consignó por falsedad en declaración y tentativa de extorsión, pero el litigante quedó libre.

El 14 de agosto de 2005, la Procuraduría mexiquense turnó la averiguación previa a la PGR, para que aclarara y, en su caso, sancionara, a los funcionarios federales y agentes de la AFI probablemente implicados en los hechos.

Desde entonces, nadie ha sido responsabilizado y, de hecho, el propio Navarrete dijo que la PGR no le presentó a algunos de los elementos policiacos que estaban bajo investigación.

Fue el caso de Eleazar Rubén Muñoz Valdez, subcomandante de la Coordinación de Cumplimiento de Mandamientos Judiciales de la AFI, quien según el entonces Procurador mexiquense, fue enviado a un curso a Estados Unidos y no acudió a los posteriores citatorios.

Algunos de los principales actores en el caso ahora ocupan importantes carteras. Castillejos, por ejemplo, es hoy el consejero Jurídico del presidente Enrique Peña Nieto; Navarrete Prida es Secretario del Trabajo y Previsión Social y Korenfeld despacha como director de la Comisión Nacional del Agua.

De los agentes de la AFI que pisaron la cárcel y fueron declarados inocentes, Eduardo Paredes hoy aparece como elemento activo de la Policía Federal Ministerial de la PGR, mientras que el comandante Cárdenas Palomino fue contratado para diseñar una estructura de seguridad para las empresas de Ricardo Salinas Pliego.

Hubo otros que tuvieron un final trágico.

El comandante Édgar Millán, ya con el cargo de jefe de la Policía Federal, fue ejecutado el 8 de mayo de 2008 dentro de uno de sus domicilios, mientras que el comandante Igor Labastida también fue asesinado el 26 de junio del mismo año.

A Marcos Castillejos, padre del hoy consejero jurídico, también lo ejecutaron el 9 de julio de 2008, cuando llegaba a su despacho en la Colonia Condesa. Este crimen también fue atraído por la PGR y tampoco fue aclarado.

Una década más tarde, el crimen de Enrique Salinas es un expediente que la PGR mantiene en la reserva, a la espera de alguna nueva información que amerite reanudar las investigaciones.

Un manojo de nervios

Unos días antes de que fuera asesinado, Enrique Salinas de Gortari era un manojo de nervios.

A su hermana Adriana Salinas le dijo que lo que más le preocupaba era la situación de unas cuentas bancarias de su hija en Europa, derivado de la orden de arresto que había girado en su contra el 23 de abril de 2004 el Juez de Instrucción del Tribunal de Gran Instancia en París.

«Pero en lo referente a su estado de ánimo, recuerdo que estaba muy molesto en primer lugar porque Adriana Lagarde lo había demandado y porque decía que con eso había puesto en riesgo a la familia en los tribunales, especialmente a sus hijos.

«Recuerdo que me llamó una o dos veces porque estaba como loco, diciéndome que había salido una publicación en la revista Proceso, y que se le hacía extraño, preguntándose quién podría haber filtrado la información, y lo escuché muy nervioso y frenético, como fuera de sí.

«Le dije que se calmara, que no hiciera caso y que nos veíamos al día siguiente, me dijo voy a tratar de arreglar esto, voy a ver qué quieren, él habló de unos papeles de Suiza, algo que tenía que ver con cuentas de sus hijas y eso lo tenia muy nervioso», relató Adriana Salinas cuando en 2005 rindió su testimonio en las indagatorias TOL/DR/I/821/2005 y AM/HUIX/1/1156/04.

A su hija María Carolina Salinas Lagarde, Enrique le dijo que el 4 de diciembre de 2004 tenía una cita con «ellos», los policías de la Agencia Federal de Investigación que le seguían los pasos. Pero Enrique no fue. Le llamaron y pactó un encuentro al día siguiente.

A su pareja sentimental Hilda Déneken también le comentó algo similar.

«Me dijo ‘tengo que ir a las nueve y qué flojera tengo’, y ya no fue y el día domingo me dijo ‘despiértame al cuarto para la una, voy a ir a ver qué quieren’ y después de esto, como ya lo dije, Enrique me comentó ‘espero no sea un cuatro para arreglarme con Adriana Lagarde», relató Déneken al Ministerio Público.

Enrique Salinas también estaba inquieto porque los agentes de la AFI habían obtenido su ID de Nextel y le hablaron para darle instrucciones previo a su encuentro: debía ir a una casa de La Herradura, vestido de azul, en una carro que no fuera de su propiedad y completamente solo.

«Le pregunté si sabía quiénes eran o quién era la persona que le estaba llamando y sólo me contestó que no había problema, que eran los mismos que habían investigado a su hermano Raúl, por lo que le dije que no importaba quienes eran realmente, sino que él no tenia porque acudir a una cita en esas condiciones, y acordamos que no iría», declaró su abogado Mariano Flores Arciniega.

El hermano del ex Presidente fue a ese encuentro y perdió la vida.

Cuando acudió a declarar, su ex esposa Adriana Lagarde aseguró desconocer las historias de amenazas y probables extorsiones que conocían todos los que formaban parte del círculo cercano a Enrique.

«No me consta si Enrique haya sido objeto de alguna amenaza, ya que sólo me decía que estaba presionado y que tenía problemas financieros», dijo.

REFORMA