Las candidaturas independientes o el arte de simular la democracia

Por Imanol Caneyada/

A la inequidad y a las desventajas en las que contienden los candidatos independientes propiciadas por la propia ley, hay que sumarle la vieja práctica del clientelismo electoral

Hace poco más de veinte años, con la creación del Instituto Federal Electoral, en México se iniciaba una andadura en busca de una democracia real y ciudadana. La llamada por Mario Vargas Llosa dictadura perfecta priista comenzó a sufrir una serie de embates de los partidos de oposición (apoyados por la ciudadanía) que cristalizaron en una legislación electoral que permitió, ante la ilusión y el asombro de los ciudadanos mexicanos, que el Revolucionario Institucional dejara Los Pinos en el año 2000 y por primera vez en la historia moderna del país otro partido (el PAN) gobernara.

Sin embargo, paulatinamente, en lugar de transitar hacia una democracia representativa y con base en la sociedad civil, el sistema pasó de la dictadura perfecta a la partidocracia.

Tanto los tres partidos políticos más populares en el país (PAN, PRI y PRD) como aquellos a los que se conoce como la chiquillada, desde el Congreso de la Unión y los congresos estatales, empezaron a diseñar un sistema que dejó una vez más a la sociedad civil fuera de la jugada, traicionándola, para convertirse en los nuevos ostentadores del poder político.

Lo anterior se refleja en la creencia popular de que lo único que ha cambiado es que ahora son más los que se reparten el pastel.

En la reforma electoral de 2012, después de arduas discusiones, se dio entrada a la figura del candidato independiente, es decir, aquel que no es postulado por ninguna agrupación política. A diferencia del candidato ciudadano, que sí es postulado por un partido aunque no pertenezca a él.

La noticia fue recibida con entusiasmo, con esperanza, con algarabía incluso, pero la propia legislación y el sistema conocido como clientelismo electoral hacen prácticamente imposible que un candidato independiente llegue a ganar una elección.

Una vez más, al igual que con temas como la transparencia, el castigo a la corrupción o la impartición de justicia, los partidos, vía sus diputados y senadores, han logrado preservar los privilegios y asegurarse la permanencia en el poder.

El vía crucis de los candidatos independientes

Hace unos pocos días, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín Rosas y Valles, criticó duramente la inequidad en la que contendían los candidatos independientes, a causa de una legislación que les deja menos tiempo en los medios de comunicación y menos recursos para sus campañas.

Por ejemplo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales estable que un candidato ciudadano debe reunir firmas de apoyo en la cantidad equivalente al 1% del padrón electoral (3% según la legislación sonorense y 2% si aspira a una diputación), mientras que un nuevo partido político, para contender en una elección, sólo requiere del 0.26% del mismo.

Un candidato independiente, dependiendo del cargo al que aspire y el estado, tiene de 2 a 4 meses para obtener estas firmas, una nueva formación política posee hasta un año para ello.

Además, en caso de sufrir algún tipo de agravio durante el registro, están imposibilitados para acudir a los tribunales electorales.

Los candidatos independientes no cuentan con acceso a tiempo de radio y televisión durante las precampañas, mientras que los precandidatos partidistas sí.

El financiamiento al que tienen acceso es menor que el de los candidatos postulados por un partido y, no obstante, la fiscalización de sus recursos es mucho más rigurosa.

Aunque sí poseen representantes en los consejos de los organismos electorales, éstos no tienen voz ni voto, a diferencia de los representantes de los partidos políticos, los cuales, como en el caso del Instituto Electoral del Estado de Sonora, han arrinconado a los consejeros ciudadanos, incluida a su presidenta.

Clientelismo electoral y compra de voto

A la inequidad y a las desventajas en las que contienden los candidatos independientes, hay que sumarle las prácticas ilegales pero tácitamente aceptadas de los partidos políticos para asegurarse el triunfo en las elecciones.

En un país con un porcentaje tan alto de miseria y con una evidente falta de cultura política, el candidato que gana una elección es el que desarrolla con mayor efectividad eso que se conoce como clientelismo electoral.

En el capítulo “Clientelismo electoral y compra de voto en México”, del libro Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral Mexicano, escrito por Luis Carlos Ugalde y Gustavo Rivera Loret de Mola, los autores explican de manera muy clara cómo funciona este sistema.

La definición que hacen es la siguiente:

“El clientelismo electoral es el reparto de favores, bienes materiales, servicios o dinero a cambio de votos y/o apoyo político. La coacción del voto ocurre cuando el intercambio entre votantes y candidatos se realiza a través de amenazas, chantajes, fuerza o violencia. La compra del voto ocurre cuando este intercambio es voluntario. Por lo tanto, la coacción y compra del voto son dos tipos de clientelismo electoral, que por definición ocurren durante campañas electorales y con frecuencia implican la utilización de recursos públicos con fines privados”.

A grandes rasgos, los autores de este estudio nos dicen cómo los gobiernos (sean presidenciales, gubernamentales o municipales), a través de líderes de colonia, barrio o ejido, negocian prebendas, favores y beneficios a cambio de votos.

Llegado el día de las elecciones, los operadores del voto de los diferentes partidos, se aseguran de que estos grupos acudan a votar y lo hagan por el partido que les ha favorecido. En las pasadas elecciones fue conocido el hecho de que los involucrados debían mostrar una foto sacada con el celular de la boleta electoral.

Los candidatos independientes, por supuesto, no tienen acceso a este tipo de compra de voto y mucho menos a la movilización de cantidades ingentes de votantes.

Por si esto fuera poco, está el asunto de la defensa legal del voto, el cual se da en las casillas mediante los representantes de los partidos, los cuales tienen la instrucción, en caso de que la votación sea cerrada en una casilla, de impugnar en caliente la elección, con el objeto de que esa urna sea abierta en los centros de conteo y se anule de ser posible en los diferentes consejos electorales o en los tribunales.

Es prácticamente imposible que un candidato independiente pueda contar con una infraestructura de este alcance, por lo que, en el remoto caso de que superara todos los obstáculos de la ley y las viejas prácticas clientelares, es muy probable que perdiera la elección en los tribunales.

Es por ello que en este 2015, los candidatos independientes más visibles, tanto en Nuevo León como en Sonora y otras entidades de la República, son políticos profesionales cuyo partido les impidió llegar a la candidatura, y eso también desvirtúa el espíritu de esta figura electoral que, una vez más, únicamente sirve para simular una democracia que de momento parece muy lejana.