En Sonora la justicia laboral sin ‘mochada’ no avanza; corrupción, dilación y caos en JCA

Por Imanol Caneyada/

Este 1 de mayo, sindicatos, empresarios y autoridades celebran al trabajador con desfiles y discursos; no obstante, según una denuncia de un grupo de litigantes, la situación en la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado es insostenible

El primero de mayo de 1886, los obreros de Chicago iniciaron una huelga con la que pretendían reivindicar el derecho a una jornada laboral de ocho horas. La naciente Revolución Industrial imponía a los trabajadores extenuantes jornadas de doce, catorce y hasta dieciséis horas de trabajo. Tres días después, el 4 de mayo, los sindicalistas eran masacrados por la policía arrojando un número de muertos y heridos hasta la fecha desconocido.

Un siglo más tarde, en muchas naciones (en Estados Unidos no), cada 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo conmemorando a los mártires de la que era en ese momento la ciudad más industrializada de la Unión Americana.

Un siglo más tarde, en casi todos esos países, incluido México, las reformas a las leyes que garantizaban los derechos de los trabajadores nos han devuelto al principio. Durante décadas, sindicatos y organizaciones gremiales han luchado por que el trabajador sea reconocido como parte fundamental de los procesos de producción y, en consecuencia, reciba los beneficios que el capitalismo del siglo XIX les negaba.

En los albores del siglo XXI, el neoliberalismo, vía organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cada vez con más fuerza han impuesto condiciones para que las leyes que favorecían a los trabajadores se modifiquen a beneficio del gran capital.

La reforma laboral aprobada en México en 2012, con la absoluta complicidad de los sindicatos, confirmó la tendencia mundial de que el Estado de bienestar, el cual principalmente protegía a la clase trabajadora, estaba en vías de extinción.

A tres años, los cambios en la Ley Federal del Trabajo, aunados a la corrupción y el caos generalizado que existe en los tribunales laborales del país, han dejado a los trabajadores y a los pequeños empresarios en la absoluta indefensión.

La justicia laboral al mejor postor

Si un trabajador es expulsado de su empleo sin causa aparente, si sus garantías son violadas por el patrón, si sus pagos a la seguridad social, crédito habitacional y jubilación no se hacen correctamente, si le descuentan de su salario cuotas injustificadas, debe acudir en la generalidad de los casos al Tribunal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Si un empresario es chantajeado por un grupo de trabajadores; si desea despedir a un empleado que no cumple con sus responsabilidades, si tiene que demostrar a causa de una demanda que sí cumple con la ley, el camino es el Tribunal del la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

El estado generalizado de estas instancias de justicia en Sonora es de caos, lentitud y corrupción, según han denunciado en reiteradas ocasiones abogados laborales y sus representados.

En el caso específico de Hermosillo, varios funcionarios de la Junta han convertido el órgano arbitral de las relaciones laborales en un feudo en el que cometen atropellos y violan la ley a cambio de beneficios personales.

Así lo señalan varios abogados consultados al respecto, que han solicitado omitir su nombre por temor a las represalias que sus representados podrían sufrir en consecuencia.

Los litigantes afectados por las prácticas corruptas al seno de la Junta señalan como máximo responsable al presidente de la misma: Juventino César Jiménez López.

Jiménez López, en 2008, tuvo que dejar la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje bajo acusaciones de corrupción en un caso relacionado con los ferrocarrileros de Empalme. En su momento, Magda Liliana González Arce, hija de un ex líder ferrocarrilero, lo acusó de desviar los recursos destinados a los trabajadores jubilados del ferrocarril para beneficio propio.

Magda González denunció a los medios de comunicación, con documentos probatorios, que el entonces presidente de la Junta Federal había adquirido los siguientes bienes: el 20 de marzo de 2003 adquirió una residencia en el Fraccionamiento Bretaña cuyo valor catastral era de dos millones de pesos. En septiembre de 2005 compró otra residencia en el Fraccionamiento Residencial Bretaña cuyo valor catastral era de medio millón de pesos. En 2004 compró un auto BMW.

Los presidentes de las juntas federales tienen una categoría salarial HB1, es decir, una percepción neta de alrededor de 130 mil pesos al mes.

El desvío de los recursos, siempre según la versión de la denunciante en 2008, equivalía a unos tres mil millones de pesos y pudo lograrse gracias a la complicidad de los abogados laborales que representaban a los trabajadores ferrocarrileros.

A pesar de estos antecedentes, el 21 de mayo de 2012, el titular de la recién creada Secretaría del Trabajo en Sonora, Gildardo Monge Escárcega, tomaba protesta a Juventino César Jiménez como el nuevo presidente del Tribunal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en Hermosillo.

Los litigantes (salvo aquellos que trabajan en contubernio con el funcionario) han señalado desde entonces y lo siguen haciendo que ese tribunal laboral opera bajo las premisas de la corrupción, la parcialidad, el caos y la dilación jurídica.

Por ejemplo, para impulsar trámites o para autorizar alguna diligencia deben repartirse una serie de dádivas. Los beneficiados de estos sobornos son los actuarios, principalmente su coordinador, el secretario general Jesús Emerick Vásquez Campa, involucrado en un caso de violencia de género hace cinco años, cuando agredió a una mujer en un hotel cercano a la Central de Camiones.

Pero quien más se beneficia de su puesto es el propio presidente de la Junta, cuyos ingresos paralelos al salario que recibe como funcionario llegan de la siguiente manera:

Pago por proteger a determinadas empresas, sobre todo trasnacionales, ayudándolos en el retraso de trámites, en la emisión de laudos favorables e, incluso, en la pérdida de expedientes.

Los beneficios que obtiene engañando al trabajador, quien sólo recibe una parte de la cantidad que le corresponde por ley; ya que los cheques que expide quien pierde el juicio salen a nombre del presidente de la Junta, sin que exista transparencia en su canje y en la entrega del monto correcto al trabajador.

Cuando el abogado de la parte actora, ya ganado el juicio, pide se autorice la ejecución forzosa de la condena porque el patrón no pagó voluntariamente ésta, el presidente de la Junta solicita un porcentaje de lo que se vaya a obtener, a cambio de autorizar en un acuerdo y permitir que el actuario haga esa diligencia.

También obtiene beneficios en los asuntos colectivos, sobre todo en los emplazamientos a huelga por parte de líderes en contra de empresas que se ven literalmente extorsionadas por aquéllos para que firmen un contrato de los llamados de protección.

Tortuguismo en la justicia laboral

Otro de los aspectos que subrayan los abogados consultados sobre el funcionamiento de los tribunales laborales, es el de la dilación, problema que, supuestamente, las reformas a la Ley Federal del Trabajo iban a solventar.

Son comunes los retrasos de uno o dos meses para radicar una demanda, es decir, para registrarla, admitirla y señalar fecha para la primera audiencia, cosa que antes se hacía a más tardar en tres días.

Ello daña los intereses del trabajador que está desempleado, del patrón porque se disparan las prestaciones que deberá pagar y provoca un cuello de botella en el cúmulo de expediente sin resolver, lo cual se acrecenta porque no hay un trabajo conciliatorio profesional que abata el rezago.

Este rezago ha provocado que en el actual sexenio se creara una junta especial y una oficina que supuestamente aceleraría los procesos, pero no ha sido suficiente.

También se presentan constantemente retrasos de dos y tres meses en el señalamiento de la primera audiencia, cuya fecha debe ser dentro de los 10 días posteriores a la presentación de la demanda.

A lo anterior hay que añadir las dilaciones para admitir pruebas y señalar fechas para su desahogo y en la emisión de la sentencia del juicio.

En este sexenio hubo un considerable aumento del personal en la Junta, sin embargo, ello no se ha reflejado en la agilización de la impartición de justicia laboral.

Los funcionarios que sí quieren realizar bien su trabajo, se enfrentan a la falta de recursos materiales y a un desorden generalizado que ha provocado la pérdida de expedientes.

En mayor o menor medida, las prácticas corruptas y las irregularidades denunciadas por los litigantes se reproducen en los tribunales laborales del resto de Sonora.

Los sindicatos, los abogados, los empresarios y las autoridades conocen de esta situación, la padecen y la prohíjan, sin embrago, prefieren celebrar desfiles.