Denuncian acoso y encubrimiento en Policía Estatal

Por Gerardo Moreno/

El representante legal de la Asociación Nacional de Seguridad Pública, Miguel Castañeda Rosas, realizó una denuncia formal en contra de autoridades de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) quienes no han aplicado una suspensión provisional en contra de los directores de operaciones de Hermosillo y Sonoyta; quienes desde abril tienen una averiguación previa abierta por abuso de autoridad, allanamiento, privación ilegal de la libertad, amenazas, acoso y lo que resulte.

Aclaró que según la Ley Estatal de Seguridad Pública, en su artículo número 73 dice: “La suspensión de carácter preventivo procederá contra el elemento que se encuentre sujeto a investigación administrativa o averiguación previa, por actos u omisiones de los que puedan derivarse presuntas responsabilidades (…)”.

Precisó que saben de la averiguación previa porque ellos mismos la promovieron y tienen los documentos necesarios para probar que se está llevando a cabo, sin embargo, señaló que hay una omisión de parte del director de la PESP, Alonso Ulises Méndez-Manuell Gómez, quien no ha inhabilitado a los elementos y al contrario los mantiene activos o les da otros puestos.

Antecedentes

El abogado Castañeda Rosas relató que el 13 de abril del 2015, la Comisión de Honor, Justicia y Promoción de la PESP inició un procedimiento administrativo (bajo el expediente AI-04/2015) y emitió una suspensión preventiva en menos de dos días en contra del oficial Hemberli David López Barcelo y otra agente de la corporación.

Lo anterior, por “supuestamente” ser estos agentes quienes mandaron colgar una manta en contra de los encargados de base operativa en la capital: los comandantes Alejandro Coronado Miranda y Luis Enrique Guzmán Solís (ambos en ese momento, jefes de operaciones de la PESP en Hermosillo). Para esto, platicó que la policía estatal solo se basó en la denuncia realizada por un detenido en las puertas de la Universidad de Sonora por la Policía Municipal de Hermosillo.

Explicó que el detenido llevaba dentro de su mochila una manta similar a otra aparecida en un boulevard transitado de la ciudad unos días antes; quien luego de ser detenido ilegalmente, ya que el traer la manta en la mochila no es delito, fue trasladado a las oficinas de la corporación estatal (los municipales lo entregaron a agentes de la PESP) donde presuntamente señaló a los dos agentes.

Sin mayores pruebas, amenazaron a los dos agentes y los hostigaron. Por ejemplo, explicó que a la oficial la tuvieron tres días en el área de castigo de la misma corporación, también a los familiares de Hemberli David los sacaron de sus casas y los llevaron a declarar. Indicó que en dos días armaron el expediente y los suspendieron, sin goce de sueldo, negándoles los derechos audiencia y protección.

“A los oficiales los marcaron en las filas de la corporación, los acusaron de estar coludidos con el crimen organizado e incluso mandaron una carta al Consulado Americano para que les cancelen la visas a ellos y a sus familias”; indicó.

De ahí, dijo que la Asociación se hizo cargo de su defensa legal y a finales de junio consiguieron un amparo ante la Justicia Federal. Ante esto, la Comisión de Honor y Justicia de la PESP dictaminó (el siete de julio) reinstalarlos en su cargo, que se le restituyan todos sus derechos, salarios caídos y dio por concluido el caso.

“Se determinó que no se continúe con dicha causa y se ordena archivar como definitiva y totalmente concluido el expediente. Por no contar con medios de prueba suficientes para sujetar a procedimiento administrativo”; señaló.

Protegen a comandantes

El licenciado Miguel Castañeda explicó que el 22 de abril se interpuso denuncia formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (bajo el expediente CSDH/V/22/01/0406/2015), también una denuncia formal por abuso de autoridad, allanamiento, amenazas y/o lo que resulte ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público del sector I de Hermosillo, donde se abrió la averiguación previa 807/2015. De la misma forma ante la Contraloría del Estado de Sonora.

Señaló que por esta averiguación previa los dos comandantes debieron ser inhabilitados de forma preventiva, según el artículo 173 de la Ley Estatal de Seguridad Pública. Pero dijo que estos comandantes continúan en servicio activo; incluso han realizado tres apercibimientos por escrito al director general de la PESP, Alonso Ulises Méndez-Manuel, para que cumpla con la Ley e inhabilite sin goce de sueldo a estos dos comandantes, pero “no han hecho caso”.

Miguel Castañeda comentó que ya han solicitado audiencia con el comandante Alonso Ulises, pero no han tenido respuesta positiva.

Aclaró que la única contestación la realizó el licenciado Miguel Ángel Villegas Pérez, quien firma como secretario de acuerdos de la Comisión de Honor y Justicia de la PESP, donde les informó que “ya tenían conocimiento desde el 22 de abril de la averiguación previa”, pero al momento no hay suspensión.

El problema, reitera Castañeda, es que el comandante Luis Enrique Guzmán Solís sigue siendo jefe operativo de la PESP en Hermosillo y sigue el acoso a los oficiales: los tratan de narcotraficantes, son relegados a puestos de vigilancia sin equipamiento, les niegan los préstamos de nómina y hasta les adeudan los sueldos de los tres meses que estuvieron fuera del servicio.

Además, indicó Miguel Castañeda, que el comandante Coronado Miranda, fue trasladad como jefe operativo a la base de Sonoyta, como “premio” por su averiguación previa.

Por esto, el licenciado Castañeda solicitó que se actué conforme a derecho y cuestiona: “si en un caso actuaron en dos días para suspender a los oficiales solo por un proceso administrativo, porqué a los comandantes que tienen una averiguación previa no los han suspendido después de tres meses”.