De “mátalos en caliente” a mátalos en el poder: Notas sobre la violencia política

Por Bulmaro Pacheco/

¿Conspiración o diferencias de grupo?, ¿Luchas por el Poder? El tiempo poco a poco ha dejado caer algunos indicios

México se cimbró en febrero de 1913 con los asesinatos del presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Fueron ultimados por esbirros Huertistas en las afueras del viejo penal de Lecumberri en la Ciudad de México. La versión oficial del crimen hablaba de un enfrentamiento entre quienes trasladaban a los prisioneros con los partidarios del presidente. Esa versión nadie la creyó y nunca se sostuvo. Por el contrario, los asesinatos exacerbaron los ánimos, y los revolucionarios solo tardaron 18 meses en sacar del poder al verdadero operador del crimen político: Victoriano Huerta, que no tardó en salir de México y murió dos años después (1916) en El Paso, Texas en plena conspiración.

Emiliano Zapata muere asesinado en 1919 por las fuerzas de Jesús Guajardo en la Hacienda de Chinameca, en el estado de Morelos.

Zapata fue engañado burdamente. Iba a una comida con Guajardo para supuestamente “pactar” la unión de ese soldado carrancista —de las fuerzas de Pablo González— a las fuerzas del dirigente revolucionario. Entrando en la hacienda junto con su escolta, fue recibido a tiros. Zapata cayó en la trampa.

Venustiano Carranza fue asesinado en 1920 en el poblado de Tlaxcalantongo, Puebla, por las fuerza comandadas por Humberto Herrero. Carranza se distanció del llamado grupo Sonora porque quiso imponer a su sucesor en la presidencia (Ignacio Bonillas), y eso le costó la vida. En su huida de la Ciudad de México a Veracruz, fue ultimado en esa ranchería del estado de Puebla. En todos esos crímenes, primero se lamentaban, después se prometía investigar, y al final nada.

El 20 de julio de 1923, Francisco Villa fue asesinado en Parral, Chihuahua, al regreso de un bautismo con destino a la Hacienda de Canutillo. Villa había declarado semanas antes que su gallo para la presidencia de México era Adolfo De la Huerta… y que no quería nada con Plutarco Elías Calles.

Con la rebelión del secretario de Hacienda del presidente Álvaro Obregón, Adolfo De la Huerta, entre 1923 y 1924 fueron asesinados revolucionarios distinguidos: Manuel M. Diéguez, Rafael Buelna, Fortunato Maycotte, Fructuoso Méndez (padre de Matías Méndez), Enrique Estrada, Manuel Chao, Felipe Carrillo Puerto, Fermín Carpio y Salvador Alvarado, entre otros.

De la Huerta quería ser presidente después de probar el Poder durante seis meses, pero Obregón ya tenía candidato en la persona de Plutarco Elías Calles. El ejército se dividió, el método sucesorio entró en crisis y De la Huerta terminó en el exilio en Los Ángeles, California.

En 1927 los declarados aspirantes a la silla presidencial Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano retaron a Obregón y Calles y fueron asesinados acusados de conspirar contra el gobierno federal.

En julio de 1928, Álvaro Obregón fue asesinado a tres semanas de haber sido electo presidente de la República por segunda ocasión. La Constitución se reformó en 1927 para permitir la reelección.

Es decir, en México fueron asesinados tres presidentes de la República en 16 años. También en el mismo lapso, personajes de indiscutible peso político. La historia poco a poco ha revelado motivos y culpables.

En 1994 el sistema político se vuelve a cimbrar con dos asesinatos: Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial en marzo y José Francisco Ruiz Massieu, diputado federal y secretario General del PRI en septiembre. Teorías diversas, culpas repartidas y versiones por doquier se armaron en un México que desde 1928 no conocía asesinatos políticos de ese nivel. ¿Qué había pasado?, ¿Se descompuso el sistema?, ¿Se agotaron los acuerdos para la solución de problemas?, ¿Se acabaron los pactos políticos?

Las dudas no tardaron en surgir, los dilemas no resueltos también: ¿Quién mató a Colosio? ¿Aburto que purga sentencia en Almoloya? ¿Quién mató a Ruiz Massieu además de Daniel Aguilar Treviño?

Los que planearon el asesinato de Ruiz Massieu tuvieron el cuidado de desaparecer al personaje clave en el caso: Al diputado federal Manuel Muñoz Rocha, del que nunca jamás se ha sabido nada.

¿Conspiración o diferencias de grupo?, ¿Luchas por el Poder? El tiempo poco a poco ha dejado caer algunos indicios.

El ex dirigente nacional del PRI Carlos Madrazo Becerra murió en un accidente de aviación en 1969. Sobre la muerte del ex gobernador de Tabasco se tejieron muchas historias, empezando por las de las “fallas técnicas”. Muchos años después, Cuauhtémoc Cárdenas en su libro Sobre mis pasos relataría (p.96) una conversación entre su padre y el ex secretario de Defensa Nacional Marcelino García Barragán, donde él le relató que fue sabotaje (Gutiérrez Oropeza) lo que causó el accidente de Mexicana de Aviación donde murió quien poco antes había entregado la dirigencia nacional del PRI. Por esas revelaciones —y en esta materia— la historia va poniendo las cosas en su lugar.

A Madero y Pino Suárez los mandó matar Victoriano Huerta, en su ambición de Poder. A Carranza también lo asesinaron para sacarlo del Poder. A Zapata y a Villa por temor a sus acciones políticas y de armas, y a Serrano y Gómez para quitarlos del camino de la reelección presidencial de Obregón.

En el caso de Álvaro Obregón, el móvil principal del crimen fue su reelección como presidente y la parte de culpa que le cargaron por los problemas del enfrentamiento del Gobierno con la Iglesia católica. El asesino material José de León Toral fue aprehendido, y después fusilado. Nadie acepta que solo Toral haya participado… hubo más.

Los casos de Obregón, Colosio y Ruiz Massieu marcaron a México y cambiaron el rumbo de la política nacional.

Las muertes políticas siguieron: Gustavo Vásquez Montes, gobernador de Colima, murió en un avionazo en 2005 sin que el hecho se haya aclarado del todo. Su sucesor en el cargo, Silverio Cavazos Cevallos, fue asesinado a plena luz del día en 2010. El anterior gobernador, Fernando Moreno Peña, sufrió un atentado a tiros y la libró. En ninguno de estos casos ha habido conclusiones definitivas.

En los doce años de la alternancia son recordados los casos de Ramón Martín Huerta, ex gobernador sustituto de Guanajuato, subsecretario de Gobernación y secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Fox, murió en accidente de helicóptero (2006) cuando salía de la Ciudad de México. Juan Camilo Mouriño y Roberto Blake Mora, secretarios de Gobernación en el sexenio del presidente Felipe Calderón, murieron uno en accidente aéreo (2008) en la Ciudad de México, y el otro en accidente de helicóptero (2010) en ruta hacia el estado de Morelos.

Ese mismo 2010 cimbró al país la muerte de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, a una semana de la elección. Fue asesinado por un comando en la carretera rumbo al aeropuerto. Sus allegados denuncian que a pesar de los años que han transcurrido, varios procuradores han desfilado prometiendo resultados en la investigación y hasta ahora… nada.

Muchas versiones, muchos datos, mucho debate, pero las dudas quedaron. No cabe duda que en México la historia ha sido siempre una verdadera caja de sorpresas. Somos un país acostumbrado cada tantos años a sortear fenómenos inéditos. Las muertes políticas no han sido la excepción. Por eso no podemos ni debemos acostumbrarnos a ver los asesinatos de presidentes municipales como algo de rutina.

Los asesinatos de presidentes municipales observan algunas aristas preocupantes: La disputa interna por el poder ante la infiltración de la delincuencia, que busca apropiarse del nivel de autoridad más cercano a la gente, pero el que históricamente ha sido el más débil de todos, no sólo políticamente, también en lo económico y en materia de seguridad.

A la delincuencia le interesa el control y dominio de los territorios, y los ayuntamientos representan la instancia de poder ideal para lograrlo.

Ayer fue el presidente municipal del PVEM, Domingo López, de San Juan Chamula, Chiapas, que confiado salió de sus oficinas en el palacio municipal a la plaza pública para atender una manifestación. Fue asesinado en público y a horas de la mañana por encapuchados.

Después Ambrosio Soto Duarte de Guerrero (Pungarabato), que días antes había sufrido amenazas y presiones de parte del hampa —que incluso las había denunciado públicamente—. Una mafia que primero le había solicitado cargos municipales para sus recomendados, y después dinero en efectivo por concepto de protección. Había entrado al cargo apenas en Octubre.

A principios del 2016 en el estado de Morelos, Gisela Mota —alcaldesa perredista de Temixco— fue asesinada en su propia casa y en presencia de familiares un día después de haber tomado posesión del cargo. El crimen se le adjudicó también al hampa organizada asentada en ese corredor regional que va de Morelos a Guerrero y al Estado de Puebla.

¿Qué decir del ex alcalde perredista de Iguala José Luis Abarca, aprehendido por estar vinculado a la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa?

Las muertes políticas, por lo que se ve, ahora tienen otros ingredientes. Son el resultado de una mezcla de política con delincuencia. Su análisis implica un replanteamiento de fondo: lo político vinculado con la seguridad.

Antes fueron presidentes de la República, después gobernadores y ahora presidentes municipales. Antes, la lucha por el Poder y las influencias. Ahora, también por el Poder, el dinero y las influencias pero con un agregado importante: el control de los territorios. Y ahí los municipios, estén donde estén juegan un papel estratégico e importante para la delincuencia.

Con la violencia política actual, El esquema de gobernabilidad en México experimenta una severa crisis. Tanto los gobiernos de todos los niveles, como los partidos políticos deberán tomar nota, actuar en consecuencia y dejarse de simulaciones. Todos tienen su parte de culpa en el clima violento actual. Por conseguir dinero fácil y hacer negocios con la política, hacen compromisos a la ligera. Esos acuerdos van desde la postulación de candidatos vinculados con el hampa, hasta la cesión de estructuras de gobierno y el pago de protección por temor. Las debilitadas autoridades municipales se convierten en rehenes, y ya en el poder, les cobran las facturas. Antes, la violencia política revelaba la lucha descarnada por el poder y sus derivados. Había controles férreos y al estado Mexicano le funcionaba la política de mano dura. Ahora no. Ahora son los territorios los que están en juego, y ese es el inédito, novedoso y principal gran desafío político del Estado mexicano. Como dijo Carlos Fuentes: ¿Quién sigue?

bulmarop@gmail.com