Informe de Auditorías a Sonora: 1,500 demandas y desvío de 12 mil millones de pesos

Por Gerardo Moreno/

Tras la administración heredada por Guillermo Padrés, el Gobierno de Sonora sigue arrastrando desorden en Cuentas Públicas; el presidente de la Comisión de vigilancia del ISAF adelanta un panorama de las últimas revisiones

Luego de la cascada de observaciones que durante los últimos años el ISAF arrojó sobre las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado y 72 Ayuntamientos, el resultado es: más de mil 500 acciones jurídicas promovidas para reparar un daño patrimonial que asciende a más de 12 mil millones de pesos, generado del 2009 a la fecha (sin contar el 2015).

Por ejemplo, de los trabajos de auditoría y fiscalización que se aplicaron al gobierno estatal y los municipios, entre el 2009 y el 2013, el ISAF ya presentó un total de mil 373 acciones jurídicas en contra de funcionarios que malversaron recursos públicos, y han promovido sanciones administrativas, resarcitorias y hasta denuncias penales.

En entrevista exclusiva para Primera Plana, el diputado Fermín Trujillo Fuentes presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF, explicó que por ley el ISAF puede realizar tres tipos de acciones jurídicas, dependiendo de la falla cometida por alguno de los 225 entes obligados y que no pudo aclarar:

La Administrativa, es cuando se solicita a la Contraloría Estatal que proceda contra un funcionario que no pudo comprobar una falla y que requieren que sanción, que puede llegar a la inhabilitación; Resarcitorio, cuando se pide a la Hacienda Estatal que realice los cobros pertinentes para que se recupere el daño patrimonial causado por malas prácticas administrativas; Penal, cuando se presenta denuncia formalmente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que actúe penalmente contra un servidor público, porque la irregularidad fue muy grande.

En ese sentido, de las más de mil 300 acciones jurídicas que el ISAF promovió (hasta el 29 de julio del 2016): 67 son acciones penales contra funcionarios del Gobierno del Estado, 28 denuncias penales contra los municipios, 250 acciones resarcitorias para el Ejecutivo, 823 para los municipios, y 205 acciones administrativas contra diferentes entes obligados.

“Es el acumulado del 2009 a la fecha, donde el ente no acude aclararla y se van acumulando unos quedan como procedimientos penales, otros como resarcitorios y otros como administrativos… esta información es pública, cualquiera puede corroborar los datos en la página del ISAF para que vean que no es un intento de golpeteo político, sino un ejercicio de abonarle al esfuerzo para la rendición de cuentas y la transparencia que realiza el ISAF”, aclaró.

Como el ISAF y el Congreso del Estado no son entidades que castiguen, las irregularidades que se detecten en las cuentas públicas y no sean aclaradas, el Instituto debe entregar el expediente bien armado a la instancia encargada para que proceda jurídicamente, aplique sanciones, repare el daño y/o, proceda penalmente.

Fermín Trujillo aclaró que cuando el ISAF detecta una observación inmediatamente se las hace saber al organismo encargado y se le dice exactamente dónde está la falla y por qué, el personal encargado puede acceder a la página del Instituto (cada uno tiene una clave especial para hacerlo) y conozca a detalle la irregularidad señalada y el proceso pertinente para solventarla.

Quien no ha podido aclarar algún punto, comentó, es porque simplemente no quiso o no pudo, principalmente porque se trata de alguna irregularidad muy grave y es ahí cuando deben proceder las acciones legales del ISAF, para que el acto sea castigado, se repare el daño y se pague con cárcel.

“Todos los casos que te estoy manejando están procesados, ya está en el área correspondiente, porque el ISAF no es ejecutor de ningún tipo de penalidad, es un fiscalizador que da elementos de su investigación para que las áreas competenciales del gobierno y los poderes ejerzan la otra parte del castigo”, indicó.

Resaltó que todos estos procedimientos siguen abiertos e incluso algunos ya han tenido resultados favorables, por ejemplo, en las 50 inhabilitaciones que ha realizado la Contraloría Estatal muchas estuvieron basadas en la información que el ISAF entregó.

Exfuncionarios denunciados aún no la libran

De todas las acciones jurídicas que el ISAF ha promovido hay tres denuncias penales que tuvieron mayor impacto social: contra Teresa Lizárraga Figueroa, ex directora del ISSSTESON, que se denunció por el desvío de recursos destinados al Fondo de Pensiones; contra los ex titulares del Fondo para la Modernización del Transporte (Femot) por no comprobar la utilización de un crédito de 600 millones de pesos; y contra Héctor Ortiz Ciscomani, ex titular de la Sagarhpa por un gasto de recursos no comprobados.

Las tres fueron resultado de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública del 2013, pero el anterior Procurador de Justicia, Carlos Navarro Sugich, las desechó poco antes de realizar el cambio de administración.

Contra eso, el diputado Fermín Trujillo precisó que el propio ISAF y el Congreso del Estado promovieron un amparo legal contra esta acción y están a la espera del resolutivo del juez, para que estas personas denunciadas alcancen la justicia.

“El ISAF interpuso un amparo y están corriendo, porque como Instituto y el propio Congreso defendemos nuestra tesis, fundamentación y argumentación dentro del expediente que armó el órgano técnico”, indicó.

Ya salieron las primeras acciones penales del 2014

La Cuenta Pública estatal del 2014 ha sido la que ha presentado el mayor número de observaciones de la historia con 3 mil 181, cuando en el 2009 solo hubo mil 275, (falta ver la del 2015 que el ISAF entregará el 31 de agosto al Congreso).

“Esto significa un creciente número de observaciones y lo que también nos dice una falta de atención a la tarea de la fiscalización, nos deja la lectura de la falta de interés del Gobierno constituido”, resaltó.

De este tumulto de irregularidades detectadas, el Gobierno del Estado y las entidades paraestatales, no pudieron aclarar mil 349. Pero después de que el Congreso dictaminó la Cuenta Pública (en noviembre del 2015) las entidades señalas pudieron aclarar 482 de ellas y dejaron un total de 867 observaciones.

“Se ve muy difícil que las aclaren porque son cuestiones muy graves donde se habla de millones y millones de pesos… la revisamos en noviembre del 2015 y ya casi ha pasado un año y no han podido solventarlas”, expresó.

De estas 867, solamente dos entraron a un programa de solvatación por pasos que está en proceso, 227 el ISAF ya presentó la acción jurídica correspondiente ante la entidad encargada, y al momento se están armando 636 expedientes para presentar los recursos jurídicos necesarios.

El presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF expresó todas las demandas que el propio ISAF está emprendiendo, son una muestra que el trabajo profesional que los expertos en fiscalización están realizando sí rinde frutos y van avanzando.

Lo anterior, señaló que es de suma importancia comprenderlo porque con la nueva era de transparencia y rendición de cuentas que se está viviendo, todos los funcionarios públicos deben entender que sí habrá consecuencias por la corrupción y faltas a la norma en la administración gubernamental.

“El que sea culpable de malversación de recursos con la reformas que se acaban de hacer a nivel nacional y las que se están haciendo a nivel local, debe saber que hay posibilidad de la privación de la libertad, dependiendo del daño que le causes al erario público del pueblo”, añadió.