Sálvese quien pueda; preocupa inseguridad en Sonora

Por Imanol Caneyada

La respuesta de las autoridades de los tres niveles de gobierno ha sido de impotencia; rebasados por una criminalidad galopante, la tendencia hasta el momento ha sido la de poner en manos del ciudadano una responsabilidad que sólo a ellos compete 

La alarmante sensación de que Hermosillo está a merced de la delincuencia no es gratuita ni fabricada. Las cifras hablan por sí solas y las declaraciones de los funcionarios municipales han contribuido a este clima de “sálvese quien pueda”, el cual pone en manos del ciudadano la peligrosa responsabilidad de proteger sus bienes y su integridad.

Para septiembre de este año, según cifras del Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Gobernación, en Sonora se habían registrado un total de 33 mil 492 delitos del fuero común, un promedio de tres mil setecientos al mes, lo que se traduce en 124 delitos al día, encabezados por robo a casa habitación y robo de vehículos.

El total de delitos del fuero común en todo el 2015 en Sonora fue de 28 mil 659; de continuar la tendencia así, para diciembre de 2016 habremos casi duplicado el índice delictivo de un año a otro.

El total de delitos del fuero común en todo el país al mes de septiembre del presente año era de un millón 154 mil 986.

Pero más allá de las cifras, están las historias y las experiencias traumáticas que corren de boca en boca y por las redes sociales.

Como la de L, propietaria de un café en contraesquina del parque Madero. Hace un mes, después de echar la cortina de su negocio, a eso de las once de la noche, un hombre comenzó a seguirla hasta su automóvil, estacionado a una cuadra. Cada vez se le acercaba más, por lo que la dueña del café echó a correr de vuelta a su negocio y alcanzó a encerrarse en él. El hombre le hizo guardia en la puerta del café hasta entrada la madrugada. La policía nunca apareció.

Dos semanas después, L llegó a su negoció y se encontró con que habían abierto un boquete en la parte trasera y le habían robado todo lo que encontraron de valor.

El centro de la ciudad, con la caída de la noche, se ha vuelto un lugar peligroso.

Colonias enteras viven bajo la psicosis de los asaltos y los robos. Los vecinos se organizan para defenderse de la delincuencia con el riesgo de salir heridos o muertos, o la contraparte, con el estigma convertirse ellos mismos en delincuentes al linchar a un sospechoso o repeler una agresión.

El miedo de perder las pertenencias e incluso la vida se ha instalado entre los habitantes de Hermosillo. También la furia.

La respuesta de las autoridades de los tres niveles de gobierno ha sido de impotencia; rebasados por una criminalidad galopante, la tendencia hasta el momento ha sido la de poner en manos del ciudadano una responsabilidad que sólo a ellos compete, según el principio del contrato social, ése en el que el ciudadano cede parte de su pecunio (vía impuestos), el monopolio de la fuerza y parte de sus libertades a cambio, ante todo, de protección.

Hay varias señales obvias de lo anterior.

Las declaraciones del alcalde de la ciudad, Manuel Ignacio Acosta, en el sentido de que la Seguridad Pública Municipal sí hacía su trabajo pero que “ellos” (la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Poder Judicial) dejaban ir a los delincuentes, puso al descubierto las debilidades del Estado en su conjunto para garantizar en la mayor medida de lo posible la seguridad de los ciudadanos.

Posteriormente, la coordinadora de Seguridad Ciudadana, la doctora Alba Celina Soto, a propósito del asalto a mano armada que sufrió una estudiante de la Universidad de Sonora rumbo a su casa, advertía a la comunidad estudiantil y a la ciudadanía en general que no contaran con la policía, pues ésta, rebasada por el número de llamadas de emergencia y enterrada en los procesos resultantes del Nuevo Sistema Acusatorio Penal, era incapaz de cumplir con su trabajo.

La funcionaria, en su polémica declaración, aconsejaba a los ciudadanos que se organizaran contra los embates de la delincuencia.

Referente a la negativa de muchos oficiales de policía de acudir a los llamados de emergencia porque el papeleo que posteriormente tienen que llenar conforme lo exige el nuevo sistema es largo y complicado, una ciudadana contó en redes sociales una anécdota que si no fuera tan trágica, nos movería a risa.

Según esta ciudadana, un día llegó a su casa y se encontró con los ladrones adentro de la misma. Llamó de inmediato a la policía y ésta se presentó cuando los delincuentes aún estaban en la propiedad de la mujer. Los agentes de la policía, en lugar de detenerlos en flagrancia, prefirieron negociar con los asaltantes para que al menos regresaran a la mujer una parte del botín y ahorrarse así todo el proceso burocrático que les exigía la detención.

Peligrosamente, los cuerpos policiacos y las autoridades están culpando al Nuevo Sistema Acusatorio Penal de la situación fuera de control en la que nos hallamos, cuando la verdad es que este sistema lo único que ha hecho ha sido poner al descubierto la falta de preparación y la nula instrucción de quienes nos deben proteger.

En la teoría, el Nuevo Sistema Acusatorio Penal le exige a los policías una serie de protocolos y procedimientos a la hora de detener a un delincuente o asegurar la escena de un crimen; protocolos y procedimientos para los que no han sido entrenados ni capacitados.

De resultas, cuando el presunto delincuente llega ante el juez, a causa de las muchas violaciones que los agentes policiacos incurren en el debido proceso, éste sale libre de inmediato.

La reacción de los policías, según lo ha consignado Alba Celina Soto, ha sido la de no acudir a los llamados.

La falta de preparación de policías y ministerios públicos, aunado a la corrupción imperante en los cuerpos de seguridad, nos ha llevado como sociedad a un callejón sin salida.