Las pensiones y la doble moral

La crisis de las pensiones en Sonora ya cubre varios terrenos: el jurídico, el administrativo, el político y el moral

Por Bulmaro Pacheco

La crisis de las pensiones llegó ya a las principales economías del mundo y la mayoría de las naciones donde ha explotado, no saben cómo salir del atolladero sin poner en riesgo la estabilidad social y económica.

La crisis se enfrenta también a un debate ideológico y político: ¿Más o menos estado de bienestar?, ¿Más o menos gasto público para la población desprotegida?, ¿Más liberalismo y menos derechos sociales?

La transición social que ha provocado una mayor expectativa de vida en la población, ha hecho que las personas ahora vivan muchos más años que antes, y ha dado lugar a la multiplicación de los sistemas pensionarios y las crisis por las insuficiencias financieras para hacerles frente, ante el notable incremento de la población demandante de servicios de protección social.

Hay crisis de los sistemas de pensiones en Europa y en los Estados Unidos. También en Chile, Argentina, Uruguay y México entre otros.

En México, las entidades con mayores problemas en sus sistemas de pensiones son: La Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Yucatán y Veracruz.

Y entre los organismos públicos con mayores tensiones por los pasivos laborales están las universidades públicas, que han diseñado sus propios sistemas, el IMSS, el ISSSTE, la CFE, Pemex y algunos gobiernos municipales.

El sistema de pensiones públicas cuesta a México casi un billón de pesos por año, con importantes pasivos laborales, que en las universidades públicas equivalen a dos billones. La crisis en los pasivos, incluyendo a los principales organismos descentralizados, las instituciones de educación superior y los gobiernos estatales, podría alcanzar en los próximos años el equivalente del 116% del PIB nacional. De ese tamaño.

Sin embargo, hay asimetrías en el otorgamiento de las pensiones. Varían de organismo a organismo, de región a región y de institución a institución.

Por ejemplo: el artículo 17 de la ley del ISSSTE establece que: “El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de ésta ley, será el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado” […] “Las cuotas y aportaciones establecidas en esta ley se efectuarán sobre el sueldo básico estableciéndose como límite inferior UN SALARIO MÍNIMO y como límite superior, el equivalente a diez veces dicho salario mínimo”

También dice: “Será el propio sueldo básico, hasta el límite superior equivalente a diez veces el salario mínimo del Distrito Federal, el que se tomará en cuenta para determinar el monto de los beneficios en los seguros de riesgos del trabajo e invalidez y vida establecidos por esta ley”.

Es decir, al valor actual y considerando que el salario mínimo recientemente pasó de 73 a 80 pesos, los diez salarios mínimos establecidos por la ley serían 800 pesos diarios, para definir el máximo (límite superior) de una pensión para los trabajadores de la federación, trátese de maestros agrupados en el SNTE o de dependencias federales cuyos sindicatos están afiliados a la FSTSE. También para aquellos trabajadores de ayuntamientos o instituciones de educación superior como la UNAM, la UAM, el Tecnológico Nacional o el Instituto Politécnico Nacional entre otros.

Trátese de quien se trate en caso de los servidores públicos, o bien haya ocupado el cargo de secretario o subsecretario de Estado, oficial mayor, o director general o de área, su pensión al retirarse no podrá pasar de los diez salarios mínimos, que de acuerdo a los establecidos por la ley no podrá ser mayor a los 24 mil pesos mensuales (800 x 30).

El ISSSTE cuenta hasta ahora con un millón 76 mil pensionados, con un gasto anual de 172 mil millones de pesos en pensiones, lo que representa un porcentaje cercano al 67% del presupuesto anual de la Institución. Solo 22 mil han optado por el sistema de cuentas individuales a través del Pensionissste, creado con la reforma del 2007.

Para los tres millones de trabajadores del sector público federal y sus familiares, eso significa que para el gasto en hospitales y medicinas solo se dispone del 33% restante, considerando que el incremento año con año del gasto en pensiones en el Issste equivale a 20 mil millones de pesos.

La crisis, de agravarse, le resta viabilidad a la institución, si le agregamos los altos costo de los tratamientos de las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y el cáncer.

En el IMSS, difícilmente alguna pensión rebasa los 40 mil pesos mensuales dado que el tope es de “hasta 25 salarios mínimos”. Excepción hecha de aquellos directivos de empresa que establecen su propio convenio con el Seguro Social en esa materia.

Los términos en la cotización y los sistemas de aportaciones así como las semanas requisito para la pensión reformados en las leyes de 1973 y 1997, han dado como fruto la transición de 19.3 millones de trabajadores en vía de ser pensionados, ya con las Afores como una cuenta individual alterna al sistema de reparto. Hay otros problemas.

A nombre de la autonomía, en algunas universidades públicas como las de Nuevo León, Zacatecas y Oaxaca ha privado la anarquía en sus sistemas de pensiones. En la UANL existen pensiones cercanas a los 200 mil pesos mensuales y en Oaxaca es tan grande la nómina de pensionados, que en pocos años más será mayor a la de los trabajadores en activo. En Zacatecas han reducido drásticamente las edades de jubilación.

En el caso del ISSSTESON y las disparatadas pensiones otorgadas, ha sido la propia degeneración de su sistema de pensiones establecido en la ley, sumado a la corrupción y el desorden que han distinguido a dicha institución en los últimos años.

Tomado como ejemplo de lo informado por su director actual una de las pensiones señaladas de 158 mil pesos mensuales, de inmediato se ve la asimetría y la disparidad en un tema que ha puesto en riesgo la viabilidad financiera de la institución en el corto plazo, de no corregirse dicha falla. (90% de los pensionados del IMSS en Hermosillo recibe solo 2,466 pesos al mes).

Una pensión de 158 mil pesos mensuales o un poco menos, significa que las pensiones en el ISSSTESON, comparadas con las del resto del sector público federal, equivale a otorgar a quien la devenga ¡60 salarios mínimos diarios! o ¡5 mil pesos diarios! Algo inconcebible en un sistema normal. ¿Qué institución de seguridad social en medio de la crisis resiste el otorgamiento de esas pensiones? ¿Cómo hacerle entonces para regular esas pensiones faraónicas, para que el crecimiento exponencial de lo destinado al pago de las pensiones no ponga en riesgo la prestación de otros servicios, como son los de abasto de medicamentos, los servicios médicos y asistenciales?

El problema ha degenerado con el tiempo y tiene su explicación: Un ex director que fletó todo un avión de línea comercial con invitados a su boda, en un estado del centro del país pagado (hotel incluido) por la institución. Otro, que vendió el patrimonio de terrenos de playa de la institución a particulares, sin la autorización de la junta directiva. Dos inhabilitados por 10 años para el ejercicio del servicio público. Otro más, que coexistió como director y empresario de farmacias que abastecían de medicamentos al instituto.

Uno más, que días antes de entregar su responsabilidad firmara un convenio de exclusividad con una importante distribuidora de medicamentos a cambio —del cambio—, de casa a una colonia residencial.

Otros más, que dejaron pasar las pensiones “vitalicias” sin chistar a personas que no las merecían (ni premios Nobel ni medallistas olímpicos en esa lista), provocando que la mayoría de ellos ahora goce amoral e ilegalmente de dos pensiones; la vitalicia y la de ley.

Una más, que nunca le reclamó al gobierno en turno el que descontara las cuotas a los trabajadores, sin entregarlas al Isssteson, y creando enorme déficit tanto en la operación de las instituciones afectadas (Itesca, Unison, Utss, Itpp, Itc entre otras) como en la misma que por eso ha agrandado el subsidio del Estado, como lo señala el artículo 116 de la ley: “Si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas por esta ley, el déficit que hubiese será cubierto por el Estado y organismos incorporados a que se refieren los artículos 1 y 3 en la proporción que a cada uno corresponda”.

Y claro, también en la crisis de la institución han tenido su parte las organizaciones sindicales representativas de los trabajadores del Estado, que ni ante los gobiernos del PRI ni el del PAN han expresado la mínima protesta ante el deterioro gradual de su institución de seguridad social.

¿A qué se le quita el recurso del gasto programable estatal destinado a otros rubros importantes para el Estado, para subsidiar al Isssteson?

Porque a la crisis de los ex directivos que llegaron a la dependencia para beneficiarse, habría que agregarle la omisión de los gobiernos estatales en entrarle al problema, agarrar el toro por los cuernos, y evitar los excesos, ya fuera designando a quienes no tenían el perfil para el cargo o para concentrar las aportaciones de los trabajadores cobradas de antemano vía cuota y no entregarlas a la institución —un problema que se agudizó el sexenio pasado cuando el gobierno estatal no entregó el dinero correspondiente al fondo de pensiones—, creando un déficit mayor a los ¡2 mil millones de pesos! y quiso remediarlo con una aparente e ilegal entrega de bienes públicos.

También hay dilemas morales: ¿Sabían o no los demandantes de pensiones faraónicas que, al recibir esas cantidades desproporcionadas al tiempo que se beneficiaban en lo personal dañaban a la institución?

¿Sabían quienes detentaban un cargo público que no era legal demandar que la pensión se calculara con la plaza de titular de una secretaría o una magistratura, sino con el sueldo base, como se realiza para cualquier mortal que no goza de influencias?

¿Sabrán los despachos divinos «tramita-pensiones» (integrados la mayoría por ex funcionarios, y que en los últimos años han surgido como hongos), el daño que le han provocado a la institución con sus acciones al gozar de información privilegiada que les permite torcer la ley y el procedimiento administrativo en beneficio de intereses particulares?

La crisis de las pensiones en Sonora ya cubre varios terrenos: el jurídico, el administrativo, el político y el moral. El Congreso deberá ir más allá, en una reforma donde lo primero que urge es establecer un tope a las pensiones, y revisar a fondo la estructura de la seguridad social local.

No hay de otra. O la reforma profunda de la institución, o su inviabilidad y colapso, cuyos síntomas ya los estamos viendo…

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