Recuento 2016: El año del combate a la corrupción

Las seis noticias que marcaron el año 2016; los protagonistas y los hechos noticiosos que dieron de qué hablar

Por Imanol Caneyada y Gerardo Moreno

Un año fatal para la seguridad pública

El 2016 no fue un buen año para la seguridad pública en la capital del estado. Los índices de los delitos del fuero común se dispararon y la sensación generalizada de los hermosillenses fue de que nunca antes la delincuencia había campado por la ciudad como ahora.

El robo a casa-habitación, de vehículo y el asalto lideraron los actos ilícitos.

El alcalde Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez emprendió una purga en el seno de la Policía Municipal, principalmente debido a la corrupción imperante y a los usos y costumbres de abuso de autoridad y brutalidad policiaca. Para noviembre de este año, más de 60 agentes de la policía habían sido cesados.

Al mismo tiempo, con enorme dificultad debido a la quiebra en la que recibió el Ayuntamiento, rehabilitó la flota de patrullas y dotó de equipo a la corporación.

Sin embargo, los esfuerzos parecían no fructificar. En las colonias de mayor incidencia delictiva, los vecinos comenzaron a organizarse para protegerse de los delincuentes y el clamor general exigía a la autoridad que pusiera un alto a tanta impunidad.

Una de las estrategias de la administración municipal fue culpar a las redes sociales, las cuales, argumentaron, magnificaban el problema cuando en realidad los índices delictivos no superaban los de años anteriores.

La otra estrategia: responsabilizar al nuevo sistema acusatorio penal, cuya fallida implementación permitía que los supuestos delincuentes salieran libres nada más pisar el Ministerio Público.

A raíz de ello, el presidente lanzó una campaña con el lema: nosotros los detenemos, ellos los sueltan, apoyada en una supuesta iniciativa ciudadana, la página de internet infraganti.mx, de la cual Acosta Gutiérrez se deslindó, si bien quedó entre la ciudadanía la idea de que estaba implicado.

En la citada página, los presuntos delincuentes detenidos por la Policía Municipal que inmediatamente eran puestos en libertad por jueces y ministerios públicos, eran exhibidos en fotografías, contraviniendo sus derechos humanos.

La escasa capacitación en el nuevo sistema acusatorio penal de los agentes puso en evidencia la falta de protocolos, estrategias y técnicas policiacas para proceder en el cumplimiento de su trabajo, lo cual derivó en detenciones en las que se violaba el debido proceso, por lo que los indiciados la libraban rápidamente.

Hubo un momento en que los policías dejaron de acudir a los llamados, impotentes ante su falta de entrenamiento para los nuevos procedimientos judiciales.

En noviembre, Manuel Ignacio Acosta anunciaba siete acciones drásticas para mejorar la inseguridad.

La primera, el cambio inmediato de los mandos medios de la Policía Municipal.
La segunda se centraba en la evaluación: todos los elementos serán evaluados para garantizar que la efectividad de su trabajo esté vinculada a su permanencia.

La tercera, cero tolerancia ante la corrupción o ineficiencia de los elementos policiacos. El cuarto punto de la estrategia era el reforzamiento de los programas que han arrojado resultados positivos y alineación de actividades en torno a seguridad, como la estrategia transversal Hermosillo Seguro y Escudo Ciudadano en coordinación con el Estado y la Federación.
La quinta acción era la capacitación permanente obligatoria para que la inteligencia policial sea la principal arma para la prevención y combate a la delincuencia.
Como sexta acción anunció la oxigenación de la Policía Municipal para que los hermosillenses cuenten con elementos altamente comprometidos y con una nueva cultura del servicio policial, con los 45 elementos recién egresados del ISSPE que se incorporan a partir de esa fecha como agentes de la Policía Preventiva de Hermosillo, con una nueva filosofía de servicio policial.
Y como séptima acción anunció que se pondría en marcha un Plan de Redignificación Policial que refleje el respeto de este gobierno a quienes cumplen con su deber y que ello se manifieste en la atención al ciudadano, al ofrecer a los policías las herramientas para cumplir con su deber en condiciones de mayor seguridad.

2017 será el año entonces en el que comenzarán a fructificar estas acciones o bien, fracasen y aumente la inseguridad.

El año en que Padrés fue a la cárcel

Más allá de sentencias judiciales que aún no llegan, la mayoría de sonorenses ya había juzgado al ex gobernador Guillermo Padrés y condenado por corrupto.

A medida que transcurría el año, la promesa del nuevo Gobierno del estado no se cumplía y los resultados en la persecución y ajusticiamiento del gabinete de Padrés no terminaban de convencer a la ciudadanía.

La percepción general era de que, a pesar de las promesas de campaña de Claudia Pavlovich, una vez más los políticos responsables de la quiebra del estado y de saquear las arcas quedarían impunes.

Se dio a conocer que la PGR llevaba a cabo una investigación al ex gobernador, pero ésta avanzaba a paso de tortuga.

La presión mediática ante los nulos resultados hizo que la gobernadora, justo después de las desastrosas elecciones para el PRI en junio de este año, exigiera públicamente al Gobierno federal que se aplicara en la tarea de consignar al ex mandatario sonorense.

El 30 de septiembre, el juzgado 12 de distrito en materia penal con sede en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México libró una orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, por el delito de defraudación fiscal y operaciones con recursos de precedencia ilícita por un monto superior a los 8 millones de dólares.

Guillermo Padrés se hizo humo y la orden no fue ejecutada. Dos semanas después, la Interpol emitía una ficha roja en 190 países. La PGR creía que el ex mandatario podría encontrarse escondido en Centroamérica.

Para sorpresa de todos, un mes después, mediante un show mediático que pretendía presentar a Padrés como una víctima de persecución política, éste se entregaba a las autoridades.

Su defensa contaba con seis días para responder a los cargos que se le imputan.

Al término del plazo, el juez emitió una orden de formal prisión, era el 16 de noviembre de los corrientes.

Guillermo Padrés, contra lo que pensaba la mayoría, pisó la cárcel por sus supuestos delitos y pasará la Navidad entre rejas.

Pocos resultados de la FAS e incertidumbre en su continuidad

El principal protagonista de este 2016 que se acaba ha sido el combate a la corrupción. Los escándalos de los gobernadores salientes y del propio Gobierno federal han puesto en evidencia lo que ya sabíamos pero que nunca antes se había demostrado con tanta contundencia: el sistema político mexicano está hundido en un mar de corrupción e impunidad.

Las escandalosas evidencias hicieron que este año se aprobara el Sistema Nacional Anticorrupción, un instrumento que supuestamente va a terminar con la impunidad de los servidores públicos corruptos.

La gobernadora de Sonora, cuya campaña política se basó principalmente en la promesa de acabar con la corrupción, se adelantaba al Gobierno federal y creaba en septiembre de 2015 la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS).

Sin embargo, no fue hasta febrero de este año que el nuevo organismo dio su primer gran golpe: el encarcelamiento del ex secretario de Comunicación Social, Jorge Morales Borbón, acusado de extorsión.

El titular de la dependencia, Odracir Espinoza, anunciaba que no era más que el primer procesado de muchos otros.

No obstante, pasaron los meses y las acciones de la Fiscalía se diluyeron en un mar de justificaciones jurídicas decepcionando a una buena parte de la ciudadanía.

Ningún otro funcionario, y mucho menos de alto nivel, ha sido encarcelado de resultas de las investigaciones de esta dependencia.

Puntualmente ha presentado cifras sin dar nombres para no violar el debido proceso.

En el primer informe de trabajo, dado a conocer en septiembre de este año, la fiscalía reportó los siguientes datos.

Denuncias Ciudadanas: 95
Denuncias por Asociaciones Civiles: 3
Denuncias por dependencias Estatales: 161
Denuncias por dependencias Municipales: 4

Los principales delitos por los cuales se han recibido denuncias en esta Fiscalía son: Peculado, Incumplimiento de un Deber Legal, Ejercicio Abusivo de Funciones, Abuso de Autoridad, Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, Tráfico de Influencias, Fraude, Extorsión, Enriquecimiento Ilícito, Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Otros.

Se citó a comparecer a un aproximado de 565 personas, entre ellos ex funcionarios de primer nivel (ex secretarios de Estado y directores generales principalmente). Así mismo, desahogaron un aproximado de 8,915 diligencias.

Aseguramiento de cuentas, así como de diversos bienes e inmuebles, suman al día de hoy (septiembre de 2016) 172 millones de pesos (valor catastral).

Juicios de amparo 200 interpuestos en contra de actos de la FAS.
52 se han resuelto a favor de la FAS.

Todo lo anterior no oculta un hecho que ha sumido en la incertidumbre a la propia fiscalía: su legal constitución.

Desde que vio la luz, políticos de la oposición y juristas han señalado que la FAS no cuenta con el marco legal ni constitucional que faculte sus acciones.

Apenas el 24 de noviembre de este año, en virtud de haber sido aprobada por 42 ayuntamientos, la mesa directiva del Congreso del Estado envió a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la Ley número 96, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, misma que sustenta el Sistema Estatal Anticorrupción con la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora especializada en delitos electorales y de anticorrupción.¿Qué pasará entonces con la actual Fiscalía Anticorrupción y con los expedientes abiertos hasta el momento? ¿Continuará con su trabajo o volverá a empezar de cero con un nuevo fiscal al frente y una nueva naturaleza jurídica?Apenas a principios de 2017 lo sabremos.

Sonora marcando por la migración

Uno de los temas que es constante en Sonora, por ser frontera con los Estados Unidos, es la migración, pero este 2016 se presentaron diferentes factores que hicieron evidente el problema y que generó un claro llamado de alerta para atender esta crisis que se presenta en la entidad:

Primero el repunte que hubo durante el año de los menores migrantes no acompañados, que hasta estos momento sigue siendo un fenómeno que no se ha podido frenar. En este año hubo un repunte de más del 90% de menores migrantes no acompañados aprehendidos por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

Al cierre del año fiscal 2016 (del primero de octubre del 2015 al primero de octubre del 2016) se han detenido un total de 59 mil 692 menores migrantes no acompañados, contra 39 mil 970 del año fiscal anterior. De estos seis mil 302 fueron detenidos en la Frontera de Tucson, Arizona. Tan solo en el mes de octubre se aseguraron a seis mil 754 menores migrantes, de los cuales 591 fueron detenidos en Arizona.

Por otro lado, según datos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) al cierre del mes de noviembre se habían atendido en los tres albergues que tienen en la frontera (Nogales, San Luis y Agua Prieta) va más de dos mil 600 menores no acompañados, que se están repatriando donde el 20% fueron extranjeros.

Lo cual da como resultado casi 10 mil niños migrantes que salen desde su lugar de origen para llegar a los Estados Unidos, pasan por Sonora, y son detenidos por ambos lados de la frontera y son repatriados. Es un fenómeno que organizaciones humanitarias nacionales e internacionales han señalado como grave y que sigue incrementándose en la entidad.

El segundo factor alrededor del tema migratorio fue la crisis humanitaria que se presentó en México y en Sonora con los migrantes haitianos y africanos que llegaron desde Brasil a las fronteras de San Luis, Nogales y Agua Prieta, para pedir asilo a los Estados Unidos, donde miles de migrantes estuvieron esperando a ser atendidos.

Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron alrededor de 10 mil haitianos los que llegaron a transitar por Sonora, incluso se llegó a tener la presencia de hasta 40 personas diarias en los cruces fronterizos, para lo cual se tuvo que activar un plan especial para atenderlos en la salud, darles asilo en conjunto con albergues privados y dejar que busquen su sueño.

Sin embargo en las últimas semanas disminuyó considerablemente el flujo de migrantes de este país en Sonora. El último reporte del nueve de diciembre fue que este mes en Sonora se entregaron 40 permisos más para que estos migrantes puedan estar en el país sin problemas, además se otorgaron 11 permisos temporales para que se puedan establecer en el estado y trabajar.

El último tema por el cual la cuestión migratoria fue nota durante el 2016, fue la victoria del candidato republicano Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos y su clara política antimigrantes, en especial Mexicanos, donde aseguró que se renegociaran tratados comerciales, se incrementaran los impuestos arancelarios y se construirá un muro fronterizo, lo que mantiene en la incertidumbre a todos los sectores económicos y sociales de Sonora, quienes están a la expectativa de la política que impulsa una vez que tome posesión de su cargo.

La entrada de Uber y la guerra por el servicio

Una delas noticias que más generó impacto social y que todavía en diciembre sigue provocando manifestaciones, fue la entrada en operación de la empresa Uber Tecnologies en Hermosillo, porque a pesar de ser aceptada por los usuarios en general, los taxistas agremiados la rechazaron desde un principio y el Estado la cataloga como ilegal.

El conflicto inició en febrero cuando la empresa internacional anunció que abriría mercado en la capital sonorense, lo cual provocó las primeras manifestaciones de taxistas quienes el 29 de febrero realizaron la primera manifestación, salieron a las calles para asegurar que estaban en contra de la entrada de Uber.

Al final, por mediación del Gobierno del Estado, el siete de marzo entró en operaciones la empresa e inmediatamente cientos de vehículos y ciudadanos se anotaron como socios o choferes para operar, el impacto al uso de taxi fue inmediato, aunque siguieron operando juntos porque las autoridades aseguraban que el segmento era diferente pues Uber operaba con tarjeta bancaria.

El 23 de mayo el ejecutivo público un reglamento en el Boletín Oficial para que Uber pueda operar legalmente bajo la figura de “Empresa de Redes de transporte basadas en aplicaciones móviles” (ETR), según un ordenamiento Federal.

La situación se calmó y Uber ganaba cada vez más usuarios. Sin embargo, lo que detonó la confrontación entre el gremio de taxistas y los choferes de Uber, fue a principios de septiembre cuando la compañía implemento en Hermosillo el cobro en efectivo, lo que generó la rabia de los Taxistas, pues aseguraban que había una competencia desleal, comenzaros a perseguir y golpear choferes de Uber.

Hubo varias confrontaciones y hasta el punto más fuerte cuando se realizó una batalla campal entre choferes tradicionales y de la empresa internacional, generando varios heridos y muchos más detenidos, la madrugada del 11 de septiembre sobre el bulevar Luis Encinas.

Esto ocasionó que los choferes de Uber también se manifestarán públicamente exigiendo seguridad y que los dejen trabajar en paz, el cobro en efectivo fue política de la empresa y ellos no tenían nada que hacer.

Fue cuando el Gobierno del Estado entró de nuevo al conflicto y en voz del director del transporte, Luis Iribe Murrieta, director del Transporte, aseguró que la empresa Uber había incumplido con el reglamento pues nunca presentó el registro de los choferes que operaban como ETR, no debía cobrar en efectivo y además debe pagar un impuesto del 1.5% del cobro de cada viaje para un fondo de mejoramiento urbano.

Ante esta situación el Ejecutivo tomó la determinación de realizar inspecciones a los choferes de Uber y comenzar a aplicar multas, sanciones y hasta decomisos de vehículos. Al cierre del 13 de diciembre la Dirección de Transporte ha aplicado 90 sanciones de siete mil 500 pesos cada una a choferes de Uber, por considerar que operan en la ilegalidad.

Sin embargo, aún hay largas filas en el Centro Delta de personas que se están registrando para ser socios de Uber, se estima que en Hermosillo están operando ya más de mil vehículos.

El 13 de diciembre se presentó una nueva manifestación de choferes de taxis, quienes de nuevo realizaron una caravana por calles de la ciudad y se estacionaron alrededor de palacio de gobierno para exigir que se obligue a la empresa Uber a cumplir con la Ley.

El conflicto sigue vivo y lejos de aplacarlo se acrecienta, ya que el mismo director del Transporte anunció que buscará una reforma a la Ley del Transporte para contemplar sanciones más severas a los choferes de Uber, donde los montos podrían alcanzar los 80 mil pesos si son reincidentes.

Agitación de la CNTE tocó a Sonora

El conflicto magisterial ante oposición a la evaluación educativa de la Secretaría de Educación Pública estalló con fuerza este año a nivel nacional y el caos salpicó a Sonora.

El fondo de la problemática local se ubicó después de que de los 1,300 profesores seleccionados para presentar examen de permanencia durante el año pasado, 43 decidieron no acudir ni justificaron su ausencia.

Esta cuarentena de maestros —identificados como miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)— en automático fue dada de baja del Servicio Profesional Docente.

La situación comenzó a salir de control a medidos de abril, cuando simpatizantes de la CNTE se manifestaron en planteles escolares, incluso cerrando las puertas e impidiendo el acceso a las mismas.

Pero no paró ahí, subió de tono una vez que intervinieron agentes de policía y mediante uso de la fuerza pública contra profesores y padres de familia. Los videos y fotos dieron la vuelta en cuestión de minutos por todas las redes sociales.

En suma los maestros inconformes llegaron a “secuestrar” once planteles educativos.

Fue hacia el 11 de junio cuando la Procuraduría General de la República aprehendió a Rubén Núñez, uno de los líderes de la CNTE, acusado por delitos del fuero común y trasladado al CEFERESO No. 11 de esta ciudad. Lo cual provocó nuevamente movilizaciones aunque de escasa convocatoria.

El 19 de junio, en la comunidad de Nochixtlán, Oaxaca, un grupo antimotines de la Policía Federal intentaba desalojar un bloqueo carretero que habían instalado simpatizantes de la CNTE, pero sobrevino un enfrentamiento que dejó como saldo ocho muertos.

Nuevamente en Sonora maestros de la Coordinadora salieron a la calle, pero ahora sin bloquear planteles. Aunque sí sembrando el temor de recrudecer las protestas, con llamas y petardos como se observaban en el sur del país.

Casi dos meses después, el líder de la CNTE fue trasladado a Oaxaca, donde un juez le dictó libertad bajo caución. Así se apagaba agitación de la Coordinadora en Hermosillo.