Escándalo envuelve la elección a rector de la Unison

De la demanda que el STAUS puso ante la Fiscalía Anticorrupción, se desprende que la cancelación de “Préstamos a Corto Plazo” para maestros, fue la chispa que prendió la llama; la deuda asciende a 145 millones de pesos; acusan de peculado y enriquecimiento ilícito al rector, al secretario académico (ahora candidato a rector) y a la secretaria de finanzas

Por Imanol Caneyada

La suspensión del otorgamiento de Préstamos a Corto Plazo por parte del Isssteson a los trabajadores de la Universidad de Sonora, provocó que el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) investigara la causa de ello; la respuesta de las autoridades de la institución del seguro social fue contundente: la Unison debe 145 millones de pesos en concepto de cuotas y aportaciones y enfermedades preexistentes.

Lo anterior se desprende de la demanda que el sindicato interpuso el 16 de enero de 2017 ante la Fiscalía Anticorrupción, con número de expediente Son/Her/503/00001 y a la cual “Primera Plana” tuvo acceso.

La relatoría de los hechos establece que Javier Martín Quintanar Gálvez, secretario general del STAUS, hace meses tuvo conocimiento de que el Isssteson había suspendido el otorgamiento del Préstamo a Corto Plazo en perjuicio de los trabajadores de la universidad.

Según lo convenido entre ambas instituciones, se acordó una bolsa de un millón de pesos anuales para ejercer en préstamos individuales de hasta 35 mil pesos.

Ante esta situación, el mes de noviembre de 2016, los dirigentes del sindicato sostuvieron una reunión con las autoridades del Isssteson con el objeto de conocer la causa de la suspensión de este beneficio.

La respuesta fue que al 31 de octubre de 2016, la Universidad de Sonora le debía a la institución 108 millones de pesos por concepto de cuotas y aportaciones, y 34 millones 500 mil pesos por el concepto de Enfermedades preexistentes.

Es decir, un total de 142 millones 500 mil pesos.

En esa reunión, siempre según la versión plasmada en la demanda, las autoridades del Isssteson les informaron que incluso habían contemplado la posibilidad de negar las pensiones y jubilaciones del personal de la Unison, debido a la alarmante deuda que los obligaba a tomar medidas administrativas extremas.

Derivado de lo anterior, consigna la demanda, el 22 de noviembre de 2016, el STAUS solicitó a la Administración de la Universidad que aclarara si era verdad la existencia de este adeudo y qué destino le había dado a las cuotas de los trabajadores que han sido puntualmente descontadas quincena con quincena.

Las autoridades universitarias respondieron “de manera irónica y evasiva, omitiendo informar lo solicitado”.

Al momento de la demanda, agrega el querellante, sigue sin haber dado respuesta a la solicitud.

Poco más de un mes después, el 4 de enero de 2017, el Isssteson emitió el oficio DG-UPEII-011-17, mediante el cual dio respuesta formal a la solicitud de información que realizó el STAUS. En él informaba que por concepto de cuotas, aportaciones y recuperaciones, el saldo de deudor era alarmante: al 30 de noviembre era ya de 145 millones 423 mil pesos.

Lo anterior corresponde al periodo de 2012 a 2015.

El STAUS pudo finalmente acceder y analizar los estados financieros de ese periodo en relación a los montos a pagar al Isssteson y descubrió que éstos no coinciden con los datos proporcionados por el Isssteson.

Según los estados financieros de la Unison, el adeudo es de 125 millones 953 mil pesos.

La demanda se extiende a la creación de la Secretaría General de Finanzas por parte de Rectoría, la cual viola el Estatuto General de la Universidad de Sonora.

Siempre según lo plasmado en el documento presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, el rector de la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalva Monteverde, dictó un acuerdo mediante el cual daba forma a esta secretaría con facultades y poderes que le permiten controlar y manejar a discreción los recursos de la Universidad, tanto públicos como privados.

En la demanda el STAUS acusa de peculado y enriquecimiento ilícito al rector Heriberto Grijalva Monteverde, “pues existen indicios que hacen evidenciar que esta persona distrajo de su objeto para usos propios dinero propiedad de la Unison, pues incrementó injustificadamente su patrimonio, así como el de sus dependientes económicos, sin que al efecto pueda acreditar su legítima procedencia”.

El desglose de las propiedades del rector establecido en la demanda es el siguiente:

Dos casas, una en la calle Físicos No. 13 y otra en la calle Mazatán No. 141.

Además, un sedán Toyota Corolla 2011, una camioneta Toyota Highlander 2014 (a nombre de su esposa), una camioneta Toyota Siena 2009, un sedán Chevrolet Cruze 2011 y a nombre de su hijo un Toyota Camry 2015.

En los mismos términos se demanda al secretario académico Enrique Fernando Velázquez Contreras —también registrado como candidato a rector de la Unison—, quien posee un Mazda 3 2012, un Honda CR-V 2011 y a nombre de su esposa un Honda FIT 2014.

Además de dos casas habitación que suman un valor de casi cinco millones de pesos (de los cuales tres millones pagó al contado) y un préstamo hipotecario de medio millón de pesos que liquidó en su totalidad en septiembre de 2015.

También involucran en estas prácticas de corrupción a la secretaria de finanzas, Guadalupe Sánchez Soto.

El querellante establece una larga lista de irregularidades que durante el periodo de Heriberto Grijalva el ISAF ha señalado a la universidad, muchas de ellas no se han solventado.

Destaca la contratación por once millones de pesos en 2014 de los servicios de la empresa Proapyc Asesores SC para la instalación del software Integra, irónicamente, para ayudar en los procesos de integración de los presupuestos de la Universidad.

Hay constancia de que se han hecho pagos por un millón de pesos a esta empresa, sin embargo, fueron realizados sin que la empresa prestara el servicio a la Universidad de Sonora.

Como resultado de la demanda, personal de la Fiscalía Anticorrupción se presentó el pasado jueves 19 de enero en las instalaciones universitarias para solicitar la documentación correspondiente a la investigación.

El miércoles 25 de enero, autoridades universitarias presentaron ante la FA 80 mil copias de documentos en respuesta a la demanda del STAUS.