Nadie obliga a concesionarios a ser transparentes: ISTAI

Por Gerardo Moreno 

Los concesionarios del transporte urbano de Sonora no estarán obligados por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública a rendir cuentas por los más de 300 millones de pesos que recibirán este año del Gobierno del Estado, aseguró Arely López Navarro, comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información (ISTAI).

En entrevista para “Primera Plana”, precisó que en el caso del servicio del transporte urbano el subsidio que se entrega el Gobierno del Estado es hacia la tarifa y no al par

ticular, por eso aún y cuando se tratan de recursos públicos los concesionarios no estarían obligados a ser transparentes con ese dinero.

Señaló que la Ley contempla que los sujetos obligados a rendir cuentas cuando el recurso público se utilice para entregar algún subsidio o algún programa es precisamente la dependencia que otorga el recurso quien debe ser transparente con el mismo.

“Te puedo decir a manera general, porque así lo estuvimos platicando los comisionados que integramos el pleno, es que a Sictuhsa (Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo) propiamente el dinero que le ingresa como subsidio a la tarifa no serían ellos los sujetos obligados a rendir cuentas sino la dependencia o la vía por la cual les llega este subsidio”, precisó.

Es decir, que en el caso del subsidio al transporte urbano la solicitud de acceso a la información no va dirigida al concesionario sino a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (donde está la Dirección General del Transporte) o al Fondo para la Modernización del Transporte (FEMOT).

López Navarro explicó que caso contrario sería si el Ejecutivo Estatal entregará otro tipo de recurso público a Sictuhsa o a cualquiera de las sociedades de concesionarios de Sonora, para infraestructura, modernización de unidades u otro rubro que no fuera la tarifa, ahí sí tendrían que ser transparentes con la utilización de ese dinero y contestar cualquier solicitud de acceso a la información que se presente.

“Es través de esa unidad de enlace (de la dependencia) el que debe rendir cuentas y los sonorenses podemos pedir cuentas a través de ellos, en el caso que el dinero entre a tarifa, si entra a cuestión de modernización u otra asunto, ahí sí sería sujeto obligado el concesionario”, señaló.

El ISTAI no es oficioso

En ese sentido, Arely López aclaró que este tema es complejo y sería necesario que los comisionados del Instituto realicen un análisis jurídico profundo, porque si se trata de recursos públicos que le llegan a una organización particular (en este caso los concesionarios), sin embargo, aseguró que ellos no pueden analizar un tema de manera oficiosa y es necesario que llegue un recurso de revisión de tipo legal.

“Ahorita estamos hablando hipotéticamente que nosotros necesitamos que entre un recurso de revisión para poder entrar a una valoración jurídica real de cuáles son las atribuciones y darle un seguimiento puntual”, indicó.

Aseguró que el instituto analizaría la situación hasta que haya una solicitud de acceso a la información directamente a Sictuhsa o al Estado, se entregue una respuesta que el solicitante considere negativa y presente el recurso de revisión; hasta ese momento se realizaría el análisis jurídico de los comisionados.

Más 300 mdp en la opacidad

Este año el Congreso del Estado presupuestó más de 218 millones de pesos para que la Dirección General del Transporte entregue a los concesionarios por los pasajes gratuitos a estudiantes en periodo escolar y la tarifa preferente para adultos mayores y personas con discapacidad.

Además durante los tres primeros meses del año el Ejecutivo entregó 800 mil pesos semanales a los concesionarios para que enfrentaran el “Gasolinazo” —incremento que se dio al costo de la gasolina—, es decir poco más de 10 millones de pesos.

Y ahora, conforme a la nueva tarifa autorizada por el Consejo Ciudadano del Transporte, el Ejecutivo entregará mensualmente 15 millones de pesos extras, para que el usuario no pague el costo total del servicio. Es decir, de julio a diciembre los concesionarios recibirán 90 millones.

En este 2017 los concesionarios recibirán alrededor de 318 millones de pesos en subsidios directos del Ejecutivo, por los cuales, según la Ley de Transparencia, no están obligados a rendir cuentas, o bien, no se observan mecanismos claros para que brinden información de cómo ejercen este recurso público.