La lucha por el INAI

Si el presidente López insiste en que su gobierno sustituya al INAI, tendría que lograr una reforma al Artículo 6° de la Constitución, además al Artículo 16 que contempla la protección de los datos personales y todo ello traería como consecuencia que se violara el Artículo 1°

Por Juan J. Sánchez Meza

Para entender el propósito que anima al presidente López Obrador de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), así como los obstáculos constitucionales y legales que tendría que enfrentar para lograr ese propósito, vale la pena hacer algunas precisiones previas que espero, estimado lector, le resulten claras.

Por una parte, aclaremos que el INAI es un Organismo Constitucional Autónomo (OCA). Es constitucional porque no es creado por una ley ordinaria, sino por una reforma constitucional y es autónomo porque, en sentido positivo, ejerce autogobierno y, en sentido negativo, no depende de otro órgano para tomar decisiones. Tomemos en cuenta que no sólo estamos hablando de una autonomía de carácter formal, sino también financiera. Es, en pocas palabras, un nuevo poder, que viene a agregarse a los tradicionales poderes existentes: ejecutivo, legislativo y judicial.

Entonces tenemos que en México, además de los poderes que llamaremos tradicionales existen los OCAs a los que la Constitución les ha otorgado funciones tan diversas como la protección de los derechos humanos (CNDH); la de banca central (Banco de México); la función electoral (INE), la de información y estadística geográfica y económica (INEGI); la de acceso a la información pública y la protección de datos personales (INAI), etc., órganos todos ellos que, como dijimos, no forman parte del gobierno.

Entonces, si ya tenemos al Poder Ejecutivo, que es el gobierno; al Legislativo, que es el que hace las leyes; y al Judicial, que aplica las leyes, cabría preguntarnos ¿por qué se crearon los OCAs?

La respuesta más sencilla que encuentro es: por la desconfianza generalizada, e incluso irritación social, que en un momento dado generaron los poderes tradicionales y los factores de poder real, cuyos considerables excesos era necesario limitar, corrigiendo con ello los efectos perniciosos de la partidocracia. En ese sentido, se resolvió asignarles a los OCAs tareas que, si bien son sustanciales para el Estado, no debían estar sujetas a las coyunturas políticas.

Por otro lado, dada la naturaleza de las tareas primordiales encomendadas a esos nuevos órganos se consideró de la mayor importancia no solo dotarlos de autonomía, sino exigirles a sus integrantes los más  elevados grados de especialización y ética profesional y fijarle a sus procedimientos administrativos rigurosos estándares de agilidad, control y transparencia.

Como vemos, la creación de los OCAs generó un deslinde de responsabilidades del poder constitucional en la medida de que éstos, ahora, forman parte del Estado Mexicano pero no del Poder Ejecutivo Federal, y digo de este último porque fue de éste de donde se desgajaron las funciones que constitucionalmente asumieron estos órganos, para ejercerlas, nada más y nada menos, que con plena autonomía.

Dicho esto, quiero suponer que usted, amable lector, ya se dio cuenta de las razones que explican el desasosiego del presidente López Obrador cuando se enfrenta a la realidad de que él, tan dado al disfrute del poder personal ilimitado, tiene que conformarse con la añoranza del viejo régimen donde el presidente todo lo podía.

Me refiero al momento en que enfrenta la realidad de que él ya no puede organizar las elecciones; ya no es el encargado de la procuración de justicia ni el que puede mangonear los datos de la inflación o evaluar a capricho las políticas públicas, los programas de gobierno y los niveles de pobreza, mucho menos manejar a su antojo la estadística que mide el crecimiento económico y que —¡horror!— él y todos sus subalternos tienen plazos para contestar los requerimientos de información de periodistas o de simples ciudadanos que, de acuerdo con la ley, no tienen ni siquiera la obligación de identificarse para que, en cuestión de días, se sepa cuánto pierde PEMEX cada día, cuántos contratos de obra pública se otorgan a dedazo en este gobierno, cuántos millones de pesos cuesta el remozamiento del estadio de su hermano, etc.

Dediquemos estos últimos párrafos al caso del INAI que es el que recientemente perturba más a López Obrador. Este órgano del Estado Mexicano es el encargado de garantizar el derecho que todos los mexicanos tenemos, de acuerdo con el Artículo 6° de la Constitución, para acceder a la información pública que se encuentre en posesión de todos sujetos obligados que, para decirlo rápido, son todos los poderes del Estado, en todos los órdenes de gobierno, así como partidos políticos, sindicatos, etc., en el entendido de que lo único que la Constitución excluye es la información alusiva a la vida privada y los datos personales.

Lo anterior quiere decir que si el presidente López insiste en que su gobierno sustituya al INAI, tendría que lograr una reforma al mencionado Artículo 6°, lo que exigiría el voto de dos tercios de los integrantes de las cámaras de Diputados y Senadores, así como de más de la mitad de los órganos legislativos de las entidades federativas.

Pero eso no es todo, pues tendría que reformarse, también, el Artículo 16 de la Constitución que contempla la protección de los datos personales y —aquí viene lo bueno— resultaría que todo ello traería como consecuencia que se violara el Artículo 1° de la propia Constitución que señala que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos —el acceso a la información es un derecho humano— de acuerdo, entre otros, al principio de progresividad. Es decir, la Constitución prohíbe que cualquier derecho humano sufra algún tipo de regresión, como evidentemente lo sería el hecho de que la protección del derecho a la información estuviera en manos de un órgano dependiente del Poder Ejecutivo.

Disimulado como es, no conviene a la visión actual del presidente López recordar que gracias a la información obtenida en ejercicio de ese derecho humano fue posible conocer los escándalos de corrupción de la administración anterior, que fueron el pan de cada día de su campaña.

Por eso el presidente se ha inventado que los OCAs son muy caros y que nadie los conoce, cuando en realidad el INAI tiene asignado un presupuesto de 905 millones de pesos para el año 2021, mientras que el beisbol, promovido desde Palacio Nacional, ha costado 1,800 millones en dos años.

Se entiende, ahora, la molestia que le genera al presidente lo que queda fuera de su poder, especialmente lo que lo obliga a la transparencia de los quehaceres propios y los de su equipo. Seguramente sueña con el telégrafo, la televisión en blanco y negro, con el fax y con el pueblo delirante abrazando a su presidente y que nadie sepa nada de las andanzas de Bartlett, de las de su hermano Pío, de las pérdidas de PEMEX, de los fallecidos por COVID o los contratos de Felipa Obrador.

Para acabar pronto, López Obrador piensa que los mexicanos no tenemos por qué andarnos preocupando por averiguar nada más que aquello que la generosidad presidencial quiera platicarnos tempranito, todas las mañanas, que para eso él tiene sus otros datos ¡qué caray!

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@JuanJaimeSM50