De Primera Mano | AMLO sí puede ser enjuiciado, pero con un Senado no controlado

Por Francisco Javier Ruiz Quirrín

EL ESCÁNDALO en el que se ha envuelto el hijo mayor del Presidente López Obrador, ha permitido a éste último dejar una mayor evidencia de su espíritu de dictador, pero más allá de eso, sus impulsos y emociones, -traducidos en una ira incontenible-, le permitieron no dejar duda alguna de sus reiteradas violaciones al juramento que emitió aquel 1 de diciembre del año 2018, al asumir el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Esa sola actitud le llevaría a enfrentar un juicio político si hubiese en equilibrio de poderes representado en el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no es así porque su partido, MORENA, domina ampliamente tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República.

Pero además, el Presidente de México, al arremeter en contra del periodista Carlos Loret, ha cometido varios delitos según los expertos que han ventilado sus análisis sobre este tema ante el público y desde varias tribunas. Pero, ¿López Obrador podría ser acusado y procesado penalmente por violar la Constitución, la Ley de Protección de Datos Personales y el Código Fiscal de la Federación, entre otras normas?

La respuesta es afirmativa, según reformas constitucionales recientes que incluyeron la eliminación del fuero para todos los servidores públicos, pero dejaron un “candado” para su aplicación ante la posibilidad de una acusación directa contra el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Las y los legisladores morenistas y, por lo tanto, fieles seguidores de las instrucciones que surgen desde palacio nacional, aseguraron que dichas reformas marcaron un hito histórico porque “hasta el propio Presidente podría ser juzgado, inclusive en el tiempo mismo de estar ocupando el cargo más importante para un ciudadano de este país”.

Pero todo quedó en una farsa.

Con fecha 19 de abril del año 2018, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada de 370 votos, el dictamen que elimina el fuero Constitucional para todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República, quienes podrán ser imputados penalmente durante el tiempo de su encargo ante la comisión de un delito.

Con estas reformas, se señala que, de igual manera, se podrá imputar penalmente a gobernadores, diputados locales, presidentes municipales, regidores y alcaldes, magistrados de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, miembros de los consejos de las judicaturas locales, concejales. En todos los casos se observarían los principios de derechos y garantías procesales que la Constitución establece a toda persona.

El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, elimina también la Declaración de Procedencia, que quita la facultad a la Cámara de Diputados de determinar si ha o no lugar a proceder penalmente en contra de los servidores públicos que hubiesen incurrido en algún delito, es decir, de retirar o no el fuero.

Con fecha 15 de diciembre del año 2020, Con 89 en favor y 23 en contra, el Senado de la República aprobó, en los términos enviados por la Cámara de Diputados, la minuta que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución para suprimir el fuero al Presidente de la República y pueda ser juzgado por cualquier delito.

Es así que se avaló establecer en el artículo 108 que, durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común.

El Senado entonces, aprobó el dictamen de la reforma sobre el fuero presidencial, con la cual se abre la puerta a que el presidente de la República pueda ser juzgado incluso en el periodo de su mandato.

La minuta llegó a los senadores desde la Cámara de Diputados, donde se avaló establecer que en el artículo 108 constitucional se consigne que el presidente de la República podrá ser juzgado en funciones por traición a la patria, delitos de corrupción y electorales, así como por cualquier otro delito.

Morena, el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró siempre que esta reforma equivale a eliminar el fuero presidencial.

En contraste, los partidos políticos de oposición y algunos juristas señalaron que no es una eliminación como tal, puesto que la eventual acción penal contra un mandatario aún tendría que ser avalada por los senadores.

Esto se debe a que la reforma plantea que, si el presidente cometiera alguno de los delitos establecidos, primero tendría que ser enjuiciado políticamente por los senadores para que entonces pudiera avanzar un eventual proceso penal.

Los congresos que hasta este momento han aprobado la reforma constitucional son: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.

Finalmente, con fecha 19 de febrero del año 2021, El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto por el que se elimina el fuero para el titular del Ejecutivo.

El documento, publicado en el Diario Oficial de la federación (DOF), señala que el mandatario podrá ser imputado por traición a la patria, además de acciones relacionadas con corrupción, delitos electorales y todos aquellos crímenes «por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana«.

Estos son los artículos reformados de la Carta Magna.

El Artículo 108, en su segundo párrafo, establece lo siguiente: Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.

A su vez, el Artículo 111, en uno de sus últimos párrafos, indica:

Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Luego entonces, la disposición anterior sólo podría funcionar ante una Cámara de Senadores equilibrada en sus representaciones políticas.

En un escenario como el que observamos ahora en el Senado, con un dominio mayoritario de MORENA, jamás pasaría un enjuiciamiento contra el Presidente López Obrador.

Ese control facilita las posiciones dictatoriales y autoritarias del actual titular del Poder Ejecutivo Federal.

El escándalo de José Ramón escaló a Sonora

CUANDO INTENTÓ dar una respuesta contundente que lo desligara del escándalo en que se ha visto envuelto por las revelaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la

Impunidad y el periodista Carlos Loret de Mola, José Ramón López Beltrán, primogénito del Presidente López Obrador, sólo complicó más las cosas… Y es que sólo un consumado ingenuo dudaría de que los hijos del empresario Daniel Chávez Morán, propietario del Grupo VIDANTA (contratantes en Houston del “cachorro” de AMLO) no forman parte de una familia muy ligada al Presidente de México y, por lo tanto, sospechosa de conflictos de interés… Resulta que Chávez Morán fue designado por López Obrador como un supervisor en la construcción del Tren Maya (“sin cobrar un cinco”) y también invitado especial en la comitiva presidencial que estuvo en la Casa Blanca con el entonces Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump… José Ramón, aprovechó el pasado fin de semana para escribir en sus redes sociales, que desde hace un par de años labora para una empresa texana de nombre AKI Partners, realizando labores de asesor jurídico… Esa empresa es de los hijos de Chávez Morán… VIDANTA es un grupo empresarial muy acaudalado… Ha construido verdaderos paraísos que incluyen hoteles, bosques artificiales y lagos, en diferentes entidades de la república… Trascendió asimismo que Daniel Chávez Morán, fue el empresario que “obsequió” un terreno de 2 mil hectáreas en Puerto Peñasco, para que fuese utilizado en la construcción de una planta de energía solar, fotovoltáica, la que será considerada como una de las más grandes del mundo… La inversión de dicha planta correrá a cargo del gobierno federal y los recursos programados superan los 1,800 millones de pesos… Lo que también ha trascendido es que este terreno donado gracias al buen corazón de un rico mexicano, colinda con el proyecto “Vidanta” en esa región, el aeropuerto y un gran hotel, el “Mayan Palace”, ligado a los intereses del mismo grupo empresarial… Es decir, la enorme planta de energía solar será de suma conveniencia para el futuro de “Vidanta” en Puerto Peñasco… La “precisión” de José Ramón López Beltrán escaló tanto dentro de su propio escándalo, que su señor padre tuvo qué abordar el tema durante la “mañanera” de este lunes, tratando de deslindar a Daniel Chávez Morán, dado que ha colaborado con el Presidente “sin cobrar un solo cinco”… Total, que las exhibiciones al público de los negocios de amigos y gente ligada a la Presidencia de México, siguen adelante… Será muy difícil que López Obrador ordene una investigación seria para dar con posibles conflictos de interés, en primer lugar porque sería hacer lo correcto y, en segundo lugar, porque sabe el enorme riesgo que correrían sus hijos… Y él mismo.

Con “adjudicaciones directas”, pero Isssteson avanza en compra de medicinas

EL DIRECTOR general del Isssteson, Jesús Manuel Acuña Méndez, de nuevo apareció cumpliendo con su compromiso de informar de las compras de medicamentos, necesarios para los derechohabientes de ese organismo… “Transparentar estas adquisiciones, permite que se eviten las transas del pasado”, ha dicho con satisfacción este funcionario… Bien… En esta ocasión, dijo que se han aumentado en los primeros cinco meses de la nueva administración estatal, hasta un 97 por ciento más de la existencia heredada el pasado septiembre… Nunca dijo que el abasto ya estaba completo, pero sin duda, es un gran avance… El listado de este último mes, contempla en su mayoría, compras por “adquisición directa”, es decir, se hace a un lado la licitación pública que por Ley debe aplicarse en algunos conceptos y el total superó los 24 millones de pesos… Este punto y en otra ocasión ya lo ha defendido Acuña Méndez, al asegurar que el hacerlo “le ha producido ahorros a la institución” … Bien… Creo que aplicando la máxima de que “el fin justifica los medios”, podemos concluir que lo más trascendente es solucionar problemas y atender de manera digna y eficaz a los enfermos afiliados al Isssteson, a los que –desde luego-, no les interesan los procedimientos administrativos que se siguen, siempre y cuando surtan las recetas médicas expedidas por sus médicos y así, tratar sus enfermedades… Hay algunos criterios que señalan que para un funcionario público, no deberá haber nada ni nadie por encima de la Ley… Pero esa ya es materia de la Contraloría y sus engorrosos procedimientos para verificar el estricto cumplimiento de las normas, algo que también tiene sin cuidado a los enfermos bien atendidos y con sus medicamentos en mano… Sin embargo, el Gobierno de Sonora cuenta ahora con un contralor –Guillermo Noriega Esparza– que sigue al pie de la letra el librito y que por nada del mundo dejaría de cumplirlo, porque se traicionaría a sí mismo… Y vaya que este último funcionario conoce las condiciones de los enfermos afiliados al Isssteson… Cuando era dirigente de “Sonora Ciudadana”, una organización civil, no gubernamental, dio la pelea por los enfermos y sus garantías individuales, aún en contra de la Ley vigente de aquel momento… En fin.