Los Tribunales será la última defensa del INE

En manos de los Magistrados de la SCJN está si se da marcha atrás a reformas electorales que mandó aprobar el Presidente; tanto a nivel federal como estatal habría repercusiones en la operatividad y personal capacitado para organizar elecciones

Por Rigo Gutiérrez y Gerardo Moreno

Luego de publicación del “Plan B” electoral promovido por el Presidente López Obrador y aprobado por el Congreso de la Unión, serán los tribunales colegiados y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quienes resuelvan si son constitucionales o no, las modificaciones que hicieron a las seis leyes en materia electoral.

Sin embargo, el tiempo corre y las elecciones presidenciales de 2024 están a la vuelta de la esquina. Los Magistrados sólo tienen de plazo de este mes para definir si los cambios permanecerán o las afectaciones serán irreversibles.

El INE en Sonora impugnó el “Plan B”

En entrevista para el Programa de Soledad Durazo en TVD Primera Plana, el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Sonora, Martín Martínez Cortázar, detalló que en Sonora están trabajando 323 personas en el organismo, de los cuales un total de 56 son miembros del Servicio Profesional Electoral y serán los afectados.

Explicó que en la entidad hay una Junta Local y siete Juntas Distritales, y ellos serán los primeros impactados con la entrada en vigor de las leyes que contempla el Plan B. De entrada, ya cesó las funciones del Secretario Ejecutivo del INE.

El mismo sábado, se aprobó conformar un Comité, por los siete consejeros que no terminan su periodo en abril, para que analicen toda la conformación y reestructuración que viene para el INE con estas nuevas leyes.

“El propio viernes se interpusieron los primeros medios de impugnación, de parte del Secretario Ejecutivo, de parte del propio INE, y a partir de este lunes (06 de marzo) ya todas las personas interesadas y los integrantes de la institución podrán hacer lo propio, si esa es su intención”.

Explicó que en estos momentos siguen operando con las antiguas leyes, hasta que se determinen los acuerdos de la forma en que va a impactar, tanto en las actividades como en la reestructuración.

Dejan al INE “destazado”

Por ejemplo, las juntas distritales desaparecerán, donde de cinco miembros que tenían ahora solo habrá una persona encargada como vocal operativo.

Para el caso de la Junta Local (a nivel estatal) de cinco miembros quedarían solo tres integrantes, y desaparecen los 56 miembros del servicio profesional de carrera electoral que estaban adentro.

Para dar un poco más de luz sobre los funcionarios de carrera, uno puede ver la trayectoria del maestro Martínez Cortázar. Tiene 36 años en el servicio profesional de carrera, fue de los fundadores del Instituto Federal Electoral (IFE), posteriormente INE. El mismo instituto le exige mantenerse en constante capacitación, actualización y periódicamente es sujeto a evaluación.

“Tenemos un programa que cumplir y quien no lo cumpla, incluyendo las evaluaciones, no es posible que continúe dentro del servicio profesional electoral, y han ocurrido casos que así ha sido. Pero todos los que en este momento permanecemos, por supuesto que tenemos que cumplir este programa que se llama de formación de desarrollo, actualización, evaluaciones, en todas las actividades anualmente somos evaluados, y a la vista de la ciudadanía”.

En el caso de Sonora, detalló que ya hay algunos integrantes del INE que se verán afectados por esta determinación del Plan B que comenzaron su defensa legal, en pleno uso de sus derechos ciudadanos.

“Hasta estos momentos ya se han presentado algunos amparos, algunos juicios electorales, que son del personal que integramos la institución. Pero también tenemos información de que algunas organizaciones de la sociedad civil que también se han amparado”.

Afectación hasta para dar las credenciales

Martínez Cortázar explicó que las actividades sustantivas del INE no se pueden realizar sin el apoyo del personal administrativo, sin embargo, en el Plan B marca que se deben buscar espacios públicos, como oficinas de gobierno o escuelas, para instalar los módulos de atención ciudadana, lo que pone en riesgo la información que manejan, en cuanto a datos personales de los ciudadanos.

“En este momento tenemos un sistema muy bien elaborado, muy cerrado y cuidado, para que no se filtre información de ningún ciudadano, que no sea específicamente para la credencial para votar con fotografía y la lista nominal”.

Por otro lado, señaló que no habrá garantías, ahorita se cuenta con los espacios y los módulos tienen habilitadas ciertas características y se está en un sistema de certificación de calidad, para la entrega de las credenciales para votar.

Precisó que el INE ha demostrado a la ciudadanía que se organizan y se llevan a cabo elecciones con calidad, certeza, legalidad y credibilidad, y ahora lo que se pretende con este Plan B es dejar atrás toda esta parte y regresar a lo que la historia ha mencionado, los analistas y expertos, a las elecciones de antes.

Se analiza afectación en lo local

El consejero del Instituto Estatal Electoral (IEE), Daniel Rodarte Ramírez, explicó que de entrada en lo general estas reformas en materia electoral a seis leyes no afectarán a la labor propia del instituto local, solamente al INE, sin embargo, como los procesos electorales se organizan de manera coordinada, sí deberán ver cómo se dará esta dinámica.

Para esto, adelantó que los integrantes del Consejo General del IEE ya acordaron comenzar un análisis a fondo y serio de cómo afectará este Plan B electoral, en la coordinación que deben tener con el INE en el proceso electoral.

“En el instituto parece ser que no, pero sí va a tener implicaciones de cambios de logística porque nosotros tenemos una correlación muy unida con el INE, porque hay una casilla única y nosotros nos coordinamos con ellos”.

Desafortunadamente aún es incierto el terreno con la aplicación de esta ley ya que el propio consejo General del INE anunció que interpondría una serie de recursos de inconstitucionalidad contra estas leyes, además que los propios ciudadanos afectados con la misma también promoverán juicios laborales.

“El plan B está sujeto a lo que vayan a determinar en su momento las impugnaciones, tanto por la vía jurídica, como por la vía electoral. Ayer estábamos viendo que se promovieron acciones de controversia constitucional y de inconstitucionalidades, a la par que quienes han sentido que se han afectado sus derechos laborales, buscarán también las vías jurídicas”.

En ese punto, explicó que dentro del instituto siempre se ha dicho que no están para criticar una ley sino para aplicarla, por eso esta ley deberá ser aplicada, pero como de momento aún es incierto la forma en que actuará el INE, tendrán que esperar a terminar el análisis y reuniste con la Junta Local que quede para ver cómo avanzan.

“En caso que hubiera alguna afectación pues tendríamos que ver cómo lo vamos a resolver, pero es muy incierto. Necesitamos terminar el análisis primero para poder determinar si hay una afectación, de qué grado y en su momento buscarle soluciones, a reserva de lo que resuelvan los tribunales colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Noción determinen si estás leyes continúan”.

Hay fecha límite

El doctor Rodarte Ramírez explicó que la propia ley electoral marca como único plazo para impedir la entrada en vigor de una ley que afecte las reglas de un proceso electoral es seis meses antes del inicio del proceso electoral, que en este caso será en septiembre del 2023, por lo cual este mismo mes deben resolverse todas las impugnaciones y juicios de amparo alrededor de estas reformas.

“Si ahorita el Poder Judicial determinará que estas leyes son inconstitucionales ya no habría tiempo de que el Ejecutivo mandará otra Ley y entonces tendremos que seguir con las que ya tenemos. Entonces si ya no da en ese tiempo ya no va haber modificaciones y tendremos que quedarnos con lo que ya teníamos”.

Al margen de todo este proceso, explicó que desde el IEE ya están con la organización del próximo proceso electoral, incluso ya este año se aprobó parte del presupuesto para comenzar con los preparativos preelectorales.

“Nosotros terminamos un proceso electoral y literal al día siguiente estamos comenzando a planear el que sigue, porque planear un proceso electoral es complejo, no es nada sencillo, sobre todo porque al menos aquí en Sonora hubo cambios en la distritación y hay algunos que se movieron, antes teníamos un distrito con más de 40 municipios y ahora se redujo a menos y se distribuyeron porque se movió por el número de habitantes”.

Explicó que desde ya se está pensando en la adquisición del material y papelería electoral, se está buscando recuperar muchos de los instrumentos utilizados en el proceso pasado, como las urnas, mamparas y porta casillas, para así evitar tener que gastar en comprar más.

“Ya estamos planeando las convocatorias para los capacitadores y asistentes electorales, para los consejeros electorales en los municipios y distritos, y comenzar la planeación del arrendamiento de los inmuebles para la instalación de estos consejos”.

Señaló que ellos seguirán trabajando en organizar el proceso electoral que viene, mientras esperan los cambios que pudiera haber por el Plan B electoral, para luego reunirse con las personas encargadas del INE en Sonora y coordinarse para todo el trabajo necesario previo, durante y después de las elecciones.