Aval presidencial a la censura en todo el país

Por Francisco Javier Ruiz Quirrín

LOS MALOS ejemplos cunden y, sobre todo, cuando son avalados por el poder absoluto. A estas alturas para nadie es secreto que la gobernadora de Campeche y el gobernador de Puebla, promovieron e impulsaron leyes para castigar a quien ejerza la crítica en contra de ellos en lo personal o de sus gobiernos.

La campechana Layda Sansores instruyó para que al periodista en retiro, Jorge Luis González, se le sujetara a proceso y se le condenara a pagar una multa de dos millones de pesos por haber denunciado corrupción en el gobierno morenista de ese Estado y separarse de su trabajo durante dos años.

El poblano Alejandro Armenta, creó el delito de “ciberacoso” a manera de evitar que periodistas o cibernautas se atrevan a lanzar duras críticas contra su persona o contra su gobierno. A esta reforma se le bautizó como “Ley Censura”.

En ambos casos lo que está en juego es la Libertad de Expresión. Sobre este tema México había caminado sobre dos posiciones surgidas del Ejecutivo Federal y de la Suprema Corte: “Es preferible tolerar excesos en la libertad de expresión, que censurarla”, se decía por los mandatarios en años anteriores.

Mientras tanto, una jurisprudencia de la Corte estableció hace años que el servidor público, el político, el gobernante, deberá tolerar aún más la crítica en razón de su papel en la vida pública.

Lo anterior, por los hechos, se acabó en este “segundo piso de la cuarta transformación”.

La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, justificó a sus dos compañeros gobernadores.

Sobre el caso Puebla dijo que el “ciberacoso” ya es conocido y se practica en redes sociales y sobre Layda Sansores, estimó que deben detenerse los ataques brutales en razón de género:

“No se vale ejercer violencia en razón de género por ser mujer. Una cosa es señalar errores de una persona por su actividad política, por sus funciones en el servicio público y otra muy distinta el atacarla por pertenecer a determinado género”.

No se puede ser tan ingenuo. Tanto Armenta como Sansores utilizaron el poder para castigar a críticos contra su persona o su gobierno, al denunciarse públicamente posibles actos de corrupción.

Y la presidenta repetía: “La libertad de expresión se respeta ahora más que nunca…”.

Los casos de Puebla y Campeche también se han replicado a ciudadanos. Ahí están los ejemplos de la actriz Laisha Wilkins, demandada por “violencia en razón de género” por Dora Alicia Martínez, excandidata a magistrada del Poder Judicial Federal, quien se llamaba a sí misma “Dora la Transformadora”.

El “pecado” de la actriz fue replicar el encabezado de una publicación que decía “Dora la censuradora” y añadir un “ja-ja”.

Y qué decir del caso de la hermosillense Karla María Estrella, quien se atrevió a publicar en sus redes sociales que Diana Karina Barreras, esposa del diputado presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, había logrado su diputación federal gracias a una exigencia de su poderoso esposo.

Todo un caso de nepotismo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación calificó como el ejercicio de “violencia en razón de género” y condenó a la ciudadana a pagar una multa de 70 mil pesos y durante 30 días publicar una disculpa.

Todos estos casos, han sentado un precedente muy nefasto, porque inhibe el ejercicio de la crítica no solo de periodistas, sino de la ciudadanía, quienes ahora podrán ser sujetos a juicios con la seguridad de recibir una condena.

Esta es la nueva Libertad de Expresión en México. Y todavía la presidenta Sheinbaum se atrevió a decir que en este gobierno no se habla por teléfono para pedir el cambio de algún reportero por haber publicado algún inconveniente al gobierno.

Recordé a Carlos Loret y más recientemente a Salvador García Soto.