Inseguridad en Hermosillo: cuando el crimen toca la puerta

Por Rodolfo Montes de Oca Mena
La desaparición de Margarita Márquez Meraz, quien salió a realizar un trámite bancario y no volvió (por lo menos hasta el momento de escribir la presente), así como el reciente hallazgo de tres fosas clandestinas con restos humanos y más de 200 prendas por parte del colectivo Madres Buscadoras en Hermosillo, nos recuerdan que la inseguridad en esta ciudad no es una percepción: es una realidad cruda y persistente. A estos hechos se suma el violento robo a la casa habitación de la expareja del cantante Carín León perpetrado a escasos metros de donde habitan mis mayores afectos, y que ilustra una preocupante evolución en el modus operandi de este delito: los robos a vivienda en Hermosillo se han vuelto más agresivos, y aunque su número total se dice, pero lo dudo, que ha disminuido, el incremento en su violencia deteriora profundamente la sensación de seguridad ciudadana.
Hermosillo ha dejado de ser aquella ciudad donde los niños podían jugar en las banquetas. Hoy es una ciudad atravesada por el miedo, donde la violencia juvenil, las desapariciones forzadas y los delitos patrimoniales ocurren con frecuencia alarmante y cada vez mas cerca de nuestro entorno familiar.
Lo más preocupante es que las condiciones actuales de inseguridad en Hermosillo guardan un inquietante parecido con las que marcaron el inicio de la debacle en materia de seguridad en municipios como Cajeme, en Sonora, y Villahermosa, en Tabasco. En ambos casos, se ignoraron las señales tempranas de descomposición: incremento de delitos patrimoniales y una creciente presencia de violencia organizada. Hoy, esas ciudades enfrentan niveles de criminalidad que parecían impensables. Hermosillo aún está a tiempo de evitar ese destino, pero no si continúa negando la gravedad del problema.
Es indispensable subrayar que el Ayuntamiento de Hermosillo tiene una obligación constitucional ineludible en esta materia. El artículo 115, fracción III, inciso h) de nuestra carta magna dispone claramente que corresponde también a los municipios la función de seguridad pública, incluyendo la policía preventiva municipal. Por tanto, el gobierno municipal no puede seguir simulando que la inseguridad no es su problema.
Con una capacidad económica muy superior a la de cualquier otro municipio sonorense, el Ayuntamiento de Hermosillo debe invertir su presupuesto en proporción al principal problema que aqueja a la ciudad: la inseguridad. Es urgente que dirija recursos hacia una prevención del delito con base en inteligencia estratégica, y no siga apostando solo por rondines de patrullas, ni mucho menos por soluciones cosméticas como la colocación de “patrullas de cartón”. Es igualmente urgente que se deje de despilfarrar dinero público en eventos frívolos y costosos como conciertos millonarios en las Fiestas del Pitic, festivales de globos y demás espectáculos sociales que funcionan, como el Carnaval de Guaymas, más como distractores mediáticos que como políticas públicas de mejora estructural. Pan y circo no es una estrategia de seguridad.
Tampoco podemos ignorar el colapso operativo del Ministerio Público. Son muchas más las carpetas de investigación que debe abrir por la comisión de delitos en Hermosillo que las que puede atender con sus limitados recursos materiales y humanos. La consecuencia es una Fiscalía saturada. Por eso es vital que la prevención municipal se fortalezca y cumpla con su papel de inhibir la comisión del delito, antes de que el sistema de justicia penal tenga que intentar corregir —con muy pocas herramientas— lo que pudo evitarse desde el origen.
Quienes si nacimos en esta ciudad no podemos seguir normalizando esta crisis. Hermosillo requiere decisión, visión y responsabilidad. No basta con discursos: se necesita voluntad política y valentía para devolvernos, al menos, el derecho de vivir sin miedo.
Mientras eso no ocurra, los hermosillenses seguiremos viviendo en una ciudad desbordada, donde la siguiente víctima del delito puede ser cualquiera… aunque no tenga un nombre famoso.
*Primer Fiscal General de Justicia en la historia de Sonora. Abogado penalista con Maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal en la misma institución.