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Enriquecimiento ilícito en Sonora: asignatura pendiente

Por Rodolfo Montes de Oca Mena

En la historia de México, el poder público ha sido, para muchos, la vía más efectiva para adquirir casas lujosas que no corresponden ni a su trayectoria ni a sus ingresos. Desde José López Portillo, que construyó la famosa “Colina del Perro” en Lomas de Chapultepec mientras el país enfrentaba una de sus peores crisis económicas, hasta Arturo “El Negro” Durazo, quien erigió su “Partenón” en Zihuatanejo con mármol importado y piscinas dignas de un emperador, la historia nacional está plagada de residencias insultantes.

Ya en tiempos recientes, el expresidente Felipe Calderón dejó atrás su modesta vivienda para mudarse a una amplia residencia en la colonia Las Águilas de la Ciudad de México. Enrique Peña Nieto llamó la atención del país con la llamada “Casa Blanca”, financiada, según se dijo, por un contratista favorecido por su gobierno. El hijo de Andrés Manuel López Obrador ocupó una “Casa Gris” en Houston, arrendada a un alto ejecutivo de una empresa contratista de Pemex. En Campeche, Alejandro “Alito” Moreno presumió acabados palaciegos y albercas privadas en una casa de valor multimillonario, mientras en Texas, el panista Diego Sinhue Rodríguez, exgobernador de Guanajuato, estrenaba una residencia de alto nivel tras dejar el cargo.

En Sonora, el caso del exgobernador Guillermo Padrés Elías ilustra con claridad el patrón. Según se sabe, antes de asumir la gubernatura vivía en una casa modesta en el fraccionamiento Valle Bonito de Hermosillo. Durante su mandato construyó una extensa residencia campestre en San Pedro El Saucito de esta misma ciudad, con caballerizas, áreas recreativas y una vivienda principal de lujo, a la cual se mudó al término de su sexenio. Nadie en su sano juicio podría afirmar que dicha propiedad fue financiada con su salario como servidor público.

Lo mismo puede decirse del exsecretario de Gobierno Miguel Ernesto Pompa Corella, quien adquirió una residencia de alto valor en la colonia Pitic, una de las zonas más exclusivas de Hermosillo. Aunque en algún momento intentó explicar la legítima procedencia de los recursos con los cuales la adquirió, jamás logró convencer de ello a la opinión pública, que observó con escepticismo el súbito ascenso patrimonial del funcionario.

Durante los dos sexenios sonorenses que preceden al actual, se tiene conocimiento de que varios funcionarios estatales adquirieron propiedades en fraccionamientos como Los Lagos y la misma Pitic. Aunque muchos de estos casos no han sido documentados por los medios, es un secreto a voces en Hermosillo que el paso por el gobierno se convirtió en una ruta rápida al patrimonio de élite. Estos comportamientos son, sin duda, incompatibles con el principio de la honrada medianía juarista que hoy postula la Presidenta Claudia Sheinbaum. A la ciudadanía le ofende y molesta ver a servidores públicos de carrera, sin historial empresarial, instalados en residencias propias de la alta burguesía.

Pero el problema no es solo moral o político. Desde el 19 de julio de 2017, el artículo 192 del Código Penal de Sonora —que tipifica el delito de enriquecimiento ilícito— quedó jurídicamente inoperante. Ese día entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual abrogó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Sonora, a la que dicho precepto penal remite expresamente. Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito han sostenido que tipos penales con redacciones idénticas en otras entidades federativas son inconstitucionales, por infringir el principio de legalidad penal, tanto en su vertiente de reserva de ley como en la de taxatividad, ya que trasladan a normas administrativas (en este caso ya inexistentes) elementos esenciales del delito, impidiendo conocer con certeza el alcance de la conducta prohibida. Así, en Sonora, no es posible sostener hoy una acción penal válida por enriquecimiento ilícito con base en ese artículo.

Es indispensable que el Congreso del Estado corrija de inmediato esa deficiencia legal, actualizando la referencia normativa del tipo penal o eliminando la remisión a un ordenamiento inexistente como actualmente ocurre. De lo contrario, no habrá forma de perseguir penalmente a quienes incurran en este tipo delictivo y el discurso de la honrada medianía, en este aspecto, será tan hueco como el eco en las salas de mármol de sus mansiones. Porque en Sonora, como en muchas partes del país, abundan los políticos que se dicen juaristas, pero que a la hora de vivir, lo hacen como empresarios… aunque en toda su vida no hayan vendido ni un tornillo.

 

 

Primer Fiscal General de Justicia en la historia de Sonora. Abogado penalista con Maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal en la misma institución.

 

Correo: mdeocasc@hotmail.com