El aborto como fenómeno de riesgo social

Por Guillermo Moreno Ríos

Diputadas y Diputados sonorenses: 

En México solemos hablar del aborto en términos morales, religiosos o de salud pública, pero rara vez lo analizamos como lo que es: un fenómeno de riesgo socio-organizativo, comparable a los que la Ley General de Protección Civil clasifica como perturbadores del orden social. 

La UNDRR y el Marco de Sendai 2015-2030 establecen que toda sociedad debe adoptar un enfoque multiamenaza. México lo concretó en seis categorías: geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos, astronómicos y socio-organizativos, estos últimos incluyendo terrorismo, enfrentamientos armados, fallas en servicios estratégicos o narcoviolencia, todos con impacto masivo en comunidades enteras.

Bajo esa lógica, el aborto encaja conceptualmente como fenómeno socio-organizativo:

• Surge de decisiones colectivas —legislativas, médicas y culturales— que lo permiten o promueven.
• Impacta en la población más vulnerable e indefensa.
• Se practica de manera masiva, con consecuencias demográficas, familiares y sociales.
• Erosiona la cohesión cultural y jurídica al normalizar la eliminación de vidas como si fuera una política pública aceptable.
• La mujer que aborta muchas veces es presionada o llevada con engaños, por su entorno familiar, social o económico.
• Los efectos del aborto en la salud física y mental de la mujer son graves y persistentes, dejando secuelas emocionales y psicológicas profundas.
• No existe aborto seguro: aun en entornos médicos, siempre conlleva un riesgo latente para la vida y la salud de la mujer.

La verdadera salida está en impulsar políticas públicas a favor de la mujer embarazada.

El marco jurídico mexicano

La Constitución, en su artículo 1°, obliga a todas las autoridades a proteger los derechos humanos conforme al principio pro persona, favoreciendo siempre la interpretación más amplia en favor de la dignidad. 

Reconocer la vida prenatal como máxima vulnerabilidad no es un capricho ideológico, es un mandato jurídico y de sentido común. Ignorarla abre la puerta a una contradicción: ¿cómo puede un Estado movilizarse frente a un sismo o tormenta para salvar a los más frágiles, y al mismo tiempo institucionalizar la eliminación de quienes son absolutamente indefensos?

El enfoque de gestión de riesgos

En protección civil utiliza una fórmula básica y universal:

Riesgo = (Peligro × Vulnerabilidad × Exposición) ÷ Capacidad de respuesta.

Esto significa que el nivel de riesgo no depende solo de la probabilidad de que ocurra un evento, sino de la gravedad del daño potencial (peligro), de qué tan indefensa está la población (vulnerabilidad), de cuán frecuente o constante es la amenaza (exposición), y de qué tan preparados estamos para responder (capacidad de respuesta).

Aplicando esta fórmula al aborto:

• Peligro: máximo, porque el daño es la pérdida de la vida misma.
• Vulnerabilidad: absoluta, ya que el ser humano en gestación carece de toda defensa.
• Exposición: constante, pues cada embarazo se convierte en un punto de riesgo.
• Capacidad de respuesta: nula, ya que el feto depende por completo de terceros, incluyendo la madre.

El resultado es un riesgo total: el aborto se convierte en el fenómeno de mayor riesgo social, porque elimina precisamente al actor más vulnerable de la familia humana.

La pobreza, la desigualdad o la falta de oportunidades no se resuelven con muerte: se resuelven con justicia social, con empleo, con políticas públicas que sostengan a quienes lo necesitan. “No se puede eliminar la pobreza matando a los pobres”.

Una propuesta resiliente

Hablar de resiliencia es hablar de soluciones, no de confrontaciones. Defender la vida en su conjunto implica:

• Apoyo integral a las madres: salud, manutención, empleo, protección contra violencia y adopción como alternativa real.
• Prevención: educación sexual y corresponsabilidad social para reducir embarazos no deseados, fortalecer a la familia y los valores como política pública.
• Reconocimiento médico y ético: proteger la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.
• Defensa jurídica: alinear las leyes con el principio pro persona y el deber constitucional de proteger al más vulnerable.
• Cambio cultural: asumir que resiliencia significa salvar vidas, no descartarlas.

Diputadas y diputados: 

La gestión de riesgos nos enseña que un sistema solo es tan fuerte como su eslabón más débil, y que en cualquier desastre lo primero es salvar a los más frágiles. 

Naciones Unidas lo resume en una frase contundente: en derechos humanos, ‘nadie se quede atrás’. ¿Cómo justificar entonces que sí quede atrás el ser humano en gestación, cuya vulnerabilidad es absoluta, con riesgo total y sin capacidad de respuesta? 

En ésta ocasión no estarán votando un trámite o una cuenta pública, están decidiendo qué tipo de sociedad quiere ser Sonora: una que normaliza la muerte de los más indefensos o una que se fortalece protegiendo al débil como signo de verdadera grandeza. 

Hoy tienen la oportunidad de legislar con visión, coherencia y responsabilidad histórica. Su voto puede consolidar la resiliencia social o institucionalizar la muerte como política pública.