De Primera Mano

Por Francisco Javier Ruiz Quirrín

Martes 24 de Septiembre del 2013

Documentos avalan contundencia de Exalcalde Javier Gándara

EL INSTITUTO Tecnológico de Sonora ha sido de manera tradicional para los sonorenses, motivo de orgullo.

El ITSON llegó a Cajeme para formar y forjar a las nuevas generaciones pertenecientes a una región rica en tierras y en hombres.

Inclusive en una ocasión, un Gobernador de Sonora ponderó y apoyó mucho más al ITSON que a la Universidad de Sonora.

El doctor Samuel Ocaña, no desaprovechó cuando menos durante la lectura de uno de sus informes de gobierno, destacar la presencia y los resultados del Instituto Tecnológico de Sonora, dejando a la Unison envuelta en sus problemas de agitación y poca vocación académica, escenario inocultable para la sociedad en la década de los setentas y ochentas.

Impensable, el que hubiese alguna autoridad en la excelente institución de educación superior del sur de Sonora, que desviara su camino de éxitos y de vida ejemplares para rodos.

Sin embargo, hoy tiene ante sí misma y a quien se debe, a sus hijos, a su gente, un motivo de escándalo que avergonzaría a cualquiera.

Un exrector y dos vicerrectores están siendo acusados penalmente ante el ministerio público de Ciudad Obregón para que abra una investigación y en su caso, castigue a los responsables con todo el peso de la Ley.

La actual administración preparó una demanda donde se leen acusaciones directas al considerar sustentados señalamientos, entre otros, de “ejercicio indebido o abandono del servicio público, peculado, uso indebido de atribuciones y facultades, así como ejercicio abusivo de funciones», en contra del  Rector Gonzalo Rodríguez Villanueva y los Vicerrectores Administrativos, Roberto Herrera y Cristina Castillo Ochoa.

Existentes pruebas contundentes –se dice- de irregularidades en la adquisición de inmuebles a valores elevados lo que produzco un menoscabo en el patrimonio universitario.

Es lastimero y triste este escenario. Como si algo le faltara a Cajeme luego de que en los últimos meses la violencia se ha enseñoreado contra esa población, a la vista de autoridades municipales incapaces de afrontar dicha situación.

Desde luego, es un episodio que mancha el prestigio y la vida de la enseñanza superior en el Yaqui.

En lo que respecta a los acusados, más les vale dar la cara y afrontar la situación, con todo y que se asegura que uno de los señalados es actual asesor del Ayuntamiento de Cajeme.

EN HERMOSILLO y ante señalamientos de regidores del PRI acusando al exalcalde Javier Gándara Magaña de presuntas irregularidades en la adquisición de 100 mil medidores de agua durante su administración, así como la “venta” de casi tres hectáreas ubicadas en el Vado del Río a un sobrino de Juan Bautista Valencia Durazo y, finalmente, haber vendido el rastro TIF “a precios muy bajos”, quien fuera tesorero municipal precisamente en la gestión de Gándara Magaña, Sergio Salido Encinas, preparó un documento donde se explica con claridad el procedimiento en cada uno de los casos mencionados y solventa perfectamente las dudas al respecto… En el caso de la venta del Rastro TIF, demuestra cómo se integró una comisión por tres regidores del PAN (“que también presionaron en su momento”) y dos regidores del PRI (Sara Thomson y Alvaro Enciso) los que estuvieron de acuerdo y avalaron la venta del inmueble en 27.5 millones de pesos, luego de una convocatoria pública y destacada en el diario de mayor circulación de Hermosillo… En el caso de la compra de los 100 mil medidores para el agua potable, exhibe documentos donde se observa la licitación, las dos empresas ganadores y la subcontratación de diez firmas para la instalación de dichos medidores… Fueron instalados 80 mil y el resto se heredaron a la actual administración municipal… Ahí están los documentos… En el caso del terreno en el Vado del Río que aparentemente el Ayuntamiento vendió a Juan Valencia a un precio irrisorio en 2010, en realidad fue una regularización por mandato judicial al señor Trinidad Ayala Valencia… Fue un juicio que incluyó una Prescripción a su favor que inició Ayala ante un juez en 1994 y fue diez años después, en 2004, que se resolvió a favor del particular… Vemos la copia de la sentencia… En 2010, lo que el Ayuntamiento hizo fue cumplimentar la orden judicial, titulando el terreno de casi tres hectáreas a Ayala y cobrarle el 12 por ciento del valor comercial del inmueble, cuyo monto rebasó el medio millón de pesos… El valor comercial de las casi tres hectáreas fue de poco más de 4.5 millones de pesos… La operación que Ayala y Juan Valencia hicieron después ya fue exclusivamente entre particulares… Si acaso, Ayala Valencia (sobrino de Juan Valencia) actuó como prestanombres del actual dirigente estatal del PAN, podrían ambos tener señalamientos de tipo moral, pero el hecho es que se llevaron a cabo los procedimientos legales… Por los documentos exhibidos, todo se observa muy convincente… En la próxima edición semanal de «Primera Plana», ofreceremos dichos documentos.

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