Atenta Trump contra lazos binacionales de etnia Tohono

Por Antonio López Moreno 

Integrantes de la nación indígena Tohono O’odham, asentada en Sonora y Arizona, mantienen un llamado a la comunidad internacional para que interceda ante el gobierno de Estados Unidos, debido a un cobro de 1,200 dólares impuesto a quienes cruzan la frontera, pese a tratarse de un territorio históricamente compartido por esta etnia.

La gobernadora tradicional de esta nación, Soraya María Guardado Salgado, explicó que esta medida deriva de disposiciones implementadas durante el gobierno de Donald Trump, y que afecta directamente a los miembros de la comunidad que viven en México, pero trabajan en Estados Unidos, limitando su libre tránsito.

Guardado Salgado detalló que el cobro está relacionado con un permiso humanitario conocido como HR1, cuyo costo inicialmente era de mil dólares, pero que ha incrementado a 1,200, afectando particularmente a quienes no cuentan con visa, ya que solo estos últimos pueden entrar y salir sin restricciones adicionales.

La nación Tohono O’odham está conformada por más de 11 mil personas, de las cuales aproximadamente 9 mil 500 residen en Estados Unidos y poco más de 2 mil en México, lo que evidencia una dinámica binacional que complica aún más la aplicación de medidas migratorias restrictivas.

Lenguas indígenas en riesgo 

Para Soraya, su lengua materna está casi muerta, pues son solo unas dos o tres personas quienes la conocen. En ese sentido explicó que ha sido difícil preservar el dialecto, pues con el paso de los años se ha dejado de lado. 

“En realidad son como dos o tres hablantes nomás, es importante que se rescate, porque además, los pocos que la conocen no la enseñan”. 

En paralelo, en Sonora habitan actualmente 119 mil 987 personas indígenas pertenecientes a ocho tribus originarias: Mayo, Yaqui, Pima, Guarijío, Cucapah, Kikapú, Pápago y Seri, además de comunidades migrantes como la zapoteca, tarahumara y triqui, esta última con una presencia significativa en la costa de Hermosillo.

De acuerdo con los datos poblacionales, la tribu Mayo es la más numerosa con 66 mil 066 integrantes, seguida por la Yaqui con 30 mil 386, mientras que otras comunidades como los Kikapú y Cucapah presentan poblaciones considerablemente menores, reflejando una diversidad étnica con distintos niveles de vulnerabilidad.

Las comunidades indígenas enfrentan importantes carencias sociales, entre ellas el acceso limitado a servicios de salud, ya que 31 mil 840 personas no cuentan con atención médica, lo que representa un obstáculo significativo para su bienestar y calidad de vida.

En materia económica, 44 mil 576 personas se encuentran desempleadas o sin una fuente formal de ingresos, lo que dificulta su acceso a oportunidades de desarrollo, mientras que en vivienda persisten rezagos como la falta de drenaje en 17 mil 945 hogares y la ausencia de electricidad en 2 mil 658 casos.

El ámbito educativo también refleja desafíos importantes, con 10 mil 449 personas analfabetas y 11 mil 827 sin ningún tipo de estudios, situación que limita su integración plena en la sociedad y acentúa la necesidad de políticas públicas con enfoque intercultural.

Ante este panorama, los gobiernos han impulsado planes de justicia para atender demandas históricas, destacando el Plan de Justicia Yaqui y proyectos de infraestructura y educación en comunidades como la Seri, esfuerzos que buscan mejorar la calidad de vida y preservar la identidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas.