A cuatro años de la tragedia, Germán Larrea se burla de los habitantes del Río Sonora

Los químicos tóxicos que derramó la mina Buenavista del Cobre, se encuentran presentes en el organismo de 99 niños que en agosto de 2014 quedaron expuestos a la contaminación al jugar en las aguas del caudal

Por Cristina Gómez Lima 

Ures, Sonora. Ya pasaron más de cuatro años del “peor desastre ambiental del país” la tragedia sigue derramada sobre el Río Sonora mientras Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, logró con su poder e influencia burlar su responsabilidad.

El seis de agosto del 2014, por negligencia comprobada, la mina Buena Vista del Cobre de Grupo México vertió más de 40 millones de litros de tóxicos sobre los Ríos Bacanuchi y Sonora, Grupo México creó un Fideicomiso para remediar los daños, pero este fue utilizado para enriquecer a familiares y amigos.

Germán Larrea utilizó el Fideicomiso Río Sonora (FRS) para enriquecer con 184 millones de pesos a su primo Carlos Rojas Mota Velasco, propietario de la empresa “Rotoplas”, que fue la proveedora de los tres mil tinacos a sobre precio que entregó por predios en los municipios afectados, algunos sin persona que abastecer. 

Los afectados reclamaron que a pesar de sufrir catastróficas consecuencias a causa de los millones de litros de tóxicos que Grupo México les vomitó, este no se ha responsabilizado por la remediación que le corresponde, mientras su situación de salud ha empeorado a causa de los metales pesados que son bioacumulables en sus cuerpos.

Por su parte, los Comités de Cuenca del Río Sonora asesorados por PODER (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e investigación) denunciaron que el FRS destinó 184 millones 954 mil pesos a la compra de tres mil contenedores de agua, mientras la suma entregada directamente a los afectados en su salud a causa de la contaminación por el derrame fue de apenas siete millones 805 mil pesos.

Compró tinacos con 150 millones de pesos al Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, AC. El Colegio de Ingenieros Ambientales de México, AC, fundado poco después del derrame por Rodolfo Lacy Tamayo, presidente del comité técnico del FRS, recibió 28 millones 614 mil pesos. Y Rotoplas obtuvo cinco millones 502 mil pesos.

A casi cuatro años del mayor desastre ambiental del país –catalogado así por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)– el consorcio del empresario Germán Larrea instaló sólo tres purificadoras de las 36 anunciadas originalmente, y de ellas ninguna sirve, por lo que los habitantes de ocho municipios enfrentan grandes problemas para contar con líquido potable.

Los lugareños no pudieron pagar los 800 pesos diarios necesarios para comprar el diésel que requieren las purificadoras; los ayuntamientos se deslindaron y no se programó en dicho gasto en los presupuestos. 

Cobre, aluminio, arsénico, magnesio, plomo, manganeso y cadmio son algunos metales que se han detectado en la sangre de por lo menos 381 vecinos de poblados contiguos al cauce contaminado el seis de agosto del 2014, según información oficial de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Los químicos tóxicos que derramó la mina Buenavista del Cobre, se encuentran presentes en el organismo de 99 niños que en agosto de 2014 quedaron expuestos a la contaminación al jugar en las aguas del caudal, pues no hubo alerta hasta días después.

Se violan derechos: ONU

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante su visitador Baskut Tuncak, señaló como una violación a los derechos humanos de los lugareños no recibir agua de calidad y el incumplimiento de Grupo México de aplicar medidas para remediar los daños.

“En el caso del río Sonora, me hizo mucho ruido que la empresa se comprometió a dar un remedio efectivo a estas comunidades, pero durante cuatro años, éstas no han tenido acceso a una fuente de agua confiable, y durante todos esos meses no han accedido al hospital o la clínica que también se les prometió y se encuentra a medio construir”, afirmó Tuncak en una visitá realizada al Río Sonora este año.

Se juntó el cielo con la tierra

Panchita Siqueiros, vecina afectada de Ures, relató que vivir sin la certeza de tener agua limpia es un martirio diario, los pocos ingresos que tiene los utiliza en comprar garrafones de 20 litros a 15 pesos, cada uno. A diario para cocinar y beber llega a consumir hasta tres, lo que a la semana representa un gasto de 315 pesos.

“Nuestros recursos no nos permiten comprar agua purificada, nos bañamos con agua de la llave, no tenemos estudios que nos garanticen que nuestros organismos no están contaminados”. 

“El seis de agosto del 2014 se nos juntó el cielo con la tierra, no hay conciencia de lo que pasó”, externó Siqueiros, afuera de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Ures. En octubre de 2014, dos meses después del derrame de tóxicos, las autoridades federales ordenaron reabrir los pozos clausurados por la emergencia, sin dar a la población certeza de que el agua era apta para el consumo humano y así continúan.

Dañan al agro y a la salud

Los ocho municipios que se surten de las aguas del Río Sonora son productores agrícolas y ganaderos, por lo que la contaminación del cauce afectó la flora, fauna y la salud de sus habitantes, así como la economía de la región.

De acuerdo con estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la fauna endémica de la región, como peces y aves, han desaparecido; la flora ha sufrido grandes afectaciones, ya que se han cosechado frutos deformes y con consistencia antes no vista.

Además, en junio de 2016 el consorcio Grupo México cerró las puertas de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (UVEAS), dejando sin atención médica a los afectados, e incumplió el compromiso de monitorear las fuentes de abastecimiento de agua en la región, el edificio es un elefante blanco. 

En septiembre y octubre, la UVEAS realizará un nuevo análisis clínico para detectar la presencia de metales pesados en los organismos de los registrados como víctimas después del ecocidio, sin embargo, los afectados se mantienen escépticos pues de las demás promesas, nada les han cumplido.