Acuerdan en Pacto Por México proteger comicios

El Pacto por México acordó una serie de medidas básicas para garantizar condiciones de limpieza e imparcialidad en las próximas elecciones, y blindar los programas de combate a la pobreza de fines electorales facciosos o ilegales.

El fin de semana, los representantes del Gobierno federal, el PAN, PRI y PRD ante el Pacto, se comprometieron a instrumentarlas con rapidez y eficacia para dar certeza a los ciudadanos y actores políticos, de cara a las próximas elecciones locales.

«Los firmantes del Pacto por México trabajan en la implementación de acciones de corto plazo y en reformas normativas necesarias para perfeccionar el sistema electoral mexicano y elevar la calidad de nuestra democracia», indica la extensa minuta elaborada por la Secretaría de Gobernación y difundida durante la madrugada.

El acuerdo incluye acciones para blindar los comicios del 7 de julio, como el compromiso del Gobierno federal y los partidos de poner su voluntad política para lograr que todos los órganos de gobierno tomen las acciones necesarias para que en ninguno de los procesos se produzcan acciones que menoscaben la integridad y limpieza del voto.

Las partes integrantes del Pacto, indica el documento, repudian cualquier acto ilegítimo o ilegal que realicen autoridades de cualquier orden de gobierno, sin importar su origen partidario y, añade, harán lo necesario para prevenirlos y, en su caso, castigarlos.

En el Pacto también se acordó la implementación de mecanismos para que organizaciones de la sociedad civil vigilen los movimientos de los padrones, así como las altas y bajas, con criterios técnicos y no electorales.

«Definir de manera conjunta los criterios que deben normar el perfil profesional de los delegados federales de las dependencias responsables de manejar programas sociales. Acordaron también que el Ejecutivo revisará los nombramientos realizados para asegurar su idoneidad en función de ese perfil profesional técnico», señala.

Otros puntos de acuerdo son: suspender la realización de cualquier asamblea o reunión pública de beneficiarios de programas sociales durante los 45 días previos a las elecciones; y adelantar la entrega de apoyos y subsidios conforme lo permitan los recursos disponibles, para realizarse 45 días antes de las elecciones.

Asimismo, establecer comisiones plurales en los 14 estados donde habrá elecciones para presentar y atender las denuncias de intervención indebida de los gobiernos, y de manejo electoral en las acciones de gobierno y programas sociales.

El Pacto además propondrá a los Gobernadores y Alcaldes un acuerdo que los comprometa a abstenerse de realizar entregas de apoyos gubernamentales en los 45 días previos a las elecciones.

«Promover con los gobernadores un compromiso político de no utilizar recursos públicos, no entregar despensas, ni materiales plásticos ni textiles. Esto sería también supervisado por alguna organización ciudadana», sostiene.

En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investigará las cuentas bancarias de todos los gobiernos de los estados, de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes.

La minuta contempla, además, acuerdos estructurales para erradicar el uso electoral de los programas sociales de los tres ámbitos de gobierno, como retomar e impulsar las iniciativas orientadas a fortalecer la profesionalización de los delegados y operadores federales de los programas sociales.

Los signatarios del Pacto se abstendrán de hacer en los medios de comunicación «propaganda personalizada y gacetillas», y buscarán hacer extensivo este acuerdo en todos tres órdenes de gobierno.

«Adelantar los trabajos relacionados con la reforma política en su dimensión electoral (compromiso 90 del Pacto) para plasmar en la ley el espíritu de este acuerdo que busca perfeccionar nuestra democracia».

En el marco de Pacto, se Iniciarán los trabajos para crear un Sistema Nacional de Programas de Sociales que permita un uso más racional, progresivo y sin duplicidades de los recursos públicos, para combatir con mayor eficacia la pobreza.

También acordaron promover que las leyes y las reglas de operación de los programas de gasto e inversión social incluyan la prohibición de celebrar actos públicos de entrega de beneficios y subsidios, así como las asambleas de beneficiarios.

«Los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación y de las entidades federativas pondrán especial atención en garantizar que los recursos del Estado lleguen directamente a los beneficiarios sin condicionantes y que invariablemente se ejerzan bajo reglas de operación enteramente públicas.

«Con un sistema de transparencia que permita la evaluación y la rendición de cuentas, incluyendo el más amplio conocimiento público de los padrones de beneficiarios de todos los programas sociales», agrega.

REFORMA