Agencias especializadas en delitos sexuales, una pesadilla para las víctimas

El caso de la menor de 4 años abusada sexualmente, a la que la Agencia Primera Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de Hermosillo violentó sus derechos, pone de manifiesto la falta de voluntad para combatir estos delitos

Por Imanol Caneyada y Gerardo Moreno

Un oficio del DIF estatal y otro más de la psicóloga del COPAVID (Centro de Orientación, Protección y Atención a Víctimas del Delito) advirtieron a la Agencia Primera Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, con sede en Hermosillo, cuya titular es María Gabriela Olagues Valdez, que ya no llamaran a testificar a la menor de cuatro años abusada sexualmente, pues de esta forma estaban violando sus derechos fundamentales, en tanto niña y víctima.

A pesar de ello, hasta tres veces fue requerida a declarar, obligándola a revivir los pasajes experimentados con el agresor, por lo que fue “revictimizada”, contra lo que indica la propia Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora en su artículo cuarto:

Todas las acciones que se realicen en beneficio de las víctimas estarán orientadas a fortalecer su independencia, autodeterminación y desarrollo personal para que puedan lograr su completa recuperación, asumir el pleno ejercicio de sus derechos y retomar su proyecto de vida.

En el informe de la psicóloga del COPAVID (al que “Primera Plana” tuvo acceso), fechado el 24 de mayo de este año, la especialista ofrecía un recuento de las sesiones que había sostenido con la menor, en donde se manifestaba el posible abuso, y pedía a la Agencia Especializada que no requiriera a la víctima por el estado traumático en que se hallaba.

No obstante, según la denuncia en rueda de prensa que hizo la abuela de la niña, la señora Mirna, el pasado lunes 12 de junio, la titular de la agencia, María Gabriela Olagues, requirió a la víctima hasta por tres veces.

En el ínter (la denuncia fue puesta por la familia de la víctima el 4 de mayo de 2017), la persona señalada como el abusador, un hombre de 60 años, maestro de la Universidad de Sonora en el departamento de Física, quien mantuvo una relación sentimental de siete años con la abuela de la niña, no ha sido llamado a declarar ni una sola vez.

La señora Mirna también denunció el hecho de haber presentado una queja ante Visitaduría por el proceder de la titular de la Agencia que investiga el caso, pero de momento no ha prosperado.

Agencias inoperantes

La primera Agencia Especializada en Delitos sexuales y Violencia Intrafamiliar se creó en Hermosillo en junio de 2001, según el Acuerdo de creación firmado por el entonces procurador Miguel Ángel Cortés Ibarra y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25 de junio de ese mismo año.

En la actualidad, a dieciséis años de su instauración, existen cuatro en toda la entidad: dos en Hermosillo, una en Cajeme y otra en Nogales.

La aparición de estas agencias especializadas es el resultado de una larga lucha de por lo menos tres décadas de los grupos feministas de México con el objetivo de crear políticas públicas, legislar y tipificar la violencia contra la mujer en todas sus expresiones, incluida, por supuesto, la sexual.

Antes de ello, ni siquiera se visibilizaba esta clase de delitos que en la actualidad, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otras, regula y sanciona.

Pero esto es en el papel.

La realidad, según han denunciado en numerosas ocasiones grupos activistas y asociaciones civiles, es que las condiciones que se dan al interior de las agencias especializadas en delitos sexuales y violencia intrafamiliar, distan mucho de cumplir con lo que señala la mencionada ley, la Ley de Atención a Víctimas y otras.

Según el testimonio de un trabajador al interior de la ahora Fiscalía General del Estado de Sonora, antes Procuraduría, la mujer o menor víctima de un delito sexual debe pasar por un calvario.

Los psicólogos adscritos a la Fiscalía no cuentan con cubículos o espacios adecuados para evaluar a la víctima, tienen que atenderla en el pasillo, a la vista de policías y delincuentes que pasan por ahí, después de haber vivido un episodio altamente traumático.

La atención a la víctima no es expedita, pueden llegar a pasar entre exámenes psicológicos, médicos y declaraciones seis, ocho o diez horas.

La sensibilización y conocimiento de los delitos en cuanto a los servidores públicos, desde agentes de la Policía Investigadora hasta ministerios públicos, suele ser, con excepciones, mínima o nula, por falta de capacitación.

A pesar de la legislación existente, culturalmente hablando los encargados de procurar justicia en esta clase de delitos acostumbran carecer de una perspectiva de género y siguen sin visibilizar el delito en sí debido a su formación.

La dificultad de demostrar el delito, la falta de pericia en la aplicación de los protocolos y la corrupción propician un muy bajo número de sentencias condenatorias, dejando a la víctima sin reparación del daño y expuesta muchas veces al agresor.

Lo anterior, en un estado que este año registra un aumento del 337% en denuncias por delitos sexuales, según el Observatorio Sonora por la Seguridad.

Se disparan las agresiones sexuales durante el 2017

El delito de violación incrementó de manera alarmante en el estado de Sonora y en especial en Hermosillo, transformando con ello la vida de decenas de mujeres, niños y familias completas, mientras las autoridades parecen cerrar los ojos y evadir ponerle atención debida.

Según los reportes más recientes del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, del primero de enero del 2017 al 31 de abril se denunciaron ante el Ministerio Público un total de 80 violaciones sexuales en todo Sonora (22 en enero, 17 en febrero, 26 en marzo y 15 en abril), colocando a la entidad en el lugar 22 a nivel nacional.

En Hermosillo se concentra el 55% de los casos con 44 denuncias, le sigue Cajeme con 12, Nogales con cuatro, Caborca y San Luis con tres cada uno, con dos Agua Prieta, Cananea y Puerto Peñasco, y con una denuncia Benjamín Hill, Empalme, Guaymas, Huásabas, Nacozari de García, Sahuaripa, Santa Ana y Tubutama.

Las denuncias presentadas en el 2017 representan un crecimiento del 38% en comparación al mismo periodo del 2016, donde solo se presentaron 58 casos. Un año antes, el primer cuatrimestre del 2015 se registraron 60 denuncias.

En lo que va del 2017 se denunciaron 13 casos de estupro (delito que se comete cuando un mayor de edad mantiene una relación con una menor de edad con consentimiento) y se presentaron otras 141 denuncias de otro tipo de delitos sexuales.

La situación alarmante de Hermosillo

El verdadero problema con los casos de violaciones está en Hermosillo, ya que según las estadísticas se han presentado un total de 44 casos de enero a abril del 2017, lo que representa un crecimiento del 550% comparadas con las denuncias presentadas en el mismo periodo del 2016 donde apenas hubo ocho.

También representa un 209% de aumento en comparación a las 21 violaciones que se registraron en Hermosillo durante el 2015 de enero a abril.

En todo el 2016 se registraron 55 denuncias de violación ante el Ministerio Público en la capital del estado y en todo el 2015 fueron 53, es decir, que en tan solo cuatro meses casi se iguala a lo sucedido en los dos años anteriores.

¿Y lo que no se denuncia?

Sin embargo, lo preocupante del delito de violación es que está comprobado que muchos de ellos no se denuncian por temor de la agredida a ser re victimizada por las autoridades o por el riesgo a ser señaladas por la sociedad, incluso por presiones de los mismos familiares.

El presidente del Observatorio Sonora Por la seguridad, Emilio Hoyos, precisó que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 señala en el estado apenas se denuncian el 12.8% de los delitos que se comenten, de los cuales solo el 7% inicia una carpeta de investigación.

Es decir, que por cada 10 delitos que se comenten en Sonora en promedio solamente uno se denuncian ante el Ministerio Público, de tal forma que se puede concluir que por las 80 agresiones sexuales que se han registrado en la entidad durante el 2017 hay alrededor de 700 casos similares donde no se interpuso la denuncia.

Y lo más preocupante es que de los mismos 80 casos donde sí se interpuso la denuncia formal ante un agente del Ministerio Público Especializado en Agresiones Sexuales solamente en cinco se abrió formalmente una carpeta de investigación.

Autoridades minimizan la problemática

A pesar de la crítica situación en Sonora alrededor de este delito, las autoridades de Seguridad Pública reiteran en sus discursos que la situación no esta tan grave.

Para el secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, los casos de violaciones en Sonora son “cíclicos”, hay algunos meses donde se incrementan los casos, por eso dijo que no se tienen que hacer análisis aislados y se debe comparar por meses pero también con años anteriores.

Además justificó que el incremento de este año tiene relación con que las víctimas se están animando más a denunciar.

“Es lo mismo que la violencia intrafamiliar, antes se quedaba en la casa y ahora se denuncia, por eso también se incrementa. Sí hay que reconocer que hay un incremento (en violaciones), porque incrementa el número de población también la incidencia”, expresó.

A pesar de esto, reconoció que tienen conocimiento de la existencia de la cifra negra en los casos de violación donde dijo hay una diferencia enorme en los casos que publica el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y los casos reportados al 911.

Recordó que la Secretaría trabaja en colonias focalizadas a través del programa “Escudo Ciudadano” para reducir los factores de riesgo de todos los delitos, entre ellos los de carácter sexual.

La pesadilla: abusos deshonestos en menores

El titular de la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Wenceslao Cota Amador, reconoció que en Sonora se presentan alrededor de 230 denuncias mensuales de casos donde hay alguna violación de los derechos de los menores, de los cuales el 20% tienen que ver con abusos deshonestos de carácter sexual contra menores de edad.

Cota Amador explicó que por lo general este tipo de casos el victimario es una pareja de las madres o abuelas, es decir un padrastro o el abuelastro, y ya en mucha menor medida algún familiar directo del menor.

Aclaró que durante el verano incrementa en un 20% este tipo de denuncias, principalmente porque los menores están más tiempo en casa, combinado con el calor y el consumo de bebidas embriagantes, por eso el llamado es a no poner en riesgo a nuestros hijos.

Explicó que la Procuraduría determinan en qué condiciones se encuentra la familia de origen de los niños involucrados e inclusive familias extensas, brinda atención psicología y de trabajo social.

Además si encuentran elementos para sospechar que se cometió un delito se canaliza el caso a la Fiscalía General, brindan asistencia y acompañamiento a los niños en las audiencias e intervienen dando asesoría jurídica a los padres y familiares involucrados.

“Debemos recordar que tenemos el objetivo que no se pierda la visión de que los niños son sujetos de derechos y nosotros tenemos que buscar siempre el interés superior de ellos, su sano desarrollo integral, escuchar la opinión de los niños y en este tipo de casos los hacemos de manera especializada y certificada”, comentó.