Anuario 2015: El recuento de las figuras y los escándalos que marcaron el año   

Por Gerardo Moreno/

El año 2015 quedó marcado para Sonora como la época donde prácticamente se tocó fondo, envuelta en una crisis social, económica y de gobernabilidad que se dejó sentir en todos los sectores. Primera Plana lo informó puntualmente a través de diferentes reportajes, artículos, comentarios de sus colaboradores y coberturas periodísticas.

En esta primera edición del 2015 hacemos un recuento de los principales sucesos que marcaron el año pasado y que dieron paso al panorama con el cual comienza este 2016.

La presa de Padrés sí era ilegal

El primer escándalo de Sonora durante el año pasado llegó desde el mismo director de la Comisión Nacional de Agua, David Korenfeld, quien los primeros días de febrero anunció que el entonces Gobernador Guillermo Padrés, violó la Ley de Aguas Nacionales al construir una presa de manera ilegal en su rancho “Pozo Nuevo”, ubicado en Bacanuchi, municipio de Arizpe.

Por esta falta le impusieron las siguientes sanciones: una multa de 4.3 millones de pesos; la demolición de la presa (aunque el mismo ex mandatario informó días previos que se había “destruido” con la crecida de las lluvias); la clausura de varios pozos construidos también sin permiso; la demolición de otros dos represos ubicados sobre el río Manzanal, así como un acueducto. Todo lo anterior, en el rancho donde tenían sembradas más de 300 hectáreas de nogal.

De la misma manera la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) le impuso una multa de 1.5 millones de pesos por no contar con los manifiestos de impacto ambiental, el cuatro de febrero.

Ambas sanciones confirmaron que la familia Padres Elías violó la ley en su rancho. Sin embargo, el ex mandatorio lo calificó como ataque político, comenzó una defensa legal que hasta ahora sigue en proceso.

Confeccionaron una “minita” con uniformes  

A principios de marzo el diario estadounidense The Wall Street Journal, a través de su corresponsal para Latinoamérica José de Córdova, revelaba que la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, así como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, investigaban a Guillermo Padrés y su hermano Miguel, además del empresario Mario Aguirre, por presuntos “moches” de alrededor de 3.3 millones de dólares depositados por el último en varias cuentas de los Padrés ubicadas en Países Bajos.

Lo anterior supuestamente para salir beneficiado con la licitación para confeccionar los Uniformes Escolares a través de la empresa “Número Uno Sonora Apparel” y “Confecciones del Desierto SA de CV”, quienes obtuvieron la licitación de este programa, por un monto de más de 250 millones de pesos, durante tres años consecutivos (2013, 2014 y 2015), a pesar que el propio Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) ya había advertido en los resultados de las cuentas públicas que estas empresas incumplieron con los tiempos que marcaban las licitaciones, entregaban uniformes de mala calidad y a un sobreprecio de más de 33 mil millones de pesos.

Las autoridades nunca confirmaron la investigación, aunque medios nacionales como Reforma dieron a conocer la última semana de julio que el departamento del Tesoro de Estado Unidos sí estaba realizando la investigación contra Guillermo Padrés y su hermano por presunto “lavado de dinero”. También el propio Congreso del Estado y el Congreso de la Unión, solicitaron información sobre este caso, sin tener respuesta.

Sistema de Salud colapsado

El 15 de abril el titular del Sindicato de los Empleados de Salud de Sonora, Carlos Manuel González Méndez, dio a conocer que desde el 15 de enero la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su poder una denuncia presentada contra el entonces secretario de salud, Bernardo Campillo, por el delito de peculado, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y hasta crimen organizado.

La denuncia se sustenta en una investigación realizada por Sonora Ciudadana donde se descubrió que la Secretaría de Hacienda, en acuerdo con el ex titular de Salud, dejaron de enviar el recurso federal que llegaba al estado por la homologación salarial de los trabajadores del sector, todo por un monto de alrededor de los 44 millones de pesos, comprobando además que parte del recurso fue a parar a la campaña presidencial de la panista Josefina Vásquez Mota en el 2012 y el programa CRECER. Además se presume que el resto se gastó en propiedades e inmuebles adquiridas por el funcionario.

De la misma, manera se denunció la presencia (con nombre, apellido y puesto) de al menos 204 “aviadores”, quienes recibían un sueldo de la Secretaría de Salud pero que no estaban laborando ahí, la mayoría con un permiso con goce de sueldo, constándole al Estado alrededor de 70 millones de pesos.

Lo anterior derivó un desfalco en el sector salud llegó a prácticamente todos sus áreas con terribles consecuencias para los sonorenses: los hospitales estatales (como el Hospital General, el Infantil y el de Salud Mental “Carlos Nava”) se dejaron en completo abandono, sin recursos y con obras inconclusas; las farmacias sin medicamentos básicos, y Sonora subió en todos los índices de enfermedades que costaron decenas de vidas inocentes, como el dengue, rickettsia, muerte materna, entre otros.

Después durante el periodo de entrega-recepción se encontró un desfalco de más de 4 mil millones de pesos en el sector Salud, que todavía originó varias denuncias, acumuladas a las pasadas, las cuales siguen su curso.

Una de las campañas más sucias

En medio de toda esta crisis, no se puede dejar de lado que la mitad del pasado 2015 fue etapa electoral. Se vivió una intensa campaña política que pasará a la historia como una de las más sucias.

En el proceso electoral se vio de todo, desde la simulación en precandidaturas, la guerra de encuestas, eventos multitudinarios con miles de “acarreados”, compra de voluntades y traiciones de candidatos para otros partidos políticos, y una lluvia de “campañas negras” que llegó a las agresiones personales.

Incluso hubo un pleito a golpes dentro del mismo Instituto Estatal Electoral (IEE) entre el representante del Partido del Trabajo y de Acción Nacional (quien al final apoyó al candidato albiazul), vandalismo de diferentes propagandas electorales, candidatos “fantasmas” (del Partido Humanista), y una guerra entre partidos por el control del mismo IEE que se hacía presente en cada sesión que llevaban a cabo.

Lo anterior dio como resultados cientos de denuncias ante los institutos electorales, muchas de ellas llegaron a tribunales federales y ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE), la mayoría sin resultado.

Gisela Peraza, un atropello a los derechos y la justa liberación

A punto de acabar el periodo electoral —el dos de junio—, Gisela Peraza Villa la ex empleada de la Casa de Gobierno que fue acusada de un robo millonario a la familia Padrés Elías en mayo del 2011 (delito que nunca se comprobó a pesar de la tortura que sufrió en todos los sentidos) salió libre luego de cumplir una condena de cuatro años. Pero días antes, de manera arbitraria, las autoridades penitenciarias le “plantaron droga” en su celda del Cereso I de Hermosillo para retenerla recluida y acusarla de posesión con fines de venta.

Fue hasta un día después que Guillermo Padrés y el PAN perdieron las elecciones, el lunes ocho de junio del 2015, cuando llegó la justicia para quien era la niñera de los hijos dl gobernador desde hace ocho años, cuando el Juez dictó el auto de formal libertad y Gisela salió caminando por las puertas del penal.

Después de una recuperación psicológica (que aún no termina), el tres de noviembre la misma Gisela Peraza junto a su abogado interpusieron una denuncia Penal ante la PGR contra Guillermo Padres, su esposa Ivette Dagnino y 20 personas más involucradas en su detención y tortura. Este proceso sigue abierto y al menos seis de los implicados, incluido el ahora diputado federal del PAN y ex secretario particular de Padrés, Agustín Rodríguez Torres, ya se presentaron a declarar.

Para la historia: la primera Gobernadora de Sonora

Todas las pasiones electorales concluyeron con una jornada intensa de votaciones el día siete de junio, donde a pesar de los conflictos y problemas de logística presentados por las nuevas reglas electorales, los ciudadanos decidieron que la priista Claudia Pavlovich Arellano, coaligada con el Partido Verde, Nueva Alianza y decenas de sectores simpatizantes, se alzara con un contundente triunfo.

El proceso electoral marcaba que las casillas debían estar instaladas y abiertas para las ocho de mañana, sin embargo, en la gran mayoría comenzaron tarde por falta de funcionarios, la última se logró poner en operación hasta las cuatro de la tarde. Durante el proceso, el operativo de “acarreo” de los partidos se vio circulando por toda la geografía estatal, sin embargo, realmente fueron pocos los conatos de violencia e incidentes electorales.

Para la tarde, con muchas de las casillas cerradas, los militantes priistas ya declaraban ganadora a Claudia Pavlovich. El problema llegó con la tardanza en las cifras oficiales, aparecieron reportes de fallas en el operativo de traslado de los paquetes electorales, ya que muchas de ellas fueron abandonadas por los mismos funcionarios de casilla.

Fue hasta las dos de la mañana cuando la presidenta del IEE, Guadalupe Taddei Zavala, salió a declarar que el Conteo Rápido daba como ganadora a Claudia Pavlovich con una ventaja de entre cinco y nueve puntos, tendencia confirmada por el Programa de Resultados Preliminares (que concluyó hasta el siguiente día), con un 7.5%, resultados que todos reconocieron.

El resultado final que dio hasta el 15 de junio, cuando el IEE declaró como ganadora a Claudia Pavlovich luego de realizar el cotejo y cómputo de las 3 mil 442 actas, proceso que duró cinco días, donde Claudia Pavlovich obtuvo 486 mil 944 votos, es decir un 48.73%, mientras que el candidato del PAN, Javier Gándara Magaña, un total de 415 mil 745 votos y después se le entregó el acta como gobernadora electa de Sonora.

Fue a los primeros minutos del 13 de septiembre cuando Claudia Pavlovich tomó protesta en el pleno del Congreso del Estado ya como gobernadora constitucional, haciendo historia al convertirse en la primera mandataria mujer del estado.

Red de tráfico de menores en el DIF

La última semana de agosto y principios de septiembre se dio a conocer que la Procuraduría General de Justicia del Estado, en ese entonces a cargo de Carlos Navarro Sugich, descubrió el mes de mayo una red de tráfico de menores creada por funcionarios de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero sin explicación dejó libres a los culpables confesos, caso que llenó de indignación a los sonorenses y que tuvo revuelo nacional e internacional.

El hecho fue dado a conocer por el equipo editorial de Grupo Larsa Comunicaciones, donde se denunció que Vladimir Arzate, encargado de la Línea “Protege” del DIF, en acuerdo con el licenciado José Manuel Hernández, personal del Hospital Integral de la Mujer, oficiales de la Policía Estatal y del Registro Civil, vendieron de manera ilegal desde el año 2010 a varios menores sustraídos a madres en situación vulnerable y entregados a familias que pagaban hasta 150 mil pesos por bebé recién nacido.

Primera Plana tuvo acceso al expediente de la PGJE (298/2015), donde se descubrió que las autoridades tuvieron conocimiento del caso desde el 29 de marzo, además obtuvieron las confesiones de los dos principales inculpados desde el nuevo y once de mayo, pero los dejaron libres bajo el argumento “de la aplicación del nuevo sistema de justicia penal” (el cual ni siquiera se había iniciado en Sonora) permitiendo su fuga, lo anterior sin importar que hasta el Gobierno de Estados Unidos había advertido la posible red de tráfico de menores que existía en Sonora.

El caso tocó tintes internacionales, organizaciones como FIND de Niños Desaparecidos, el propio Congreso de la Unión, exigieron que la investigación la realizaran autoridades federales y se castigara a todos los culpables.

A la fecha los dos inculpados se encuentras prófugos y son buscados en más de 180 países y el caso sigue abierto en la PGR. Mientras tanto las nuevas autoridades del DIF Sonora anunciaron todo un cambio en el sistema de adopciones a fin de tener cuidado en la forma en que entregan a los menores de edad dados en adopción.

La herencia de las deudas y caos financiero

A todo lo anterior le siguió un claro desorden financiero, denunciado recurrentemente y corroborado durante el proceso de entrega-recepción. Ahí se destapó que el Gobierno del Estado no entregó los recursos prácticamente a ningún poder autónomo, organismos descentralizados, instituciones públicas y proveedores.

Incluso la Auditoria Superior de la Federación comenzó investigaciones desde el mes de mayo (edición del 7 de agosto) sobre las finanzas de Sonora, donde realizaron auditorias especiales por recursos millonarias enviados a Sonora y que no se comprueban su correcta aplicación.

También hubo denuncias de entregar alrededor de cuatro mil bases a trabajadores de manera ilegal en todo el Gobierno de Guillermo Padres. Escuelas abandonadas y con obras inconclusas que ponían en riesgo la integridad física de los menores. El colapso del sistema de salud. Un aumento del 700% de la deuda del ISSSTESON, donde se dejó un daño patrimonial de seis mil millones de pesos. No se invirtió un solo peso para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Nula inversión en carreteras estatales causando un daño de más de tres mil millones de pesos. Entre muchos otros.

Todo lo anterior lo resumió el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF) en los resultados del análisis de la Cuenta Pública del 2014, donde se detectaron un total de mil 150 observaciones sin solventar en todas las dependencias, destacando un daño patrimonial de alrededor de 30 mil millones de pesos entre recurso mal ejercido y deuda pública, lo cual dejo estancando financieramente a Sonora y calificando al gobierno de Guillermo Padrés como la peor de toda la historia.

Por esto hay decenas de denuncias interpuestas la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría Estatal, que esperan se arroje resultados.

La hielera de Padrés

El último gran escándalo del 2015 se dio el pasado cuatro de diciembre cuando fue detenido por Luis Arístides López Moreno, quien se identificó como administrador de los negocios de Guillermo Padrés y su hermano Miguel, en el rancho “Pozo Nuevo”, en posesión de 3.5 millones de pesos dentro de una hielera que aseguró pertenecían a negocios de sus patrones, pero no pudo explicar su legal procedencia.

Lo anterior, abrió una línea de investigación contra López Moreno y la familia Padrés Elías por operación con recursos de procedencia ilícita, a partir de ahí se comenzaron a catear diferentes propiedades, inmuebles y negocios de la familia del ex gobernador de Sonora, donde se decomisaron armas, vehículos, computadoras y documentos que apoyan la investigación.

De la misma manera, López Moreno traía posesión de cinco envoltorios de metanfetamina (mejor conocida como cristal) situación que sirvió para consignarlo al Centro de Readaptación Social número uno de Hermosillo, el ocho de diciembre, bajo el delito de narcomenudeo. Sin embargo, la investigación por operación de recursos ilícitos y posible lavado de dinero, sigue abierta, confirmó Rodolfo Montes de Oca actual titular de la PGJE.

Bajo este panorama se deja atrás la estela del 2015 y comienza un nuevo año para el estado de Sonora, un año lleno de retos para los sonorenses pero también cargado de expectativas que, las autoridades estatales, municipales y federales deberán cubrir.