Arruina derrame a poblados de Sonora

Rolando Chacón/El Norte/

El pueblo de Tahuichopa, a orillas del Río Bacanuchi, es un ejemplo de cómo la economía se vino abajo tras el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado de la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, sobre los ríos Sonora y Bacanuchi.

El cultivo de ajo, principal actividad de la localidad, se derrumbó con la prohibición de sembrar debido a la contaminación del agua que provocó el desastre ecológico del 6 de agosto del 2014.

Tahuichopa, el segundo poblado en recibir la corriente tóxica después de Bacanuchi, ha visto marcharse a la mitad de sus habitantes en un año y los que se quedaron tuvieron que buscar empleo para sobrevivir, pero con un nivel de ingresos más bajo.

Susana Rosas, vecina de esta comunidad, relató que al no poder sembrar, algunos habitantes dejaron el pueblo en busca de trabajo.

Los habitantes de mayor edad también se fueron porque no podían cargar agua, mientras que sus nietos y los niños que pasaban el verano con ellos junto al río ya no volvieron por temor a la contaminación.

«La mitad de la gente se ha ido, aquí son 53 casas, pero ahorita casi todas están vacías», expresó Susana.

«Antes nos daban agua todos los días y el agua ya no volvió, nos daban despensas y ya no, ahora en vacaciones ya no volvió nadie, ni los niños, ni el trabajo, ya no hay nada».

El fideicomiso operado por el Gobierno federal con recursos de Grupo México prometió a los agricultores de los siete municipios afectados pagarles el equivalente a su producción perdida, pero al menos en Tahuichopa no ocurrió.

Lo mismo le ocurrió a José León, quien sobrevivió este año como empleado en un rancho ganadero.

«Nos dijeron que no sembráramos, que nos iban a ayudar, que nos iban a pagar la siembra y nada, hasta la fecha no nos han pagado», afirmó.

María Angélica Acedo, encargada de la tienda del pueblo, dijo que las ventas bajaron un 80 por ciento, por lo que tuvo que buscar un empleo en una tortillería en el poblado de Arizpe, que se localiza a unos cinco kilómetros.

«A la semana vendía 2 mil 700 y ahorita nada más como 500 pesos».

Acusan a autoridades de mentir

Habitantes del Río Sonora e investigadores que han medido los niveles de contaminantes en las aguas confrontaron a funcionarios federales que ofrecían una rueda de prensa en un hotel de la capital, donde les reclamaron falta de veracidad en la información y un sesgo a favor de Grupo México.

La investigadora Reina Castro Longoria reclamó que los estudios oficiales han encontrado niveles «altísimos» de arsénico, resultados que luego son ocultados y cambiados por otros más benévolos.

A cambio, dijo que sus estudios han sido consistentes en mostrar arsénico, un metal pesado que ni Conagua ni Cofepris muestran en sus análisis.

Así como Castro Longoria, otros habitantes del Río Sonora y activistas de Hermosillo tuvieron su oportunidad de pedir a las autoridades una verdadera acción en favor de los afectados.

En opinión de los inconformes, en un año de acción, el Gobierno federal ha actuado más del lado de Grupo México.