Una Ley de Emergencia Internacional invocada por la Casa Blanca, no otorga autoridad al presidente para imponer aranceles, tribunal de NY
Por Redacción PPD
El Tribunal de Comercio Internacional en NY ha bloqueado los aranceles recíprocos impuestos por el presidente Donald Trump contra México, Canadá y China, dando así un revés a sus planes.
El tribunal compuesto por tres jueces y con sede en Manhattan, dictaminó que una ley de emergencia internacional (IEEPA) de 1977, invocada por la Casa Blanca no otorga autoridad unilateral al presidente para imponer aranceles a casi todos los países del mundo.
«No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional», declaró el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado, a los pocos minutos de conocerse el fallo y donde la administración de Trump presentó una apelación.
«El presidente Trump se comprometió a priorizar a Estados Unidos y la Administración se compromete a utilizar todos los recursos del poder ejecutivo para abordar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense», añadió Desai.
La demanda en este caso, presentada por el Liberty Justice Center, una organización no partidista, en nombre de cinco pequeñas empresas que importan productos de los países afectados por los aranceles, fue la primera impugnación legal importante contra los llamados aranceles del «Día de la Liberación» de Trump.
Desde que Trump anunció estos aranceles recíprocos del 10 por ciento aplicados el 2 de abril, se han visto afectados los mercados financieros mundiales.
Aún con este bloqueo, los aranceles del 25% a los autos, autopartes, acero o aluminio, y que estaban sujetos a la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, una ley diferente a la que Trump invocó para sus impuestos comerciales más amplios, continuarán.
El caso es uno de los siete recursos legales contra las políticas comerciales de la administración Trump, junto con las impugnaciones presentadas por 13 estados de EE. UU. y otros grupos de pequeñas empresas.
La decisión fue celebrada por el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, quien afirmó que «este fallo reafirma que nuestras leyes importan y que las decisiones comerciales no pueden tomarse a capricho del presidente».
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