Bloquea juez federal decreto de Trump que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento

Por Redacción PPD

Un juez federal en New Hampshire emitió este jueves una orden judicial preliminar de alcance nacional para bloquear la controvertida orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba poner fin a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, un principio consagrado desde hace más de 150 años en la Constitución.

El fallo, emitido por el juez de distrito Joseph Laplante, suspende indefinidamente la aplicación del decreto presidencial mientras avanza una demanda colectiva a nivel nacional presentada por organizaciones de derechos civiles y migratorios en representación de personas afectadas.

«Esta no fue una decisión difícil para el tribunal”, declaró Laplante desde la corte federal en Concord, New Hampshire. “Estamos ante un intento de privación masiva e inconstitucional de ciudadanía, algo que representa un daño irreparable, tanto para los afectados como para el propio tejido legal de la nación”.

La orden ejecutiva firmada por Trump —ahora en su segundo mandato presidencial— buscaba negar la ciudadanía automática a los hijos de personas no ciudadanas o indocumentadas nacidos en territorio estadounidense. El decreto representaba un cambio radical a la interpretación del 14° enmienda de la Constitución, que garantiza que «todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos […] son ciudadanos de los Estados Unidos».

La decisión judicial y su alcance

El juez Laplante accedió a certificar la demanda como una acción colectiva, lo que le dio a su fallo la fuerza de un bloqueo de aplicación nacional, pero con una base jurídica sólida: solo aplica a los directamente afectados por la medida. Esta estrategia, explicaron los abogados demandantes, permite sortear parcialmente el reciente límite que la Corte Suprema de Justicia impuso sobre los jueces federales para emitir bloqueos universales.

“Este fallo protege a bebés nacidos, y también a los no nacidos, que serían excluidos de su derecho constitucional a la ciudadanía”, señaló uno de los abogados líderes del caso, Anthony Romero, director de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). “Es un paso enorme para frenar un intento peligroso de reescribir la Constitución por decreto”.

¿Qué decía el decreto de Trump?

El decreto de Trump, firmado en mayo de 2025, establecía que solo los hijos de ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes tendrían derecho automático a la ciudadanía al nacer en suelo estadounidense.

La medida fue presentada como parte de su agenda antiinmigrante bajo el argumento de detener el llamado “turismo de nacimiento” y lo que él denominó “abusos de la nacionalidad”.

Sin embargo, expertos en derecho constitucional y grupos de derechos humanos argumentaron que la orden violaba claramente la interpretación histórica del 14° enmienda, establecida tras la Guerra Civil para garantizar derechos a los hijos de personas anteriormente esclavizadas.

“La ciudadanía estadounidense no puede depender del estatus migratorio de los padres. Eso va en contra de todo lo que estableció la Corte en el caso United States v. Wong Kim Ark (1898)”, explicó la abogada constitucionalista Linda Greenhouse, en entrevista con Primera Plana Digital.

Implicaciones políticas y jurídicas

El fallo de Laplante representa un duro revés legal para la Casa Blanca, justo en momentos en que Trump busca acelerar una serie de órdenes ejecutivas controvertidas en temas de inmigración, seguridad y derechos civiles. Aunque el juez concedió una suspensión temporal de su orden para permitir que el gobierno federal interponga una apelación, analistas anticipan que el caso podría escalar hasta la Corte Suprema, donde se pondría a prueba la doctrina constitucional del derecho de nacimiento.

Por su parte, portavoces del gobierno de Trump no tardaron en criticar el fallo, acusándolo de “activismo judicial”. El secretario interino de Justicia, Mark Meadows Jr., declaró que la administración apelará de inmediato y que “defenderá el derecho del pueblo estadounidense a decidir quién merece ser ciudadano”.

La ciudadanía por nacimiento: un principio en juego

La ciudadanía por nacimiento en EE.UU. ha sido una piedra angular del sistema democrático estadounidense, reconocida como uno de los derechos más básicos y protegidos por la Constitución. Revocarla implicaría no solo modificar una tradición jurídica centenaria, sino también abrir la puerta a una categoría de apátridas nacidos en suelo estadounidense, lo cual violaría también tratados internacionales de derechos humanos firmados por EE.UU.

“La ciudadanía es el mayor privilegio que existe en el mundo”, dijo el juez Laplante al cerrar la audiencia. “No puede ser retirada por decreto. No mientras exista la Constitución”.

El Departamento de Justicia tiene ahora cinco días para apelar la decisión. Mientras tanto, los abogados de los demandantes celebran la orden como un freno temporal a una política que, de haber sido implementada, podría haber afectado a más de 300 mil nacimientos al año, según cálculos del Pew Research Center.

En paralelo, organizaciones civiles han llamado a la movilización nacional para proteger la ciudadanía por nacimiento, y varios estados —entre ellos California, Nueva York y Nuevo México— ya preparan sus propias demandas contra la orden de Trump.