Caen más peces gordos del Padrecismo  

Por Redacción

Roberto Romero, el número dos durante el sexenio de Guillermo Padrés Elías, fue capturado el pasado lunes en Tucson, Arizona, por las autoridades migratorias de Estados Unidos (ICE) y ahora la PGR lo espera de este lado de la frontera para que responda por el presunto desvío de 500 millones de pesos de programas gubernamentales.

Junto a Romero, también detuvieron a su esposa Mónica Robles Manzanedo, quien se desempeñó como diputada local por el Partido Acción Nacional. De acuerdo a la PGR, la detención de la pareja fue por labores de inteligencia y alertas establecidas por la Oficina Central Nacional INTERPOL-México de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como la colaboración de la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos de América.

Desde meses atrás, ambos eran considerados como prófugos de la justicia, toda vez que existe una orden de aprehensión librada por el Juez Segundo de Distrito en Sonora, por el delito de tráfico de influencias y falsedad de declaraciones en agravio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Desviaron recursos a sus ranchos

Así las cosas, de acuerdo a la carpeta de investigación que llevan tanto la Procuraduría General de la República como la Fiscalía Anticorrupción, Romero y Mónica Robles, aprovecharon su cercanía con el exgobernador de Sonora y su padrino de bodas el ex secretario de Agricultura, Héctor Ortiz Ciscomani, para bajar recursos de los llamados programas de concurrencia en apoyo al campo por al menos 85 millones de pesos, 20% del Estado y 80% de la Federación.

Pero además, las auditorías de la Contraloría General de Sonora y el Instituto Superior de Fiscalización (ISAF) tienen observaciones a las cuentas públicas que involucran al colaborador más cercano a Guillermo Padrés, en la malversación de recursos públicos por al menos 415 millones de pesos.

La orden de aprehensión librada el 31 de enero del 2016, por el Juez Segundo de Distrito en Sonora, establece que el ex funcionario indiciado obtuvo recursos económicos de los programas destinados agricultores y ganaderos del Estado, además que esos recursos fueron desviados para beneficiar a la empresa Real del Romero, S.A. de C.V., donde Roberto Romero aparece como socio mayoritario.

En el mismo resolutivo del Juez con número de expediente 16/2016, aparece su padrino de bodas Ortiz Ciscomani, como probable responsable de ejercicio abusivo de funciones y desvío de recursos, delitos por los cuales, agentes de INTERPOL lo detuvieron cuando intentaba escapar hacia Madrid, España, fue recluido en el Cefereso de Villa Aldama Veracruz y dejado en libertad al pagar una fianza.

Alcanzaría hasta 14 años de cárcel

En caso de ser encontrado culpable por los delitos de tráfico de influencias y falsedad en declaraciones, según el Código Penal Federal, el ex Secretario de Gobierno en Sonora, enfrentaría una pena máxima de hasta 14 años de prisión; sin embargo, también cuenta con orden de aprehensión en el fuero común por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias donde enfrenta la posibilidad de pasar hasta 16 años en la cárcel.

Al recordar que pasó 14 meses huyendo de la justicia mexicana e incumpliendo a todos los citatorios del Poder Judicial, fuentes del Ministerio Público Federal y la PGR advirtieron que solicitarán a los jueces que se le imponga la pena máxima posible y que le sea negado el derecho a fianza.

Roberto Romero y su esposa, están recluidos en el Centro de Procesamiento Migratorio de Florence, donde también está encerrado el ex secretario de Hacienda, Carlos Villalobos Organista.

Fuentes de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), confirmaron a periódico Excélsior que la Delegación en Sonora de la PGR en coordinación con la Agregaduría Regional con sede en San Diego, California, formalizaron la solicitud de orden de detención con fines de deportación.

Quieren recuperar lo que se llevaron

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, explicó que su administración a través de la Fiscalía Anticorrupción en Sonora esperará que la PGR realice los trámites correspondientes para traer ante la justicia mexicana a los presuntos responsables, para después proceder por la vía penal en delitos del fuero común.

“En este proceso lleva la mano totalmente la PGR, tenemos que respetar los instrumentos y la vía jurídica que establecen los procedimientos penales, ellos llevan el caso y tendrán que realizar todos los trámites ante las autoridades en los Estados Unidos; nosotros una vez que se encuentren en el país, ya podemos proceder legalmente en su contra”, apuntó la mandataria estatal.

Iván Jaimes Archundia, secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno de Sonora, explicó que cuando los jueces federales y estatales determinen que funcionarios de la administración de Guillermo Padrés, son culpables en delitos de daño patrimonial al Estado, comenzará con los recursos jurídicos para recuperar los bienes o recursos públicos extraídos de manera ilegal durante el pasado sexenio.

Detienen al empresario cómplice de Padrés

Agentes de la Policía Estatal Investigadora ejecutaron una orden de aprehensión girada por el Juez Séptimo en Primera Instancia de Materia Penal en contra de Mario Humberto Aguirre Ibarra, por los delitos de despojo en grado de tentativa y falsedad en declaraciones ante notario; este empresario también está siendo procesado penalmente como cómplice del ex mandatario panista Guillermo Padrés Elías por haberle dado «moches» para beneficiarse en la licitación de uniformes escolares gratuitos.

Otoniel Gómez, abogado de la víctima que está identificado como

José Santos, detalló que los hechos ocurrieron en 2013, cuando Mario Aguirre intentó despojar a su cliente de unos terrenos ubicados en una de las zonas con más alta plusvalía ubicada al poniente de Hermosillo, capital de Sonora, en un sitio conocido como el Mezquital del Oro.

«Es un pleito entre particulares que proviene desde hace algunos años, es una denuncia penal por unos terrenos ubicados en el Mezquital del Oro, terrenos posesiones de la empresa que yo represento y por lo que el ahora detenido intentó poseerlos contratando una empresa de seguridad privada», detalló el abogado de las víctimas.

En un comunicado de prensa, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detalló que Mario Aguirre será enjuiciado por el delito de Despojo con Violencia en las Personas, por dos o más personas en grado de tentativa, previsto por el Artículo 323 del Código Penal para el Estado de Sonora, que se castiga con una pena máxima de seis años de prisión.

«La orden de captura firmada por el Juez Séptimo de primera instancia en materia Penal, con número de expediente judicial 13/17, fue ejecutada a las 14:45 PM en calles del Proyecto Río Sonora por elementos del Departamento de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE); Cumplimentada la acción de captura y después de la lectura de sus derechos como imputado, Mario Humberto fue puesto a disposición del juez que lo requiere», dicta el boletín oficial.

Por ser una investigación iniciada antes de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se ventilará bajo el sistema tradicional por lo que el inculpado podría solicitar su libertad bajo caución.

Mario Aguirre también es investigado por la Procuraduría General de la República como cómplice de Guillermo Padrés en el proceso penal por lavado de dinero, delincuencia organizada y evasión fiscal que mantiene al ex gobernador de Sonora en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, supuestamente el dinero que el ex gobernador de Sonora manejaba en cuentas bancarias en el extranjero, provenía de «moches» por beneficiar a este empresario en la licitación de uniformes escolares gratuitos durante su sexenio.

(Con información de Daniel Sánchez Dórame)