Comité de Evaluación del Desempeño Legislativo desconoce el impacto social de las leyes

María Elena Carrera, vocera del Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo, reconoce los avances de la actual legislatura en términos cuantitativos, y establece los retos que enfrentan los diputados en su último año en términos cualitativos

Por Imanol Caneyada

Me recibe en el área de posgrados del Colegio de Sonora. María Elena Carrera Lugo se encuentra ahí participando en una serie de conferencias sobre violencia de género, pero abre un espacio para atender una entrevista que tiene que ver con su participación en el Comité Ciudadano de Evaluación del Desempeño Legislativo.

En este periodo le toca el ingrato cargo de ser la vocera del organismo.

María Elena Carrera me dice de entrada que los resultados que ha presentado el Comité en cuanto a la evaluación del segundo año legislativo del Congreso del estado son, en términos cuantitativos, positivos, es decir, en valores como asistencia a los plenos y presentación de proyectos, iniciativas, puntos de acuerdo y exhortos, ha habido una mejora considerable respecto del primer año.

Le planteo si la existencia misma del Comité, el cual es honorario, es decir, ninguno de sus miembros recibe un pago por ello, ha influido en esta mejora cuantitativa.

La vocera responde con modestia. No sólo la existencia del Comité, también el monitoreo constante de los medios de comunicación y de la sociedad en general se han convertido en un factor fundamental para que los legisladores se sientan más vigilados en su desempeño y estén erradicándose prácticas añejas, como la de faltar sin justificación a los plenos y a las reuniones de comisiones, o no presentar ninguna iniciativa o proyecto durante los tres años para los que son elegidos.

Me recuerda María Elena Carrera que, en México, de los tres poderes, el Legislativo es el que tiene peor percepción entre la ciudadanía.

Antes de meternos de lleno en otros aspectos que considero más importantes que la numeralia cameral, le pregunto si el Comité ha recibido presiones, amenazas o tentaciones por parte de las facciones parlamentarias durante su trabajo evaluador.

Me responde muy segura que ella, en lo personal, no ha recibido ninguna; en cuanto a los demás integrantes, en el caso de que las hayan recibido, cosa que duda, estas presiones no han llegado a las reuniones del Comité, cuyo funcionamiento y toma de decisiones están pensados para no verse afectado por alguna posible coerción de cualquier tipo.

Entonces le pregunto sobre los aspectos cualitativos del trabajo del Congreso, esos que trascienden el mero hecho de presentarse y hacer su trabajo, cuestiones estas que, en principio, no deberíamos celebrar como avances a tenor de las dietas que reciben las y los diputados.

La vocera del Comité considera que ha habido avances en un rubro muy importante: el del a vinculación.

Antes, reflexiona Carrea Lugo, las iniciativas y proyectos de ley que presentaban los legisladores tenían mucho de ocurrencia, no estaban bien fundamentados ni tomaban en cuenta a los expertos y conocedores de los temas en cuestión, léase academia, colegios de profesionales, analistas.

El Comité ha logrado que ahora los diputados tengan que presentar evidencia de reuniones y consultas con los sectores de la sociedad implicados en las iniciativas y proyectos que presentan.

¿Qué nos falta medir de esto?, se pregunta María Elena Carrea.

Y se responde: Qué tanto toman en cuenta las ideas y opiniones de los sectores con los que se vinculan a la hora de redactar y fundamentar dichos proyectos e iniciativas; reconoce que no tienen un instrumento para medirlo.

Le recuerdo a María Elena que una de las preocupaciones del Comité cuando se formó era encontrar la manera de medir el impacto en la sociedad que tienen las leyes que aprueban en el Congreso.

En este rubro, me confiesa que no ha habido ningún avance. Ellos, los cinco integrantes del organismo, realizan su trabajo de forma honoraria, por lo que deben dedicarse a otras tareas profesionales, y no cuentan con un equipo que pudiera realizar una medición tan compleja.

El Comité le ha sugerido al Congreso la necesidad de hacer algún tipo de convenio con alguna institución con la capacidad para evaluar el  impacto que tiene en la ciudadanía la aprobación de las leyes y las reformas a las mismas.

Hay algunas acciones, como las reformas a la ley de seguridad pública, que de inmediato pusieron de manifiesto que perjudican a ciertos sectores de la población, explica María Elena Carrea, pero muchas otras no sabemos la manera en que impactan en la ciudadanía.

Por último, otro de los grandes retos, probablemente el más importante, es la aprobación de un código de ética que se incorpore a la Ley Orgánica del Congreso.

La vocera reflexiona sobre el hecho de que, quienes legislan para combatir la corrupción y la impunidad, carecen de un conjunto de normas que regulen su funcionamiento en tanto servidores públicos.

En esto no ha habido avances, asegura, ya que el Congreso presentó un proyecto que al Comité le pareció insuficiente, por lo que les recomendó que elaboraran un código de ética basado en los lineamientos del código de conducta para servidores públicos de la ONU.

De momento, no ha habido acciones concretas en ese sentido.

Ya para terminar, María Elena Carrera invita a la gente a consultar la evaluación que el Comité presentó sobre el segundo año legislativo del actual Congreso en la página www.congresoson.gob.mx

Para la vocera se trata de un instrumento imprescindible y fundamental para transparentar el ejercicio del poder; con base en este documento, cualquier ciudadano puede evaluar el desempeño del diputado de su distrito, saber si trabajó o no trabajó, si asistió o no a los plenos, si presentó iniciativas y proyectos, en qué sentido dio su voto.

Y más ahora, remata la vocera del Comité, que la ley les permite ser reelegidos.

Los otros cuatro integrantes del Comité son Mirtha Irene Alvarado Verdugo, Jesús Luis Gámez García, Manuel Montaño Barceló y Aquiles Fuentes Fierro.