Columna de Ruiz Quirrín: ”Hillo. Flash”, acto de justicia y “la basura en su lugar”

*Los particulares, en la mira del sistema anticorrupción

*¿A qué hora trabajarán los secretarios?, nueva pregunta

ESTE MIÉRCOLES se puso en marcha la vigencia del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en el país y entre otras cosas, nos ofrece un par de novedades que bien valen la pena ponerlas en la mesa.

Es tan poco sólido el sistema institucional de México en su ejercicio operativo en materia de procuración y administración de justicia, que los expertos y sus legisladores han dispuesto dentro de este nuevo marco jurídico, que no será necesaria una denuncia, queja o solicitud de parte ofendida, para iniciar una investigación que podría sentar a presuntos corruptos, ante la justicia.

En el sistema legal, digamos ahora, “antiguo”,  la sola sospecha o presunción “razonable” que se desprendían de ciertos hechos alrededor de un delito y su presunto o presuntos responsables, podrían hacer que un agente del ministerio público consignara ante un juez un expediente, porque al final de cuentas buscaría cumplir su misión de encontrar la “verdad histórica” de los hechos.

Con las reformas penales de los últimos años, si un ministerio público consigna por mera presunción o sospecha, podría ir a la cárcel o daría por ese motivo elementos a los presuntos responsables de la comisión de un delito, a que no pisaran la cárcel o recobrar su libertad. El célebre “debido proceso”.

Bueno, en el caso del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, un rumor, una versión bien o mal fundada, un reportaje periodístico, podrían dar pie a abrir una averiguación previa.

¿“Modernización”? ¿Retroceso? Vaya usted a saber. El hecho es que es un reconocimiento a la misión obligada de un ministerio público, por mandato constitucional, a investigar los delitos y poner ante la justicia a los presuntos responsables.

El segundo elemento que me parece de enorme trascendencia, es que los sujetos obligados a cumplir la ley relacionada con la transparencia y la rendición de cuentas, ya no sólo serán los servidores públicos, sino también todos aquellos particulares involucrados en el manejo de los dineros públicos.

Aquí entran todos los proveedores de los gobiernos federal, estatal y municipal, con especial énfasis a los contratistas de obra pública y cierta proveeduría de relevancia por su cuantía.

Es la primera ocasión en que los hombres acaudalados que por tantos y tantos años han financiado las victorias electorales de presidentes, gobernadores y alcaldes y que han sido muy bien retribuídos a través de  jugosos contratos gubernamentales, a partir de ahora con mayor énfasis, deberán estar listos a transparentar todos sus “arreglos” con el poder.

En México no ha sido secreto el que los presidentes y gobernadores favorecen a sus contratistas preferidos y hacen negocio con ellos. Tampoco ha sido secreto que cabezas de los grupos económicos más importantes en el país (Slim, González, Garza Sada, Zambrano, Servitge, entre otros muchos) han financiado a políticos y cobrado muy bien sus favores con concesiones que les han permitido amasar fortunas mayores.

Desde luego, los gobernadores tienen a sus “representantes personales”, que son los que negocian con todo proveedor estatal.

En Sonora existe memoria del gran manejo a través de alguna proveeduría especial o de contratistas, donde se han generado inmensas fortunas por particulares. Con Luis Encinas, sus concuños de apellidos Fierro (ferreterías), Romo (papelerías); con Faustino Félix Serna, las magnas obras carreteras con Belisario Moreno Ruiz; con Samuel Ocaña, Epifanio Morales o el nacimiento como gran compañía constructora de “Canoras”.

Con Rodolfo Félix Valdés, Fernando María y Carlos Benito Astiazarán en la construcción de la carretera de cuatro carriles; Con Manlio Fabio Beltrones se consolidaron los nacientes empresarios en una nueva generación que permitió que las fortunas cambiaran de manos.

Armando López Nogales le permitió a Javier Gándara Magaña manejar desde fuera un comité para la promoción económica del Estado con gran influencia en las inversiones de la época; Eduardo Bours cerró el puño alrededor de él, su hermano Ricardo y no más de cinco contratistas; Guillermo Padrés tuvo en Roberto Dagnino y Miguel Padrés a sus embajadores plenipotenciarios en materia de “arreglos” a partir de “mochadas” en la obra pública, del leonino 20 por ciento.

Todos esos hombres influyentes que tuvieron el enorme privilegio de hacer mucho dinero desde fuera de la nómina estatal, en la actualidad y en el futuro inmediato pueden ser exhibidos y puestos en una marquesina, según este novedoso Sistema Nacional Anticorrupción.

Es cierto, a partir de este miércoles 19 de julio inició la vigencia de este marco legal, aunque el parto fue de un “sietemesino”, porque no son más de cinco entidades de la república (entre ellos Sonora) que han llevado a cabo los procesos para implementarlo localmente y porque los partidos políticos no han permitido el nombramiento de un primer Fiscal Anticorrupción.

Como sea, es otro mundo y muy expuesto. Es un llamado también a alguna mentalidad que pudiera persistir en su soberbia porque está muy cerca del poder y creer aún, ingenuamente, que “no pasará nada”.

Lo mismo pensaba Guillermo Padrés y sus cómplices. Podrían verse en ese espejo.

Y ahora, ¿a qué hora trabajarán los secretarios?

CADA DÍA es más complicado ser funcionario público; sobre todo aquellos de primer nivel… Porque ahora existen varias plataformas que obligan a los servidores públicos a reportar constantemente sus actividades…Formatos y más formatos… Está el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ahora, el Sistema Nacional Anticorrupción… Entre otros… Este marco jurídico incluye –tan sólo por poner un ejemplo de lo difícil que es su cumplimiento-, la vigilancia por parte de la Federación de todo manejo de recurso federal en programas locales e inclusive, el destino de los créditos que los congresos estatales les autorizan a los titulares del Poder Ejecutivo… En Sonora, es probable que el secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos, se vea en la necesidad de transparentar, centavo tras centavo, el destino de los cinco mil millones de pesos que el Congreso le autorizó como crédito al Gobierno del Estado en diciembre del 2015… Por ello, conocedora del tema y habiendo demostrado con hechos su voluntad para castigar la corrupción, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano les ha estado advirtiendo a sus secretarios, subsecretarios, directores generales y coordinadores de área, que están obligados a cumplir con estas leyes porque no tolerará fallas que pudieran arrastrar la buena imagen que ha construido en casi dos años de gestión… Quizá y por este motivo, algunos secretarios de sienten “vulnerables” y temerosos de ser señalados y sentados ante un ministerio público por el solo hecho de ser señalados públicamente, porque han cruzado su firma en el manejo de los dineros públicos… Quizá y por ello la advertencia también de que “quien se sienta inconforme, que se vaya”… En lo que sí estamos de acuerdo todos, en que un gran porcentaje del tiempo de los funcionarios públicos se consumirá en el cumplimiento de las formas de estas plataformas de transparencia y acceso a la información, de tal manera que se acerca el momento en que los reporteros preguntaremos: “Señor secretario, ¿y a qué horas trabaja usted?”

Gómez Torres, al final, ganó la guerra

CORRÍA EL año 2011 y pronto se cumplirían los primeros doce meses del derrumbe de la pizarra electrónica “Hermosillo Flash”. El 27 de mayo de un año antes se había cumplido el deseo de Guillermo Padrés de hacer pagar al editor de ese medio, Eduardo Gómez Torres, la osadía de desdeñarle en campaña… José Inés Palafox, entonces titular de obras públicas, dio la orden de que una máquina arrasara con ese medio de comunicación, a pesar de que estaba en funciones. “Ya me anda por echármelo”, dijo Palafox. Cuando se consumó el hecho, junto a él, Jorge Morales, entonces principal firma de comunicación social, disfrutaba del espectáculo desde la plaza “Emiliana de Zubeldía”… El secretario de gobierno era Héctor Larios Córdova. Un hombre prudente y mesurado que sabía escuchar. Esa forma de ser, más su inteligencia, le había permitido algunos éxitos a favor del gobierno “padresista”. Acudí a él y le hablé en términos de llevar a cabo un ejercicio político. No podíamos hablar de tribunales; para esto están los abogados.
-Ya son ustedes gobierno y creo, están obligados a sumar; a dejar atrás los agravios. No tomen el riesgo de pasar a la historia como un gobierno que desapareció de la manera más cruel un reconocido medio de comunicación. Citen a don Eduardo Gómez Torres –quien además ha deteriorado mucho su salud- y lleguen un acuerdo. Él sólo desea colocar su “Hermosillo Flash” en otro lado de la ciudad… Larios, al escuchar mi petición, recordó que el mover el “Flash” a otra parte dependía del entonces alcalde Javier Gándara Magaña, “quien no quería saber nada de Gómez Torres”, pero que le parecía una muy buena acción amistosa la intención de llegar a un acuerdo y tratar de arreglar las cosas.
-Tengo qué verlo con el Gobernador. Yo te digo-, concluyó ese día la conversación con el secretario de gobierno.
No recuerdo con exactitud cuántos días transcurrieron, pero llegó el momento en que decidí llamar a Larios Córdova. Me tomó la llamada y me comentó: “Qué bueno que me llamas. Vi al asunto con el gobernador y la verdad, me dijo, no va a hacer nada. Nos atenemos a lo que digan los tribunales”.
Ahí comprendí que Guillermo Padrés nunca perdonó a Gómez Torres y a “Hermosillo Flash” que haya dado preferencias en la cobertura y la publicidad de campaña por la gubernatura, al priísta Alfonso Elías Serrano.
En 2015 se fue Padrés y también su gente. En el Ayuntamiento de Hermosillo, el alcalde Manuel Ignacio “Maloro” Acosta, conocedor del caso y sabedor de la condena contra el Ayuntamiento y a favor de los descendientes de don Lalo, sus hijos Gómez Limón, buscaba una fórmula para ayudar pero que no se comprometiera demasiado el patrimonio de los ciudadanos… Finalmente se dio un acercamiento y un acuerdo. Los Gómez Limón y su abogado Eleazar Fontes, aceptaron la propuesta de una indemnización por el daño. Recibirán un terreno en el sur de la ciudad valuado en 24 millones de pesos y seis millones más, en efectivo, cuyo cumplimiento se dará en nueve meses… Esta acción del Ayuntamiento a cargo de “Maloro” Acosta no sólo es considerada ahora un acto de justicia a la memoria de don Eduardo Gómez Torres y un castigo al desdén y perversidad de Padrés y su gente… Fue, además, un acto de reivindicación de la Ley para resarcir un daño evidente a un medio de comunicación sonorense… Fue una victoria de Gómez Torres, como el Cid Campeador, que aún después de muerto, ganaba batallas… Es ahora un antecedente histórico que deberán registrar los poderosos (provengan de donde provengan) que se resisten a respetar a los medios de comunicación que exigen ser libres en su pensamiento… El círculo de la justicia se cerraría si como se acordó, se hicieran pagar a los responsables por el daño a Gómez Torres y el menoscabo al patrimonio de los hermosillenses… Javier Gándara está en la mira…

¿Consejeros ciudadanos o empleados de gobierno?

SE ESTÁ LLEVANDO de manera muy puntual el proceso para designar a los cinco distinguidos sonorenses que integrarán el consejo ciudadano para la vigilancia del Sistema Estatal Anticorrupción… Ha trascendido que los cinco elegidos podrán cobrar un sueldo de alrededor de 60 mil pesos mensuales… Desde ahora se puede asegurar que la ciudadanía jamás le creerá a una persona que asegure, hable a nombre de Juan Pueblo, cuando recibe un pago del gobierno… En primer lugar porque aquí, en China y en Singapure, “el que paga manda”… A nivel nacional, dos consejeros ciudadanos del Instituto de Transparencia renunciaron a recibir un pago del gobierno… Aquí en Sonora, sin duda, se conocerá de inmediato a los ciudadanos elegidos para ese consejo, congruentes con su misión… Quienes acepten el pago, jamás dejaron de aspirar a ser burócratas.