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Crece tensión entre SUTSPES y Gobierno del Estado

Por Imanol Caneyada/

El sindicato puso una denuncia en Contraloría contra tres aviadores, a los que acusa de dedicarse a hostigar a la dirigencia en lugar de ocupar sus plazas; advierte que no van a permitir los recortes masivos que, se rumora, planea el Ejecutivo

La relación entre el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora (SUTPES) y el Gobierno del Estado no pasa por su mejor momento; a pesar de que la comunicación y el diálogo profesional se han mantenido entre la dirigencia sindical y los funcionarios de primer nivel, una serie de eventos ha tensado una relación que desde el principio ha estado marcada por el distanciamiento.

Así las cosas, el pasado viernes 28 de junio, José Antonio Figueroa, integrante del Comité Ejecutivo del sindicato, interpuso una denuncia en la Contraloría del Estado en contra de tres trabajadores del Poder Ejecutivo.

Ellos son Luis Carlos Estrada Córdova, Pablo Humberto Estrada Córdova y Rafael Rábago Urbalejo.

El primero está en la nómina de la Dirección General de Icreson, el segundo en la de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y el tercero en la nómina del Instituto Sonorense de Cultura.

Los tres ostentan el nivel octavo opción B, es decir, perciben alrededor de 17 mil pesos mensuales.

La razón por las que se les denunció, explica el secretario general del SUTPES, Luis Antonio Castro Ruiz, es porque estas tres personas no acuden a sus puestos de trabajo a ninguna hora del día ni de la tarde, no cumplen con sus obligaciones en tanto funcionarios ni tienen ninguna responsabilidad en las dependencias en las que supuestamente laboran.

Sin embargo, señala el líder de los agremiados, cobran puntualmente cada quincena con el dinero del erario público.

2 1 EmpleadosA decir de Castro Ruiz, los tres señalados en la denuncia, en horarios de oficina, se dedican a hostigar a la dirigencia sindical y a tratar de poner en contra a los trabajadores mediante una campaña de difamación y descrédito que inició a finales del año pasado.

Cabe recordar que en diciembre de 2012, Rafael Rábago Urbalejo impugnó la reelección de Luis Antonio Castro Ruiz al frente del sindicato por considerar que el proceso había violado los derechos de los trabajadores.

En ese entonces Rábago Urbalejo hizo público su desacuerdo con la elección pues, argumentó, se había llevado a cabo con base en engaños.

Por su parte, el secretario general sostiene que tienen pruebas documentales, fotografías, videos y testigos en los que se comprueba que los tres denunciados no se han presentado a su trabajo en lo que va del 2013 sin que por ello hayan dejado de percibir su salario.

Al principio, comenta, se les apercibió en las dependencias en las que laboran, sin embargo, tanto en la Subsecretaría de Ingresos como en la Dirección General del Icreson y el ISC les dieron largas, trataron de justificar las reiteradas ausencias y solaparon la inasistencia de los trabajadores.

Posteriormente, acudieron a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda con el mismo resultado.

Al final, decidieron ir a la Contraloría del Estado, en donde el viernes 28 de junio, José Antonio Figueroa, en representación del SUTPES, puso la denuncia; horas después, el mismo Figueroa recibió una llamada de un funcionario de la Contraloría en la que le decía que ésa no era la instancia correcta para una denuncia de esas características.

Por ello, explica el líder sindical, se presentaron en la Notaría No. 46, para que su titular, la licenciada Inés Aragón, diera fe de la denuncia y las pruebas aportadas.

Luis Antonio Castro no cree que los funcionarios de primer nivel sean quienes estén solapando las actividades contra el sindicato con cargo al erario; considera que se trata de mandos medios, funcionarios de segundo nivel de dependencias paraestatales los que están entorpeciendo y enrareciendo la relación entre el sindicato y el Poder Ejecutivo.

Sucede lo mismo con los convenios que han firmado el gremio y el gobierno del estado, los cuales, una vez aprobados, enfrentan retrasos e incumplimientos constantes.

Pagos retrasados y amenaza de recortes masivos

Otro aspecto que preocupa al secretario general del SUTPES es el incumplimiento y el retraso en los pagos que el Gobierno del Estado está obligado a hacer al sindicato, a partir de los descuentos que aplican a los trabajadores por concepto de caja de ahorros, préstamos y cuota sindical.

Hasta hace poco más de un mes era de seis quincenas, en la actualidad se ha reducido a cuatro.

Ese dinero, señala el líder sindical, se les descuenta a los trabajadores, no es del Gobierno del Estado.

En cuanto al fondo para el retiro, que es de alrededor de los 45 mil pesos para cada trabajador que se jubila, desde el 2011 un alto porcentaje de empleados que se pensionan no lo ha recibido.

En la misma situación se encuentran los empleados con incapacidad total y permanente.

Una sombra que planea actualmente sobre los trabajadores al servicio del Estado de Sonora es la de un recorte masivo.

Según Castro Ruiz, ya se han aplicado recortes entre los empleados que están por contratos temporales.

Son varios los que se han acercado al sindicato y, aunque no les corresponde, por solidaridad, han abogado por ellos ante las dependencias del Gobierno del Estado.

Siguen los empleados de confianza, agrega el secretario general, y se ha extendido el rumor de que los despidos próximamente serán masivos, incluyendo a los trabajadores que pertenecen al sindicato.

Y si bien, dice Castro Ruiz, el gremio le apuesta a la comunicación, al diálogo y al trabajo pacífico y profesional, no van a permitir que se den estos recortes indiscriminados que, hasta el momento, son solamente un rumor.

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