De Primera Mano | Combate a corrupción, ¿sinónimo de persecución política?

Por Francisco Javier Ruiz Quirrín

PODRÍAMOS decir que desde el arranque de este siglo XXI, las condenas para los gobernadores salientes se convirtieron en una fatalidad. Nadie se ha salvado ni nadie, en el futuro –por lo visto-, se salvará. La mejor librada o el mejor librado, evitará la cárcel.

Muy lejos quedaron aquellos años en que la parte final del sexenio, era dedicada por los gobernadores para recibir reconocimientos públicos de los distintos sectores del Estado.

Vale la pena recordar dos ejemplos:

Faustino Félix Serna (1967-1973) entró con un evidente repudio de una mayoría popular. No había oposición, pero aún así, no evitó que en aras de pacificar la turbulenta situación política, la aplanadora priísta admitiera la derrota de los candidatos de su partido en siete municipios, uno de ellos, Hermosillo, convirtiéndose así en la primera capital de un estado del país en caer en manos del Partido Acción Nacional.

-¿Y cuál fue la fórmula que utilizó don Faustino para terminar un sexenio en medio de la admiración y el reconocimiento general?

Una anécdota podría respondernos:

Una vez, “Don Effes” (así apodaban al gobernador) instruyó al entonces presidente del PRI estatal, Enrique Fox Romero, auscultara en San Luis Río Colorado acerca del candidato popularmente más querido para ser el próximo presidente municipal.

De regreso, Fox informó que no había buenas noticias, porque el candidato más popular era un enemigo político, Rafael (“Failo”) Leyva Castro.

-Busca a Rafael y dile que quiero hablar con él-, instruyó el gobernador.

De frente, Don Faustino le dijo a su enemigo político que los sanluisinos lo querían como presidente municipal y así iba a ser, “porque había qué respetar la voluntad popular”.

-Pero don Faustino (detuvo Failo), usted y yo nunca hemos estado de acuerdo…

-Ya no más. Ahora trabajamos para el Estado y para el pueblo. Para eso nos eligen.

Desde ese momento, Félix Serna acercó a cada uno de sus enemigos. Y se los “echó a la bolsa”.

Al término del sexenio, fueron los primeros que reconocieron al gobernador saliente.

Además, Sonora le debe al sexenio de FFS la construcción de la red carretera estatal más amplia de su momento, amén de los estadios de béisbol “Tomás Oroz Gaytán”, en Ciudad Obregón” y “Héctor Espino”, en Hermosillo.

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El otro caso es el de Alejandro Carrillo Marcor (1975-1979). Declarado gobernador sustituto ante la abrupta caída de Carlos Armando Biébrich, gobernó cuatro años Sonora.

Sus discursos, mensajes y declaraciones, siempre tuvieron el tono de un diplomático y un férreo impulsor del cumplimiento de la Ley.

Nos heredó como obra pública la Casa de la Cultura y el edificio que alberga el Congreso del Estado, pero consolidó un tiempo en el que Sonora reiniciaba su lucha por recuperar la grandeza, ante el tremendo golpe económico y colapso político en que se hundió tras la renuncia de Biébrich.

Invitó como colaboradores a Samuel Ocaña y a Armando López Nogales, ambos con el destino conocido por todos y, además, de manera inédita, don Alejandro no daba inicio a ninguna audiencia en palacio solicitada por los diversos sectores, sin que estuviera presente la prensa.

Los últimos 90 días de su mandato, Carrillo los consumió acaparando todo tipo de reconocimientos. Existe el registro periodístico de una fotografía en la que está rodeado de todo tipo de honores.

Sexenios con finales amargos

Los gobernadores salientes a partir de este siglo han tenido qué tolerar un ariete en su tobillo. Uno de ellos de manera literal.

Armando López Nogales (1997-2003) no pudo imponer a Alfonso Molina Ruibal como su sucesor y debió tolerar el triunfo de Eduardo Bours Castelo, quien logró la candidatura del PRI al promover una elección abierta a la ciudadanía.

López Nogales aseguraba a sus colaboradores que no leía periódicos, por lo que podían ahorrarse las “malas noticias”. La oficina de comunicación social la mandó a medio kilómetro, alejada de palacio.

A su salida presumió no haber aumentado la deuda del Estado y fue real, pero no pudo evitar que se repitiera por Juan Pueblo, que sus mejores logros estaban en sus encuentros de basquetbol, en distintas colonias de la ciudad, lo que se bautizó como “cascareando con el gober”.

El agravio persiguió a López Nogales por mucho tiempo. Quince años después de su salida, publicó un libro donde resaltó sus logros como gobernante. Sólo así logró sacar ese “pendiente”.

Eduardo Bours Castelo fue un buen gobernador. Honesto, arrojado, valiente, un hombre de palabra que sacó la casta al combatir el crimen y de una manera muy contundente: Es probable que su final no deseado haya sido una consecuencia de su enorme soberbia.

El 5 de junio del 2009, en plena campaña política para designar a su sucesor, se atravesó la horrible tragedia de la Guardería ABC y ahí cambio su vida. Y la de muchos.

Decidió defender a los propietarios de la guardería siniestrada y su encontronazo político con el Presidente Felipe Calderón (intentó Bours involucrar el nombre de la primera dama del país, Margarita Zavala Gómez del Campo, con una familiar ligada a la tragedia) tuvo entonces su consecuencia.

Días antes de las elecciones, visitó Hermosillo el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Durante un acto público reveló que se tenían posibles evidencias de que el incendio originado en una bodega del Gobierno del Estado, contigua a la guardería ABC, podía haber sido activado por la mano humana.

Probar lo anterior significaba enfrentar una posible acusación por homicidio culposo.

Bours Castelo detuvo la campaña de su candidato al Gobierno de Sonora, Alfonso Elías Serrano y el día de los comicios electorales, el PRI guardó silencio y al coordinador del programa denominado “Pasos” –Guatimoc Iberry– donde se concentraba la estructura gubernamental para apoyar a su abanderado, se quedó en casa.

Bours ha tenido qué tolerar el estigma de una tragedia y a pesar de haber sido un buen gobernante y haber dejado dinero a su sucesor, éste último, el panista Guillermo Padrés, se quejó de falta de liquidez y a través de su primer secretario de Hacienda, Alejandro López Caballero, movió a los diputados en el Congreso para lograr la autorización para reestructurar la deuda y ganar tiempo y varios millones de pesos.

El final de Padrés y sus colaboradores más cercanos como Roberto Romero, Carlos Villalobos, Bernardo Campillo y Jorge Morales Borbón, entre otros, está muy fresco en la memoria de las y los sonorenses.

El Gobernador no ocultó su enriquecimiento ilícito, pero más allá de eso, mintió alegremente a todos, sobre todo a partir de su cuarto año de gestión, incluidos los proveedores y directivos de los medios de comunicación, con excepción de El Imparcial, quien recibió un trato privilegiado en dicho sexenio.

Una secuela de corrupción que, hasta la fecha, mantiene abiertos expedientes y carpetas tanto en el ámbito federal como en el estatal. Es hora de que Padrés vive con un monitor electrónico en su cuerpo, lo que le hace “localizable” para la autoridad y evita que abandone el país.

La hora de las auditorías

EN NUESTROS días, quien asumirá el cargo de Gobernador de Sonora el próximo 13 de septiembre, Alfonso Durazo Montaño, ha adelantado varios anuncios, en un escenario propicio gracias a la disposición mostrada por la gobernadora saliente, Claudia Pavlovich, quien ha asumido un papel “institucional” en abierto apoyo al Presidente López Obrador.

Uno de esos anuncios fue el relacionado a la práctica de auditorías en varios rubros. Aseguró que se harán los cambios necesarios para evitar que, en lo sucesivo, se elimine la discrecionalidad para otorgar patentes a nuevos notarios públicos.

Asimismo, informó que se revisarán los procedimientos llevados a cabo en el uso de los recursos aplicados al manejo de la pandemia de COVID 19, una auditoría en la autorización y ampliación de la deuda estatal (que este sexenio aumentó de 22 mil millones a 28 mil) y una auditoría en la deuda que alcanza los 500 millones de pesos en la operatividad del “C5i”, dependencia de la Secretaría de Seguridad Pública.

La historia reciente ha demostrado que si el gobernante carece del personal lo suficientemente capaz como para encontrar irregularidades al revisar los cajones y cajas, o componer lo descompuesto, difícilmente tendrá éxito en la encomienda.

Habrá qué recordar también que “no hay malos ni buenos colaboradores. Sólo hay buenos y malos jefes. El tonto se rodea de tontos, el capaz se rodea de capaces”.

En el caso de la asignación de nuevos notarios públicos y la creación de nuevas notarias, la Ley respectiva establece con claridad que ese tipo de movimientos conforman una facultad exclusiva del titular (o la titular en este caso) del Ejecutivo estatal, toda vez que los aspirantes cumplan con los requisitos previamente establecidos.

En otras palabras, al parecer no existe ilegalidad alguna en la otorgación de nuevas patentes o creación de nuevas notarías. Quizá lo que podría debatirse es el tema de la ética o de la moral, que entran exclusivamente en el ámbito de las personas y su imagen, pero que no producen consecuencias de Derecho.

En cuanto a las auditorías y revisiones al autorizarse nuevos créditos y endeudar al Estado, habrá qué mover también los cajones del Congreso del Estado.

Meses después de haber asumido el cargo, el gobernador, Guillermo Padrés persiguió judicialmente a una funcionaria de la Secretaría de Hacienda, pero no se atrevió a tocar las puertas de los niveles más altos. Meses después, los tribunales absolvieron a dicha funcionaria.

En cuanto a Padrés y sus excolaboradores perseguidos por corrupción, el gobierno de Claudia Pavlovich cumplió hasta la parte del proceso donde se les dictaba auto de formal prisión o se le vinculaba a proceso, pero el dinero “robado” fue bien utilizado en abogados que abusando del recurso del Amparo, sortearon la cárcel o están siguiendo el procedimiento en su contra, desde la comodidad de casa.

De ahí, la necesidad de un gobernante de contar con funcionarios del ramo, capaces, que hagan lo que tengan qué hacer para encontrar lo ilícito y probarlo ante los tribunales.

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… ¿Y Telemax?

ENTRE los anuncios de Durazo, se cuenta uno de particular interés relacionado con los medios de comunicación del gobierno estatal.

Se habla de la desaparición de la Secretaría Técnica, para dar paso a una novedosa figura que aglutinará a la Coordinación de Comunicación Social, a Radio Sonora y a Telemax.

Si tomamos en cuenta las disposiciones para el manejo informativo o la política de comunicación social del Gobierno del Estado, la operatividad de las tres dependencias no representa problema alguno.

El problema técnico estaría en la adhesión de Telemax al organigrama de gobierno.

A ver. Es una cuestión de forma y de fondo. En los hechos, el canal es del Gobierno del Estado, así como su política difusora de la imagen del gobernante en turno y, a veces también, fue convertido en un instrumento para golpear enemigos del régimen.

Pero hay una realidad.

En el caso de Telemax existe una escritura pública, desde su creación, que la define como una empresa privada. Sí, es socio el gobierno estatal, pero sólo eso. Tiene en documentos la figura de otros socios. ¿Cómo, entonces, adherirla a la estructura estatal siendo una empresa privada desde el punto de vista técnico-legal? Por eso repetimos por tercera vez en este espacio: Se requieren colaboradores que sepan el cómo hacer las cosas. No el cómo no hacerlas.