Decidirá IFE en julio sobre gastos de campaña 2012

Con cinco votos en favor, tres en contra y la abstención del consejero Sergio García Ramírez, el Consejo General del IFE devolvió a la Unidad de Fiscalización el dictamen consolidado de revisión a los gastos de las campañas presidenciales, que proponía diversas multas.

Tras más de cinco horas de debate, el organismo electoral determinó también que el nuevo dictamen sea presentado de manera conjunta con la revisión de los gastos de campaña para senadores y diputados, previsto en la ley para julio próximo.

Los consejeros electorales Lorenzo Córdova, Alfredo Figueroa, Benito Nacif, María Marván y Macarita Elizondo votaron por la devolución del documento, mientras que el consejero presidente Leonardo Valdés Zurita, y los consejeros Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero lo hicieron en contra.

El consejero Sergio García Ramírez se abstuvo de participar en la votación, tras el anuncio de que se separará del cargo, lo cual fue notificado el martes oficialmente al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados por el presidente del Consejo General del IFE.

El documento original proponía sanciones para el Partido Acción Nacional (PAN) por 2.2 millones de pesos, para la coalición Compromiso por México por 54.6 millones, para el Movimiento Progresista por 129.8 millones y para Nueva Alianza por 283 mil 975 pesos.

Al iniciar el debate, Valdés Zurita puntualizó que en el diseño del sistema democrático, el financiamiento público a los partidos se explica por un fin superior «que el poder político se logre exclusivamente con los recursos autorizados por la ley».

Destacó que los partidos y las coaliciones contaron, sin disminución alguna, con los plazos de ley para entregar sus informes y la documentación comprobatoria, por lo que ningún partido puede llamarse «a sorpresa» por los resultados del dictamen.

En su intervención, el consejero Sergio García Ramírez advirtió que sobre ese tema no sería fácil la unanimidad «ni dentro ni fuera del Consejo», aunque en la parte final del debate se abstuvo de participar, dada su decisión de separarse del cargo.

A su vez, Lorenzo Córdova Vianello reconoció que los temas vinculados con el dinero generan una gran polémica, «y este no debe ser la excepción», y sustentó su petición de devolver el dictamen en que se establezca el concepto de «beneficio» que el gasto permita a cada campaña electoral.

Pidió regresar el documento en aras de la claridad y destacó que las campañas de presidente, diputados y senadores ocurren al mismo tiempo y en un mismo espacio, por lo que debe efectuarse una revisión integral de las tres en materia de fiscalización, así como aclarar y motivar los criterios de los beneficios.

A su vez, Alfredo Figueroa Fernández consideró necesaria la devolución, para que la Unidad de Fiscalización establezca claramente una evidencia de los criterios y motivos por qué se beneficiaron algunas campañas.

Comentó que el gasto directo que los partidos plantearon en senadores y diputados no han sido objetos de un proceso de fiscalización, por lo que la citada Unidad debe tener un panorama completo y por ende una revisión integral.

El consejero Benito Nacif Hernández respaldó la postura y señaló que el IFE debe cumplir con el principio de exhaustividad, además de que se deben corregir y transparentar los criterios de «prorrateo» para beneficiar a algunos partidos.

En tanto, María Marván Laborde se pronunció por rechazar el dictamen, ya que no plantea con claridad los criterios utilizados para la aplicación de multas y para beneficiar a algunas de las campañas en temas como la clasificación de gastos y los criterios de distribución.

Es indispensable tener la película completa, tener en blanco y negro los beneficios a las campañas, sostuvo la consejera, quien consideró que la fiscalización de los gastos en las campañas de senadores y diputados originará modificaciones importantes en la fiscalización de la elección presidencial.

De su lado, Macarita Elizondo Gasperín sostuvo que es factible que los proyectos de fiscalización de campañas presidenciales puedan ser aplazados y devueltos a la Unidad de Fiscalización y se pronunció por ampliar el plazo de presentación del dictamen.

Tras el debate, que en ocasiones se centró principalmente en cuestiones técnicas de gasto y fiscalización del mismo, se presentó la votación, en la que el Consejo General determinó devolver el dictamen consolidado, para que la revisión se haga a gastos de campañas presidencial, de senadores y diputados.

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