Defraudó al SAT con mil 700 mdp y juez lo libera por $20 mil

Por Daniel Sánchez Dórame/

HERMOSILLO, 8 de Agosto.- A pesar que según lo establecido en la investigación, el ex director de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria en Sonora, Roberto Francisco Ávila Quiroga, supuestamente generó un daño patrimonial al erario público federal superior a mil 705 millones de pesos, el Juez le concedió libertad bajo una fianza de apenas 20 mil pesos.

Dario Figueroa Navarro, delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora, anunció que el Ministerio Público Federal a cargo de la averiguación previa 61/2016 interpuso un recurso de apelación al fallo del Juez Decimosegundo, al considerar que la multa es mínima en relación al monto defraudado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de los llamados «moches fiscales» qué consisten en la condonación de impuestos y auditorías a modo que beneficiaron a colaboradores cercanos al ex mandatario panista Guillermo Padrés Elías.

“El juez de distrito encargado del proceso, otorgó la libertad bajo caución con base en un derecho que tiene el indiciado en virtud de que el delito por el cual lo consignamos y ejercimos acción penal, no es un delito considerado como grave, por eso le dieron su libertad bajo fianza pero la delegación en Sonora de PGR no está de acuerdo, mínimamente con el monto establecido por el Juez, por eso impugnamos la decisión”, aseguró Figueroa Navarro.

El pasado viernes 5 de agosto, la PGR informó de la detención de Roberto Figueroa Ávila, como presunto responsable por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, acusado de haber favorecido de manera indebida a 574 contribuyentes con exención de impuestos, a través de 198 “auditorías a modo”.

El Delegado de la PGR en Sonora aseguró que están investigando la destrucción de una lujosa mansión que estaba construyendo el ex funcionario inculpado en la colonia Santa Lucía y que supuestamente fue derribada con maquinaria pesada para entorpecer las investigaciones de la Policía Federal Ministerial.

Fue en abril del 2015, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó que durante el sexenio del ex gobernador Guillermo Padrés, a través del “auditorías a modo” realizadas por funcionarios del SAT en Sonora se había beneficiado amigos, familiares, empresarios y políticos cercanos al ex mandatario con descuentos y exención en impuestos federales, generando un daño al erario público federal por mil 705 millones de pesos.

A consecuencia de estos actos de corrupción, el SAT suspendió la facultad de fiscalización al Gobierno de Sonora a finales del 2015, por las irregularidades e indebida actuación del personal que participó en auditorías y cobro de impuestos durante la pasada administración; por lo que el erario público estatal en la presente administración de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, dejó de percibir alrededor de 104 millones de pesos en incentivos fiscales.

Entre las empresas beneficiadas con la exención de impuestos, figura el Rancho Pozo Nuevo de Padrés propiedad de la familia del ex gobernador de Sonora, esta sociedad rural adeudaba 15 millones 108 mil 348 pesos por impuestos federales. Sólo pagó 119 mil 970 pesos, el resto se les “perdonó”.

También se benefició Javier Gándara Magaña, ex candidato panista al Gobierno del Estado, quien debía 14 millones 108 mil 348 pesos por el ejercicio fiscal 2011, pero no pagó absolutamente nada, así como varios ex funcionarios, familiares, amigos y políticos afines a la pasada administración.

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