Regidores priistas de Hermosillo denunciaron que luego de incrementarse la deuda en más de un 75 por ciento en los últimos tres años de administración panista, la deuda pública municipal ocupa ya el cuarto lugar a nivel nacional de los municipios con más endeudamiento con bancos.
Tres años atrás, la deuda de Hermosillo era de 500 millones de pesos, sin embargo, al mes de enero, luego del trienio del panista Javier Gándara Magaña, los pasivos rondan los mil 570 millones de pesos, sin tomar en cuenta los costos financieros e intereses.
De acuerdo con los regidores del PRI, Hermosillo ocuparía el cuarto lugar de los municipios más endeudados, detrás de Guadalajara, que debe 2 mil 580 millones de pesos; Tijuana, con pasivos por 2 mil 554 millones; y de Monterrey, que debe 2 mil 224 millones de pesos.
«El ex Alcalde Javier Gándara Magaña llevó la deuda pública de Hermosillo de 500 a mil 250 millones de pesos, mientras que el Alcalde Alejandro López Caballero propuso dos créditos para el inicio de su administración por más de 572 millones de pesos, de los cuales, uno es por 330 millones de pesos destinado a resarcir las fugas de dinero en Agua de Hermosillo», afirmó el regidor y dirigente municipal del PRI, David Palafox Celaya.
En noviembre del año pasado, a dos meses de asumir la nueva administración, el Cabildo de Hermosillo reestructuró la deuda municipal.
En base a documentos oficiales, la administración de Gándara Magaña había dejado una deuda de largo plazo por 498.4 millones de pesos y una deuda de corto plazo con proveedores por 529 millones de pesos.
«A ello se agrega un adeudo con NadBank ya existente y un nuevo préstamo por 300 millones de pesos que convierte en deuda pública el quebranto financiero detectado en Agua de Hermosillo», expresó Palafox Celaya.
En el 2011, la deuda de 774 millones de pesos de Hermosillo lo hacía ocupar el sitio 11 a nivel nacional de los municipios más endeudados.
Los regidores priistas Guadalupe Olvera, Natalia Rivera, Ariel Burgos, Guillermo Moreno y David Palafox, demandaron a la Federación realizar auditorías, tanto al Gobierno de Sonora como al Ayuntamiento de Hermosillo, para conocer qué personas se beneficiaron con la contratación de tales pasivos que no tuvieron un efecto en obras públicas o acciones de gobierno.
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