Diputados demandan sanciones severas por derrame de tóxicos

La Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para que la comisión que da seguimiento al derrame de sustancias contaminantes en el Río Sonora recopile información a fin de concretar reformas que permitan sanciones más severas por accidentes de ese tipo.

En votación económica, el pleno avaló la propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), por la que se exhorta a ese grupo de trabajo a dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el Río Sonora.

El representante del Partido Revolucionario Institucional (PRD), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, presentó la propuesta que fue asumida por la Jucopo.

El propósito es que la comisión ejerza a la brevedad las funciones para las que fue creada y se allegue la información pertinente para cumplir su objetivo.

Deberá, en su caso, proponer las reformas que mejoren y hagan más efectiva la legislación que regula la materia objeto de su creación.

Se acordó exhortar al gobierno de Sonora, a las secretarías de Economía, de Salud y del Medio Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a que impongan multas ejemplares y toda sanción aplicable contra la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, por el derrame.

Al fijar la postura del PRI, Manuel Añorve Baños expuso que las afectaciones ecológicas han sido enormes, hay desabasto del líquido, encarecimiento del agua embotellada y el retiro del ganado de la zona, lo que ha obligado a suspender la ordeña y se ha contraído la exportación de carne.

Además se ha tenido que aplicar la suspensión de clases, aseveró el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Acusó a esa empresa de que, además de ser la responsable del desastre ecológico, ha tenido un comportamiento poco ético durante la crisis, pues “el corporativo mintió y sigue mintiendo”.

No es la primera vez, dijo, que Grupo México se ve inmiscuido en un problema de esta naturaleza, por eso “queremos una sanción y un resarcimiento ejemplar del daño”.

“Queremos la suspensión de actividades de la mina de Cananea operada por este consorcio, hasta que se evalúen los daños y se garantice el resarcimiento del medio ambiente y la indemnización a toda la población afectada”, agregó el legislador priista.

Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Lourdes Adriana López Moreno señaló que más allá de presentar la creación de una comisión especial para dar seguimiento a ese tema, hay varias cosas que es preciso reflexionar y que deben derivar en acciones más contundentes.

Consideró que la creación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental ha sido, sin lugar a dudas, un acierto, y puede ser perfectible.

Sin embargo, dio a conocer que a pesar de que las autoridades del sector ya aplicaron la sanción más alta, solicitarán la coadyuvancia del Ministerio Público para la presentación de las denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de actuar también en materia penal.

Por la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), habló la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, quien denunció que Grupo México no alertó a la población de Cananea por el derrame de tóxicos.

Además del ácido sulfúrico, en el río Sonora se han encontrado arsénico, cadmio, aluminio, hierro, manganeso, níquel y cobre en concentraciones superiores a las permitidas, alertó.

“De todos los grupos mineros del país, incluyendo los transnacionales, Grupo México tiene la mayor propiedad del terreno nacional lo que, con los terrenos de Ferromex y otras empresas de Germán Larrea, se convierten en una amenaza si no se les obliga a cumplir las leyes”, advirtió.

La perredista estableció que “en esta cámara no debemos ser débiles ante el poder económico, en México tiene que haber un precedente que permita que se aplique la ley con mano dura”.

A su vez, el diputado Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Partido Acción Nacional (PAN), destacó la magnitud del problema ecológico y social que representa el derrame de químicos en las aguas de Sonora.

Exhortó a las autoridades aplicar correctamente las leyes, y consideró pertinente que el titular del Ejecutivo federal fortalezca las instituciones encargadas de velar por el medio ambiente, por lo que consideró necesario reactivar las actividades económicas en la región afectada.

En tanto, la legisladora Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza, señaló que el derrame de sustancias tóxicas afectó gravemente la calidad del agua de toda la región.

Debido al desastre ambiental, casi 700 pozos están cerrados, lo que priva del líquido a miles de personas, entre ellos a los agricultores y a los ganaderos.

Por Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal Ávila sostuvo que el desastre de Sonora es apenas el inicio de lo que consideró “la depredación más grande de la historia que la patria hayan sufrido”.

Consideró que es un asunto muy grave, que advierte la tragedia ecológica en la que nos veremos envueltos luego de la reforma energética.

Notimex