Educación y polémica: La Universidad

Es increíble que, en plena época de cambios, la autoridad no dialogue con las oposiciones y menos, se realice un verdadero diagnóstico de la educación en Sonora

Por Bulmaro Pacheco
Los logros en materia educativa de Sonora en los últimos años están a la vista: Hasta el 2021 la cobertura alcanzada en educación Preescolar era del 60.7%, Primaria 96.3%, Secundaria 92%, Media Superior 80% y Educación superior el 40.1%, con 108,410 estudiantes en 148 escuelas públicas y privadas. A la tarea de la Universidad de Sonora se sumaron los Institutos Tecnológicos federales y descentralizados, así como las universidades tecnológicas, el ITSON y la UES. El analfabetismo se combatió a tal grado que se bajó la cifra del 8% en 1976 al 1.6% (en lo nacional 4.4) en fechas recientes, y el grado promedio de escolaridad alcanza ya en Sonora los 10.2 grados, mientras que a nivel nacional se ubica en 9.4. 
Los avances educativos estuvieron en sintonía con las reformas constitucionales y al eliminar en 1946 la polémica tesis de la educación socialista, se estableció —a nivel nacional— la obligatoriedad de los distintos niveles educativos: La Primaria en 1946; la Secundaria en 1993; Preescolar en 2002; Media Superior en 2012 y Superior en 2019. 
La Universidad de Sonora se creó mediante una ley orgánica del Congreso local y empezó a funcionar en 1942. Esa ley se reformó en 1953, 1973 y 1991. Hoy ha surgido un nuevo proyecto de ley orgánica enviado por el Ejecutivo estatal al Congreso. 
Afirma el Ejecutivo que a partir de la ley de 1991 «se enquistaron grupos de poder» en la Universidad de Sonora y por eso se hace necesario democratizar la vida interna de la máxima Casa de Estudios. No hay ningún diagnóstico serio en la exposición de motivos sobre la problemática universitaria antes de esta declaración, porque los grupos de poder a los que seguramente se refiere el gobernador, están en los sindicatos y en familias enteras que trabajan y viven (plazas hereditarias de por medio) de la universidad. Esos temas ni los tocan ni les interesan, porque son parte del apoyo político para el partido. Por eso el argumento del ejecutivo estatal es fácilmente rebatible. 
En Sonora, a diferencia de las universidades de Colima, Hidalgo, Sinaloa, Guadalajara y Puebla, por dar algunos ejemplos, no se crearon grupos de poder que en alguna ocasión le hayan disputado el poder al Estado, como sucedió…y sucede en aquellas realidades. 
Hay allá ex rectores que siguen influyendo en el gobierno de las universidades y al mismo tiempo impulsan a miembros de su propio grupo a posiciones de poder federal y estatal, tanto en las administraciones públicas como en el Poder Legislativo. 
En Sonora no ha existido un rector que al dejar el cargo siga gobernando la universidad. Casi todos ellos al terminar sus períodos se han reincorporado a labores académicas y administrativas: Excepciones han sido Jorge Luis Ibarra, que fue titular de la ANUIES, funcionario federal y secretario de Educación y Cultura, y Pedro Ortega, que fue rector de la Universidad Estatal de Sonora. Hasta ahí.
Si pudiera hablarse de un grupo universitario dominante —nepotismo incluido—, sería ahora con el nuevo gobierno de Morena. El origen y los perfiles de los titulares de Educación, Gobierno, algunas dependencias descentralizadas y representaciones federales en el Estado representan buenos ejemplos. 
El proyecto de la nueva Ley Orgánica de la Universidad de Sonora puesto a consideración del Congreso local cuenta con 90 artículos y 12 transitorios. Habla de la reestructuración (desaparición) de la Junta Universitaria, la representación paritaria en los órganos colegiados, la demanda de mayor participación del personal académico y alumnado en los órganos de gobierno, la democratización de la Universidad de Sonora, y subraya —que para el efecto— solo se sigue lo previsto en la nueva Ley de Educación Superior promulgada en 2019. Cuidado. En aras de una supuesta democratización se puede romper un modelo académico que ha sido funcional y ha dado resultados en los últimos 30 años. 
Sustituye a los órganos actuales de gobierno universitario al crear el Consejo de Gobierno (14 miembros) y revive la figura del antiguo Consejo Universitario al proponer la creación de un Colegio Universitario como máximo órgano de gobierno, integrado por 132 miembros. Alarga a cinco años el período de los rectores y prohíbe la reelección en período consecutivo (pero no en el intermitente). Centraliza al reducir la capacidad de decisión de las unidades regionales. Además, hace énfasis en dos conceptos clave para el futuro de la educación superior en Sonora: El cumplimiento progresivo (sic) de la gratuidad y la obligatoriedad de la educación superior. 

Lo referente a la gratuidad ya ha creado algo de polémica, a pesar de que en la ley se hable del «Fondo Federal Especial para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, a partir del cual se eliminarán progresivamente los cobros de las instituciones públicas de educación superior por conceptos de inscripción, reinscripción y cuotas escolares ordinarias». 
¿A quiénes beneficia realmente la gratuidad de la educación superior? ¿a aquellos que cuentan con recursos para pagarla? ¿Con qué recursos habrán de financiar las instituciones los programas de mantenimiento y pago de servicios y compra de materiales, si suspenden lo que por ahora se denomina ingresos propios? 
Se trata de un proyecto que abunda más en la gobernabilidad interna de la institución (el manejo político) que en la calidad de la educación y los retos de la universidad en el mediano plazo o la proyección de ésta ante las nuevas realidades estatales y nacionales. 
Sí, es cierto que el Congreso, con 26 de los 33 diputados alineados con el Ejecutivo, la pueden aprobar fácilmente sin tomar en cuenta la opinión de los interesados, o de quienes disienten de la iniciativa sin mayor interés que la viabilidad de la institución en circunstancias particularmente difíciles. La disyuntiva es clara: O persiste la ausencia de diálogo y la colonización morenista de instituciones, o se abre la discusión. 
Es increíble que, en plena época de cambios, la autoridad no dialogue con las oposiciones y menos, se realice un verdadero diagnóstico de la educación en Sonora.
Por años, las universidades públicas en México fueron un reflejo del conflicto político externo, por la ausencia de democracia partidista. Las tensiones plagaron las casas de estudio mediante violencia y conflictos recurrentes ante la falta de instancias políticas sólidas y confiables. 
Si con la iniciativa solo se busca movilizar a los alumnos y someter a la institución a una dinámica provocadora de sobrepolitización, eso puede desembocar en inestabilidad política permanente. 
Si se busca sustituir a un grupo de poder por otro, habría que revisar muy bien la viabilidad del transitorio 3 del proyecto, que dice: «Quienes al entrar en vigor la presente ley sean integrantes de la Junta Universitaria, se reconocerán como integrantes del Consejo de Gobierno hasta que el Congreso del Estado del Estado, dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, en uso de sus facultades (que no están contempladas en ninguna de las 44 fracciones del artículo 64 de la Constitución), por única ocasión designe a los miembros del Consejo de Gobierno pudiendo ser considerados algunos de los miembros actuales de la Junta Universitaria. Para ello se recibirán candidaturas a propuesta de la persona titular de Rectoría, miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad sonorense en general». 
¿Injerencia en la autonomía universitaria sobre la Constitución? ¿Cuál Prisa? El proyecto deberá manejarse con cuidado y consulta previa. Que se agoten la discusión, el debate y el análisis y se incluyan opiniones y propuestas distintas antes de votarla. Sería lo correcto.
 
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