El costo humano del cobre: Impunidad, negligencia y complicidad

EDITORIAL

En la historia moderna del desarrollo industrial en México, pocas narrativas resultan tan desgarradoras como la metamorfosis sufrida en el estado de Sonora, en lo que la sociología ambiental denomina una “zona de sacrificio”. Detrás de indicadores de exportación, utilidades millonarias y discursos de progreso, se esconde el rostro de degradación ecológica y envenenamiento paulatino.

Grupo México, el gigantesco conglomerado minero encabezado por Germán Larrea, ha dejado en suelo sonorense una huella indeleble que trasciende el plano económico para convertirse en un emblema nacional de impunidad corporativa. A lo largo de la última década, al menos cuatro desastres ambientales de gran magnitud, debidamente documentados por la comunidad científica, organizaciones civiles e incluso por dependencias federales, han dejado al descubierto un patrón sistemático de negligencia operativa y una persistente falta de remediación integral.

El ecocidio del Río Sonora (Agosto, 2014). Considerado la peor catástrofe ambiental en la historia de la minería metálica mexicana, la falla de contención en un represo de la mina Buenavista del Cobre arrojó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado y metales pesados (arsénico, cadmio, plomo, cromo) a los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora. El impacto paralizó la economía agrícola, clausuró fuentes de agua potable y afectó de manera directa e irreversible la salud de más de 22 mil habitantes en ocho municipios de la cuenca. 

El descarrilamiento de ácido en Nogales (Agosto, 2014). Apenas semanas después del colapso en el Río Sonora, un tren operado por la división ferroviaria de la misma empresa vertió 240 toneladas de ácido sulfúrico a escasos metros del cauce del río Santa Cruz, en el municipio de Nogales. 

El vertimiento de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés (Julio, 2019). Un fallo en las instalaciones de la Terminal Marítima de Guaymas provocó el derrame de aproximadamente 3,000 litros de ácido sulfúrico directamente en las aguas del Golfo de California. 

El más reciente, ocurrido tres semanas atrás en el Ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco. Un tren de Ferromex se descarriló provocando el escurrimiento de 59,000 litros de hidrosulfuro de sodio corrosivo y 240 toneladas de concentrado de cobre hacia el arroyo del Ejido Cuauhtémoc. El gas liberado provocó hospitalizaciones y evacuaciones locales.

Frente a la contundencia de estos hechos, la respuesta de los distintos niveles de gobierno ha sido un ejercicio constante de burocracia dilatoria, simulación y cálculo político. El abordaje de las emergencias ecológicas revela cómo las instituciones encargadas de velar por la protección ambiental y la salud de la ciudadanía sucumben con frecuencia ante la enorme capacidad de presión del capital privado.

El Fideicomiso Río Sonora, constituido tras la tragedia de 2014 con la promesa de aportar 2,000 millones de pesos para la remediación del entorno y la atención médica de los afectados, terminó cerrándose de forma extemporánea e inoperante. La infraestructura hospitalaria prometida para el monitoreo de metales pesados en la población quedó reducida a un edificio inconcluso, una suerte de «hospital fantasma» que simboliza el desdén del Estado y de la empresa hacia las personas que continúan viviendo con niveles anormales de metales tóxicos en la sangre. 

Cuando la autoridad prioriza la estabilidad fiscal, la recaudación de impuestos, los puestos de trabajo o el entendimiento político por encima de la justicia restaurativa, el mensaje emitido es devastador: las leyes de protección ambiental son opcionales y la salud de los ciudadanos es un costo colateral prescindible.

Es por eso que ahora, cuando las autoridades de Medio Ambiente ponen pie en nuestra tierra y hablan de remediaciones, la desconfianza es el primer filtro con el que se topan. 

Las familias deben destinar ingresos escasos a la compra permanente de agua purificada en garrafón, mientras los agricultores y ganaderos enfrentan la estigmatización y pérdida de mercado para sus productos. 

Es injusto que las poblaciones que no participan de las multimillonarias utilidades corporativas sean quienes paguen con su salud, su patrimonio y su tranquilidad las consecuencias del extractivismo desenfrenado.

Reflexionar sobre lo ocurrido en Sonora exige trascender la indignación pasajera y replantear el marco bajo el cual opera la industria minera en México. No puede continuar operando bajo esquemas regulatorios laxos donde los sonorenses entregan la riqueza de su tierra y también el futuro de sus pueblos.