El exceso de poder y el vacío de gobierno

Por David Figueroa/

De Tlatlaya hasta Apatzingán, pasando por Ayotzinapa, 81 personas han muerto de manera inadmisible; México exige respuestas, exige orden social y aplicación de la legalidad

En menos de un año 81 personas han perdido la vida en sucesos atípicos con la intervención o participación directa de elementos de seguridad en México, que se supone están para garantizar la tranquilidad y defender al ciudadano, sin que ninguno haya sido esclarecido en su totalidad hasta ahora.

En junio de 2014 en Tlatlaya la muerte de 22 presuntos delincuentes y en octubre en Ayotzinapa 43 estudiantes normalistas desaparecidos; en enero de 2015, 16 civiles presuntamente ejecutados en Apatzingán por fuerzas federales es el escándalo suscitado este fin de semana al darse a conocer detalles de los hechos. Implicados: elementos del mismo Ejército Mexicano, Policías municipales y Policías federales en los diversos hechos.

Antes era el México de la guerra contra el narcotráfico, hoy es el México de los excesos de poder y vacíos de gobierno, la percepción de un estado en el que ciudadanos han quedado en desamparo de la ley y la justicia.

Muchas veces hemos pensado que lo que nuestro país requiere es hablar de buenas noticias y mostrar nuestras fortalezas, nos negamos a ser alarmistas ante sucesos y momentos de dificultad por los que pasamos como todo país en desarrollo, pero ante lo descrito arriba es imposible cerrar los ojos a lo que hoy estamos viviendo.

Hacia el exterior la imagen del México de la corrupción e ingobernabilidad donde instituciones que deben estar para proteger al ciudadano, se ha vuelto en su contra, además de una economía en serias dificultades. El tema de violaciones de derechos humanos se ha instalado como un tema recurrente.

En menos de un año, de junio de 2014 hasta abril de 2015, de Tlatlaya hasta Apatzingán pasando por Ayotzinapa, 81 personas han muerto de manera inadmisible y los tres sucesos presentan patrones comunes: participación de las mismas autoridades, excesivo uso de la fuerza al margen de la ley, ejecuciones extrajudiciales, cambio de versiones y falta de esclarecimiento.

En los tres casos se dijo primero de manera oficial que fue una actuación decidida por parte de los cuerpos de seguridad contra grupos que actúan fuera de la legalidad y el orden, pero después, en horas, días o meses como es el caso de Apatzingán que se ‘destapó’ a la opinión pública este fin de semana, se confirma todo lo contrario: un abuso de poder y de fuerza.

Lo hemos marcado en anteriores ocasiones: policías que sirven con dos cachuchas, descomposición del tejido social desde sus instituciones, un Estado disfuncional, un sistema de justicia a modo de intereses ajenos al ciudadano común.

En 1968 la matanza de Tlatelolco sacudió al país y motivó una transformación en medio del dolor y la injusticia; en el último año estos tres hechos lamentables no han logrado cimbrar lo suficiente la estructura social y política para generar acciones correctivas.

El pasado 17 de abril un grupo pluripartidista de legisladores en la Cámara de Diputados dio a conocer un informe sobre las 22 muertes en Tlatlaya en 2014 y el documento concluye uso excesivo y desproporcionado por parte de las fuerzas militares y omisión de la PGR al no investigar a altos mandos militares.

El documento dado a conocer por los diputados y diputadas señala además que la “falta absoluta” de entrega de documentación por parte de la PGR, el gobierno del Estado de México y la Sedena, les impidieron ponderar plenamente las versiones de los hechos y advierte: ni la independencia en el ámbito jurisdiccional, civil y militar, ni la separación de poderes y facultades distintas pueden constituirse un obstáculo para el esclarecimiento de los hechos y el ejercicio pleno de los derechos humanos y la justicia.

La pregunta es ¿Qué estamos esperando? ¿Qué viene mañana o el próximo mes?

Es momento de la acción decidida del Estado Mexicano en su conjunto. Establecer protocolos para la actuación de los cuerpos de seguridad y cumplir la ley debe ser la prioridad. La insatisfacción social no se puede procesar con más violencia en un país que se jacta de ser libre y democrático. Esos tiempos habían quedado atrás.

Urge esclarecer todos y cada uno de estos sucesos, urge hablar de ellos lo suficiente hasta que no quede duda de la voluntad por aplicar justicia.

México exige respuestas, exige orden social y aplicación de la legalidad; exige vivir con certezas hacia el futuro y no con incertidumbre o miedo de lo que pueda pasar mañana. Urge vivir en paz con dinamismo y esperanza de mejorar cada día.

Urgen buenas noticias y buenas acciones, pero sobre todo urge que las malas noticias se esclarezcan. No se puede avanzar con tantas heridas; no se puede avanzar con tantas dudas y desconfianza; no se puede avanzar si no hay ley que garantice justicia y un gobierno que garantice gobernabilidad y transparencia.

Agradezco sus comentarios y retroalimentación a través del correo electrónico [email protected]; y  en redes sociales: Twitter @DavidFigueroaO /Fb David Figueroa O.

*David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.