El proceder de la FAS nos hace pensar que la justicia en Sonora es selectiva: Temo Galindo

Desde octubre de 2015, el Ayuntamiento de Nogales ha presentado una serie de cuatro denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción que documentan un posible desvío de recursos por 360 millones de pesos en la administración del priista Ramón Guzmán

Por Imanol Caneyada y Gabriel Rigo Gutiérrez

Las recientes declaraciones del fiscal Anticorrupción de Sonora, Odracir Espinoza, en el sentido de que los actuales alcaldes en la entidad están encubriendo a las anteriores administraciones, especialmente en Nogales y Agua Prieta, han despertado la indignación del presidente municipal de la ciudad fronteriza, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, y su equipo de colaboradores.

El pasado martes 6 de junio, en la oficina presidencial del Ayuntamiento de Nogales, fuimos recibidos por el popularmente conocido como Temo Galindo, acompañado del contralor municipal, Sergio Ulloa Carpena.

En una larga entrevista, entre ambos desmenuzaron las cuatro denuncias hasta el momento presentadas ante la Fiscalía, la primera de ellas en octubre de 2015, por el desvío de un total de 360 millones de pesos, aunque el daño financiero a Nogales, según sus cálculos, podría ascender a mil doscientos millones de pesos.

Hasta antes de las referidas declaraciones del fiscal, asegura el alcalde, se habían mostrado respetuosos del proceder de la fiscalía y siempre dispuestos a colaborar.

Las aportaciones que ha hecho la administración que encabeza siempre han sido en términos técnicos, no han querido politizar el asunto ni litigar en los medios, subraya el alcalde.

Esto cambió hace unos días, cuando Odracir Espinoza responsabilizó al ayuntamiento de Nogales, al de Agua Prieta y a otros de la lentitud de las averiguaciones pues no presentaban denuncias y encubrían a las anteriores administraciones; incluso llegó a insinuar que se vería obligado a catear las oficinas administrativas del ayuntamiento de Nogales.

Temo Galindo, a raíz de ello, ha querido dejar claro, primero, que no tienen nada que ocultar y, segundo, que desde el momento en que asumió el cargo, él y su equipo revisaron las finanzas que dejó la anterior administración, encabezada por el priista Ramón Guzmán Muñoz, y han documentado hasta donde les posibilita sus facultades legales, cuatro denuncias que indican un posible desvío de recursos por 360 millones de pesos.

La extrañeza del alcalde se fundamenta en el hecho que la primera de las denuncias la presentaron en octubre de 2015 ante la PGR, porque las irregularidades encontradas tenían que ver con recursos federales.

Fue la propia PGR la que canalizó a la en ese momento recién creada Fiscalía Anticorrupción parte de las responsabilidades, aquellas relacionadas con recursos estatales y municipales.

Posteriormente, a lo largo de 2016, presentaron las tres restantes denuncias. Todas ellas, asegura Temo Galindo, acompañadas de la documentación necesaria para acreditar el posible delito. “Nosotros —insiste— hicimos nuestra parte, ahora les toca a ellos hacer su trabajo”.

Reconoce el presidente municipal que a raíz del intercambio de declaraciones, en estos últimos días, han recibido hasta nueve oficios notificándoles las diferentes diligencias que ha comenzado a realizar la fiscalía.

Pero antes de ello, “nosotros, de manera constante, estuvimos exigiendo resultados, porque hay denuncias que se presentaron después de las nuestras y, sin embrago, se resuelven rápido: cateos, detenciones, diligencias; en el caso de Nogales no pasaba nada, lo que nos hace pensar que la justicia en el tema anticorrupción es selectiva en el estado de Sonora, que de nada sirve denunciar cuando todo puede ser una simulación”.

Una de las principales preocupaciones del alcalde de Nogales derivadas de este asunto es el hecho de que la sociedad nogalense crea que realmente quieren encubrir al anterior presidente municipal, cuando desde que inició su administración, ilustra Galindo, han trasparentado todos los procesos administrativos y han investigado cada peso del ejercicio que encabezó Guzmán.

Las denuncias

Es el contralor municipal, Sergio Ulloa Carpena, quien explica los aspectos técnicos relacionados con las denuncias.

La primera de ellas se presentó ante la PGR en octubre de 2015; fue la Procuraduría General de la República la que canalizó a la recién Fiscalía Anticorrupción lo tocante a los recursos estatales y municipales.

Esta denuncia tiene que ver con recursos federales destinados al tratamiento de aguas residuales por un monto de 14 millones 800 mil pesos, los cuales metieron a la licuadora presupuestal, no los ejercieron para lo que estaban etiquetados y tampoco los regresaron a la Federación.

Incluso tienen documentado cómo, ante el reclamo del ISAF por no ejercer el recurso, lo que hacía la administración encabezada por Ramón Guzmán era depositar el monto en la cuenta indicada y una vez se iban los auditores, volvían a sacar el dinero.

Las otras tres denuncias, presentadas el 16 de enero, el 31 de marzo y el 24 de junio de 2016 ante la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos de Corrupción, están relacionadas con el desvío de recursos públicos federales como el Ramo 23 y el Ramo 33, con los que la anterior administración seguía el mismo modus operandi, según ha podido documentar la Contraloría Municipal de Nogales.

A través de una lista de proveedores de confianza, la anterior administración respaldaba el supuesto ejercicio del recurso con comprobantes fiscales apócrifos, o bien, con comprobantes fiscales que eran cancelados inmediatamente después de ser expedidos.

También encontraron que la mayoría de estas empresas tenían sus domicilios fiscales en casas-habitación, no contaban con empleados dados de alta en el IMSS y carecían del equipo y la maquinaria para ofrecer el servicio por el que supuestamente eran contratados.

Dentro de estas denuncias se encuentra la de los 60 millones de pesos que quedó debiendo la anterior administración al ISSSTESON por concepto de descuentos a los trabajadores, los cuales sí se realizaron pero no se entregaron a la institución.

En un caso parecido, ilustra el contralor municipal, el de la Universidad de Sonora, la Fiscalía actuó con inusitada celeridad y procedió a catear la máxima casa de estudios y requerir toda la documentación; en el caso de Nogales, no ha sido así.

Sin embargo, para el alcalde Galindo y el contralor Ulloa, el daño financiero que dejó la administración de Guzmán ronda los mil doscientos millones de pesos.

E ilustran que se encontraron con una deuda de 500 millones de pesos, el doble de la que heredó en 2012 Guzmán, con una sospechosa tasa de interés de 9%; aseguran que la actual administración logró renegociar la deuda a un interés de 3%.

Otro caso que ha dañado seriamente las finanzas del municipio de Nogales, añade el presidente municipal, es la deuda que hallaron de tres millones de dólares a la Comisión Internacional de Límites y Aguas por concepto de tratamiento de aguas residuales.

Durante casi un año, la presente administración ha tenido que pagar cien mil dólares mensuales para cubrir el adeudo y evitar las consecuencias.

A ello hay que añadir la desaparición de 300 millones de la caja de ahorros de los trabajadores del organismo paramunicipal Oomapas Nogales.

Cuando le planteamos al Temo Galindo si con las reformas a las diferentes leyes estatales para implementar el Sistema Estatal Anticorrupción cree que habrá resultados tangibles, responde que precisamente el caso Nogales va a poner a prueba el sistema, sabremos si estamos ante una simulación o realmente se va a aplicar la ley sin distinciones.