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Empresarios no quitan el dedo del renglón por Ley 3 de 3

Por Imanol Caneyada/

El recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción generó un choque entre organizaciones civiles y empresariales frente a los diputados

A México la corrupción le cuesta cien mil millones de dólares al año, según estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. En este país, la corrupción se traduce en una galopante inseguridad pública con un costo de 50 mil muertos en la última década, y en el hecho de que 99% de los delitos no se denuncien, según la Cámara de Senadores.

Después de décadas de ver la corrupción como un mal endémico, como parte de nuestro ADN, como un mal inevitable, como esencia de nuestra cultura, como el aceite que engrasa la maquinaria social del país, hemos llegado a un punto en que la corrupción se ha convertido en el verdadero problema que amenaza con hundir a los mexicanos, en la verdadera causa de las permanentes crisis económicas, políticas y sociales.

Llegados a este punto, hace poco más de un año, como nunca antes en la historia de México, la sociedad civil articulada en una setentena de organizaciones (entre las que se encuentra Sonora Ciudadana) comenzó a impulsar y a presionar al Gobierno para que realizara un profundo cambio a nivel estructural que garantizara un efectivo combate a la corrupción y pusiera fin al gran aliado de ésta: la impunidad.

Incluso los empresarios, hasta ese momento cómplices silenciosos de la corrupción gubernamental y beneficiarios directos de la misma, alzaron la voz y se sumaron a este gran esfuerzo; la Confederación Patronal de México (Coparmex) es una de las organizaciones que integran la iniciativa Ley 3 de 3.

El resultado es el Sistema Nacional Anticorrupción, sustentado en un paquete de leyes, algunas nuevas, otras modificadas, que el Congreso de la Unión aprobó en lo general y particular el pasado 16 de junio y turnó al Ejecutivo para su publicación.

Las leyes que se modificaron y/o crearon ex profeso son la Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; General del Sistema Nacional Anticorrupción y General de Responsabilidades Administrativas.

Las críticas al paquete aprobado, primero en la Cámara de Senadores y posteriormente en la de Diputados han sido muchas y contundentes. La medida más polémica de todas ha resultado la famosa Ley 3 de 3, la cual, a pesar de contar con el respaldo de casi 650 mil firmas ciudadanas, no fue aprobada según lo planteó el grupo de organizaciones civiles que la impulsó.

Otra de las debilidades que le han señalado al naciente Sistema Nacional Anticorrupción es que, si bien se ha fortalecido y ampliado las facultades de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, y ha surgido la figura de la Fiscalía Anticorrupción, todas estas dependencias encargadas de combatir la corrupción dependen del Ejecutivo, carecen de autonomía presupuestal y política, por lo que, una vez más, pueden ser juez y parte.

La piedra en el zapato

La más publicitada, la más polémica, la que mayores discusiones ha provocado y la que tiene a las organizaciones civiles en pie de guerra es la iniciativa conocida como Ley 3 de 3.

¿En qué consiste?

El Instituto Mexicano para la Competitividad AC (IMCO), uno de los integrantes de la plataforma 3 de 3, lo explica de manera muy sencilla. La iniciativa propone que cualquier servidor público de cualquiera de los tres niveles de gobierno debe presentar tres declaraciones de manera pública para el ejercicio de sus funciones: la patrimonial, la de intereses y la fiscal.

¿Qué es una declaración patrimonial y por qué consideramos que es importante hacerla pública?, se pregunta el IMCO. La respuesta es la siguiente: “La declaración patrimonial permite conocer el estado, evolución y valor estimado de los bienes que posee un servidor público desde el inicio hasta el fin de su encargo. Hacerla pública permite que los ciudadanos puedan monitorear que el patrimonio del candidato, en caso de ser electo, crezca conforme a sus ingresos y los de sus familiares. La información que se pide en este documento incluye: ingresos, bienes inmuebles, vehículos, bienes muebles y otro tipo de valores del declarante”.

Antes de la aprobación del paquete de leyes que sustentan el Sistema Nacional Anticorrupción, la declaración patrimonial ya era obligatoria para un servidor público, pero que se hiciera pública dependía de su voluntad. Con el Sistema Nacional Anticorrupción queda igual.

En cuanto a la declaración de intereses, el IMCO establece que “permite identificar aquellas actividades o relaciones que podrían interferir con el ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de un candidato en caso de ser electo como funcionario. Hacer pública esta información permite evitar que, en caso de existir un conflicto de intereses, se privilegie el interés privado sobre el público, generando un beneficio indebido para el servidor público o sus familiares. La información que se pide en este documento incluye: intereses económicos y financieros, actividades profesionales y empresariales y otros intereses tanto del declarante como de sus familiares en primer grado y dependientes económicos”.

Al aprobar las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, los funcionarios públicos estarán obligados a realizar esta declaración, pero no lo están a hacerla pública.

Y en lo referente a la declaración fiscal, el Instituto Mexicano para la Competitividad dice: “La declaración fiscal es el comprobante de que un contribuyente ha cumplido con el pago de sus impuestos. La declaración fiscal corrobora que el funcionario público ha contribuido a los recursos públicos que habrá de manejar como funcionario en caso de ser electo”.

Esta declaración, a partir de ahora también será obligatoria pero el funcionario público podrá o no hacerla pública a voluntad.

El punto discrepante en lo referente a esta iniciativa ha sido la obligatoriedad o no de hacer pública esta información. Los diputados priistas, panistas y perredistas que modificaron el artículo para aprobarlo en los términos de que el funcionario decida si la hace o no pública, alegaron que esa información, al hacerse del dominio público, podía poner en peligro los bienes de los funcionarios, a los funcionarios y los familiares de los mismos.

El presidente Enrique Peña Nieto ejerció facultad de veto sobre el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.
El presidente Enrique Peña Nieto ejerció facultad de veto sobre el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.

La conocida como Ley 3 de 3 quedó reflejada en el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos; a esta se le añadió el artículo 32, que establece que toda aquella persona física y moral que reciba dinero público está obligada a hacer las tres declaraciones citadas.

La lectura que le han dado a este añadido que hicieron los legisladores es la de un posible desquite por la presión de las organizaciones civiles y empresariales para que se aprobara en los términos originales, es decir, con la obligatoriedad de hacer pública la información de las tres declaraciones.

La reacción del Ejecutivo en cuanto al artículo 32 ha sido la de esgrimir el veto presidencial, derecho consignado en la Constitución, argumentando que esta medida paralizaría al aparato administrativo al tener que procesar cientos de miles de declaraciones de becarios, asociaciones civiles, deportistas, empresas, IAP, es decir, de todo aquel mexicano o mexicana que reciba de una u otra forma dinero público.

La inédita lucha de Coparmex

La foto sorprendió a los mexicanos y al mundo entero; los empresarios agrupados en la Confederación Patronal Mexicana se hacían presentes en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México para protestar con mantas y toda la cosa por la redacción final de la Ley 3 de 3 y la inclusión de la obligación de hacer las declaraciones de toda persona que recibiera dinero público.

Lo que históricamente habían hecho organizaciones de campesinos, obreros, estudiantes y demás, el pasado 16 de junio, en un hecho sin precedentes, lo reproducían los empresarios.

 Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex estuvo en Hermosillo donde ofreció una rueda de prensa.
Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex estuvo en Hermosillo donde ofreció una rueda de prensa.

El pasado 28 de junio, el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, compareció ante los medios de comunicación en Hermosillo, Sonora, para, entre otras cosas, explicar la postura de la patronal ante el Sistema Nacional Anticorrupción.

Dijo que la reforma estructural que se había llevado a cabo con la aprobación de las leyes que sustentan el SNA es un triunfo de la sociedad mexicana y que se convierte en un hecho inédito.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la organización para seguir impulsando un decidido combate contra la corrupción, el principal cáncer del país, arraigado en la cultura y costumbres de los mexicanos, y causa toral de la crisis del Estado de derecho por la que atraviesa México.

Explicó que la Coparmex está de acuerdo con la mayoría de las leyes y artículos aprobados en el Congreso de la Unión que sustentan el Sistema Nacional Anticorrupción, salvo por el tema de la ley 3 de 3 y el artículo 32.

Al respecto, aseguró que tanto Coparmex como las organizaciones involucradas en la plataforma seguirán impulsando la aprobación la aprobación de la ley 3 de 3 en su redacción original, al tiempo que consideraba como un despropósito legislativo la obligación de declarar de toda persona que reciba dinero público.

También respaldo a la gobernadora Claudia Pavlovich en su exigencia a la PGR para que acelere las investigaciones a los ex funcionarios acusados de corrupción, ya que la justicia, dijo, debe ser pronta y expedita.

Y dejó claro que el Sistema Nacional Anticorrupción es apenas un primer paso hacia una sociedad en la que se privilegie el Estado de derecho, aún falta mucho por hacer, dijo, para ver resultados concretos.