Entre contradicciones y sin pruebas: persiste la opacidad en el caso Rocha Moya

Por Ileana Bernal de la R.

Las declaraciones del Gobierno federal sobre el caso de Rubén Rocha Moya volvieron a exhibir la falta de claridad en torno a las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa.

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México podría rechazar la solicitud de detención urgente con fines de extradición si Washington no presenta pruebas, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reiteró que Rocha Moya no cuenta con escoltas federales y que su seguridad depende únicamente de instancias estatales.

«No hay plazo. Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ningunas pruebas», afirmó Sheinbaum al precisar que la petición enviada por una oficina del Departamento de Justicia estadounidense no constituye todavía un proceso formal de extradición.

Sin embargo, las declaraciones abren nuevos cuestionamientos sobre el manejo del caso, por un lado, el gobierno sostiene que no existen elementos suficientes para ejecutar la captura, y por otro, mantiene abierta una investigación a cargo de la Fiscalía General de la República, sin que hasta ahora se conozcan avances públicos.

A ello se suma que Harfuch ha insistido en que ni Rocha Moya ni los exfuncionarios sinaloenses señalados por Estados Unidos han solicitado protección federal, pese a que en semanas previas distintas versiones oficiales y reportes periodísticos apuntaron a la existencia de esquemas de resguardo vinculados a corporaciones federales.

A más de un mes de que se conocieran las acusaciones provenientes de Estados Unidos, el caso permanece envuelto en contradicciones, ausencia de pruebas públicas y escasa información oficial, en medio de uno de los episodios más delicados para la relación bilateral en materia de seguridad.