Las asociaciones de periodistas y comunicadores de Durango exigieron a los diputados locales y al gobernador del estado, se reforme la Ley Estatal para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, al considerarla ineficaz para la seguridad personal y el ejercicio libre de la profesión.
La exigencia la hicieron el delegado del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, Anastasio Esquivel Ortiz; el presidente del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación, Ignacio Mendívil Buenrostro; la presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE) capitulo Durango, Liliana Ortíz Marrufo; y Victor Montenegro Ortega, presidente interino de Periodistas y Profesionales de la Comunicación (Peproc).
“Como representantes de las agrupaciones de periodistas y comunicadores conformadas legalmente en el Estado de Durango, en representación y a nombre de nuestros respectivos agremiados, nos dirigimos por este medio a todos los diputados integrantes de la LXVII Legislatura, para demandarles se considere de carácter urgente el replanteamiento de la actual Ley Estatal para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, por considerarla carente e inefectiva para la seguridad personal y el ejercicio libre de la profesión de nuestros compañeros”.
La petición se realiza debido a los últimos acontecimientos en los que fueron brutal y cobardemente asesinados los tres compañeros periodistas Cecilio Pineda Brito, en Guerrero; Ricardo Monlui Cabrera en Veracruz y Miroslava Breach Valducea en Chihuahua.
“Vemos de manera preocupante que el gremio sigue siendo uno de los más vulnerables en todo el país, por lo que demandamos también por parte de este Congreso local, no solamente un posicionamiento enérgico de condena, sino que además en los hechos den muestra fehaciente de estar preocupados por esta situación”.
Asimismo los representantes del gremio periodístico en Durango realizaron un llamado urgente a las autoridades federales y de todas las entidades federativas, para acabar de una vez por todas con estas acciones, al considerar que en casi todo el territorio mexicano los índices de corrupción y violencia continúan a la alza, mientras que los crímenes en contra de periodistas permanecen en la total y lastimosa impunidad, al igual que muchos otros delitos.
Recientemente en la ciudad de Durango cuatro compañeras reporteras fueron víctimas de distintos tipos de ataques, una de ellas de acoso, dos de agresiones verbales por parte de autoridades y entes privados; una más, de robo a su vivienda y equipo de trabajo; otro colega periodista, ha recibido al menos tres mensajes anónimos en su domicilio, uno de ellos sumamente inquietante por lo que su integridad podría estar en riesgo.
“Durango es uno de los Estados donde se dio la alternancia, por ello y por todo lo acontecido durante el presente mes de marzo, solicitamos al jefe del Ejecutivo, el gobernador del Estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres, se contemple con premura y se lleve a cabo la conformación de una fiscalía especializada que atienda asuntos de periodistas en riesgo, antes de que ocurran en la entidad hechos que tengamos que lamentar”.
Finalmente demandaron pronunciamientos enérgicos por parte de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; del Congreso del Estado de Durango y de todas las demás legislaturas en las entidades federativas, en los que no solamente condenen este tipo de crímenes, sino que se comprometan en exigir una investigación imparcial, para que se castigue a los responsables de éste y todos los terribles asesinatos de colegas de todo el país.
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