Grupo Río Yaqui acusa de simulación y engaño a Campa Cifrián

Por Imanol Caneyada/

La reunión celebrada en Huírivis por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación fue una puesta en escena para que, entre otras cosas, representantes espurios de la tribu yaqui autorizaran la construcción de un gasoducto a la empresa IEnova

Como una simple simulación y falta de respeto califican los integrantes del Grupo Río Yaqui la visita que realizó el pasado 3 de marzo Roberto Campa Cifrián a la tribu en el poblado de Huírivis, Sonora, en el que trataron temas relacionados con la demanda que existe en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para el Grupo Río Yaqui, impulsor de la citada demanda ante la CIDH desde 2006, la presencia del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en territorio yaqui no obedeció a una voluntad real de parte del Gobierno federal para sentarse a solucionar las múltiples violaciones a los derechos humanos del pueblo yaqui, sino a una tibia y amañada respuesta de éste a la exigencia de la Comisión de que se siente a dialogar con la nación yaqui, según lo establece el informe de admisibilidad del organismo internacional, con fecha del 28 de julio de 2015.

Es decir, la lectura que da el grupo que llevó a los tribunales internacionales la sistemática violación del territorio yaqui por parte del Estado mexicano a la visita del funcionario federal, es la de una estrategia para ganar tiempo y tratar así de cumplir con las peticiones de la CIDH, pero en el fondo, consideran, no hubo ningún avance real en las históricas demandas de la tribu.

Para empezar, Campa Cifrián no mostró ningún respeto a la ley interna del pueblo yaqui, pues la reunión se celebró en Huírivis, cuando por la importancia de la misma, debía haberse llevado a cabo en la primera cabecera, Vícam pueblo; o en la segunda cabecera: Pótam.

El encuentro en el que supuestamente iban a tratarse los temas de fondo que constan en la demanda que interpuso el Grupo Río Yaqui ante la CIDH, se realizó en Cuaresma, una época de suma importancia en la cultura yaqui, en la que la Iglesia se constituye como el poder representativo del pueblo; no obstante, la Iglesia como tal no fue tomada en cuenta y los interlocutores de la Secretaría de Gobernación fueron Mario Luna y Tomás Rojo, quienes, según denuncia el Grupo Río Yaqui, a cambio de su excarcelación por el bloqueo a la carretera Internacional, estuvieron de acuerdo en ser parte de lo que califican como un teatro.

En la opinión de este grupo, los integrantes de la tribu Mario Luna y Tomás Rojo están coludidos con las autoridades federales y estatales para obviar las demandas de fondo que constan en el informe de la CIDH y pactar acuerdos que únicamente van a beneficiarles a ellos.

Como ejemplo de lo anterior, el Grupo Río Yaqui señala que en la reunión de Huírivis se trató un tema muy delicado, el de la construcción de un gasoducto que podría atravesar el territorio yaqui por parte de la empresa IEnova.

Esta empresa fue una de las primeras empresas privadas en invertir en el sector energético en México tras las reformas que permitieron la participación del sector privado en el almacenamiento, transporte y distribución de gas natural. “Desde nuestra llegada al país en 1996, nos hemos posicionado como un líder en la industria energética”, reza en su página web http://www.ienova.com.mx.

La empresa, cuyos emisarios en dicha reunión fueron el propio subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, y el secretario de Gobierno de Sonora, Miguel Pompa Corella, prometió entregar 3.5 millones de pesos al pueblo yaqui a cambio de otorgar el permiso para construir el gasoducto.

El permiso fue otorgado en lo que el Grupo Río Yaqui considera una puesta en escena para contentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la complicidad de Mario Luna y Tomás Rojo, quienes hace ya tiempo trabajan para los intereses de los Bours y los Díaz Brown en la región.

El lamento de este grupo que encabezó la demanda ante la CIDH y que ha logrado que ésta admita que el Estado mexicano ha violado sistemáticamente los derechos de la tribu, es que la reunión con el subsecretario federal era una verdadera oportunidad para abordar el núcleo de la cuestión yaqui:

El reconocimiento del derecho internacional consuetudinario inherente al pueblo yaqui, es decir, el reconocimiento de que la tribu es una nación dentro de México que tiene sus leyes, costumbres y procedimientos en cuanto al uso de su territorio.

Muy al contrario, concluyen los denunciantes, el encuentro celebrado en Huírivis el pasado 3 de marzo, una vez más, sirvió para engañar a la tribu, dividirla y comprar su voluntad y autonomía a cambio de un puñado de pesos, algo a lo que difícilmente algunos de los yaquis pueden negarse a causa de la miseria y la falta de oportunidades en la que están sumidos.