Guardería ABC: el triunfo de la impunidad y el olvido

El expediente original pronto será cosa juzgada y los funcionarios de alto nivel difícilmente serán sujetos a proceso; quedan dos expedientes congelados en la PGR, los que impulsaron Manos Unidas por Nuestros Niños

Por Imanol Caneyada

El pasado martes cinco de junio, cientos de hermosillenses marchamos un año más para exigir una justicia que la mayoría de los mexicanos consideramos no se ha dado plenamente en lo que se refiere al incendio de la Guardería ABC.

Durante el tradicional recorrido desde la estancia infantil calcinada hasta las escalinatas del Museo Biblioteca de la Unison, una vez más clamamos para que se aplicara el peso de la ley a los intocables, a quienes por su negligencia, corrupción y desorden generalizado en el sistema de subrogación de guarderías del IMSS, fueron responsables de la muerte de 49 niños y niñas y de lesiones externas e internas en más de cien supervivientes.

Lo anterior lo ha sostenido hasta el cansancio el ministro de la Suprema Corte Arturo Saldívar, responsable de elaborar en su momento un proyecto que hubiera significado un parteaguas en este país.

Al respecto, el ministro recuerda en su artículo “Guardería ABC, no debieron morir”:

El proyecto que me correspondió presentar al Pleno, proponía establecer la responsabilidad constitucional de varios servidores públicos, con especial énfasis en aquellos que ocupaban los cargos más altos en los tres órdenes de gobierno. No se trataba de determinar las responsabilidades administrativas, civiles o penales de dichas autoridades, sino de señalarlas desde los valores de la Constitución y reprobarlas con ese peso. Se trataba de redimensionar la noción del servicio público como responsabilidad y no como privilegio.

La peor derrota que ha sufrido el Movimiento por la Justicia 5 de Junio fue en aquella ocasión. Cuando el Pleno de la Suprema Corte votó en contra del Proyecto presentado por Saldívar y reelaboró uno en el que dejaba fuera de toda responsabilidad a los altos funcionarios.

Inmediatamente después, la Suprema Corte fue despojada de su facultad de investigación y el caso del incendio quedó sólo en manos del Juzgado Primero de Distrito con sede en Hermosillo.

A grandes rasgos, el expediente original, sobre el que se basó el juez primero de distrito para elaborar la sentencia que se dio a conocer en el mes de mayo de 2016, establece el origen accidental del incendio (el famoso cooler) y los 19 sentenciados lo son por su responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas.

Los 19 son funcionarios medios y menores del IMSS, el Gobierno del Estado de Sonora, el Ayuntamiento de Hermosillo y dos de los dueños de la guardería.

Por la naturaleza de los delitos, todos alcanzaron fianza y todos promovieron recursos de revisión.

Un año después, en junio de 2017, el Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, ratificaba la sentencia en nueve de los acusados, y a diez de ellos les redujo la pena de 20 a 14 años.

Además ratificó la sentencia absolutoria de las tres empleadas del IMSS: Irene Botello Amante, Yadira Barrera e Irma Crescencia Díaz Gámez.

Durante este proceso, el conocido como el original, la PGR jamás incluyó en el expediente a los altos funcionarios que desde el principio la sociedad mexicana ha querido ver sentados en el banquillo de los acusados. Por consecuencia, ninguno de los juzgadores, ni el de distrito ni el unitario, pudo, puede ni podrá emitir alguna clase de sentencia sobre los mismos.

Lo que resta en el proceso original es esperar si la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce o no la facultad de atracción en cuanto a los amparos promovidos por los 19 sentenciados, por un lado, y el amparo promovido por un grupo de padres, en el sentido de que aumente la sanción contra los sentenciados.

Después de esto, el conocido como proceso original será cosa juzgada, es decir: la calidad que adquieren las sentencias y las resoluciones definitivas de los jueces, cuando se han agotado todos los recursos destinados a impugnarlas, y se tornan irrevocables.

Como bien ha señalado el ministro Arturo Saldívar, la SCJN perdió la oportunidad de sentar un precedente contra la impunidad y la corrupción aquel mes de junio de 2010, cuando el Pleno de la Corte rechazó por mayoría el Proyecto del propio Saldívar, en el que señalaba la responsabilidad de intocables como Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam, Eduardo Bours, Ernesto Gándara y dos de los dueños de la guardería, ligados familiarmente a Bours y Margarita Zavala, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella y Francisco Urquídes Serrano.

Ellos quedaron desde el principio exonerados.

Congelados en la PGR

Existen dos expedientes más derivados del incendio de la Guardería ABC, como lo ha señalado Gabriel Alvarado, abogado de la agrupación Manos Unidas por Nuestros Niños.

El primero se deriva de la denuncia que presentó a principios de 2013 la citada agrupación, en la que obligaba a la PGR a investigar la posible intencionalidad del incendio, basada en el famoso peritaje Smith y en algunos testimonio que señalan a Juan Carlos Lam, secretario técnico del gobierno de Eduardo Bours, como quien ordenó incendiar la bodega de la Secretaría de Hacienda adjunta a la estancia infantil. El propio Eduardo Bours y otros funcionarios de ese gobierno están incluidos en dicha denuncia.

En cuanto a esta línea de investigación, a la fecha, según el propio Gabriel Alvarado, la PGR ha realizado un puñado de diligencias inocuas y a cinco años de que se puso la denuncia no existe ningún resultado.

El otro expediente congelado en la PGR se deriva de una segunda denuncia interpuesta por Manos Unidas por Nuestros Niños, en la que se acusa al ex gobernador Eduardo Bours y al entonces Procurador de Justicia del estado, Abel Murrieta, de entorpecer y dilatar la justicia.

A meses de que el actual sexenio termine, el diagnóstico es que ambos expedientes seguirán enterrados en un cajón de la PGR; la esperanza, que el nuevo gobierno reactive las investigaciones.

Mientras tanto, seguiremos exigiendo una justicia que nunca llegó y que difícilmente llegará.