#GuarderíaABC Nadie está exonerado; Lam, clave para dar con altos funcionarios

Por Lourdes Encinas Moreno /

El ex Secretario Técnico, Juan Carlos Lam, es una figura clave, porque de ser requerido por la PGR, su testimonio sería el eslabón para llegar a ex funcionarios de nivel superior, del sexenio boursista

La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con todos los elementos para realizar nuevas consignaciones en torno al caso de la Guardería ABC, incluida la de Juan Carlos Lam Félix, asegura el abogado Gabriel Alvarado Serrano.

Para el representante legal del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, que integran la mayoría de padres de víctimas del incendio del 5 de junio de 2009, lo único que hace falta para proceder es voluntad del presidente Enrique Peña Nieto.

“Voluntad, disposición, es el momento que ha llegado de tomar decisiones”, que es el reclamo que hicieron los padres el pasado 29 de mayo, cuando acudieron a la residencia oficial de Los Pinos a recordarle al Presidente, el compromiso que les hizo cuando estaba en campaña.

Murillo Karam frena investigación

En el marco del cuarto aniversario de la tragedia, Manos Unidas reveló que, de acuerdo a su propia investigación, el incendio de origen en la bodega de la Secretaría de Hacienda de Sonora fue provocado para destruir información financiera comprometedora para el gobierno de Eduardo Bours Castelo.

El entonces subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Renato Sales Heredia, confirmó que la PGR había iniciado una línea de investigación en ese sentido y se anunció la realización de un nuevo peritaje para determinar la causa del siniestro.

Alvarado Serrano relata que en enero de este año, Sales Heredia envió a su asistente personal para anunciar a las familiasque tan pronto como avanzara el peritaje, estarían en condiciones de proceder a las detenciones de las personas señaladas como involucradas en los hechos.

“Nos quedamos a dos semanas de que eso se hiciera realidad, ya que en ese lapso (Sales Heredia) fue cambiado como Subprocurador y fue nombrado Coordinador Nacional Antisecuestros y desde ahí para entonces todo ha cambiado”, señala.

Las labores de campo del nuevo peritaje las realizó un perito norteamericano y, de a acuerdo a Alvarado, apuntaba a confirmar que el incendio no fue producto del sobrecalentamiento del motor un cooler, sino intencionalmente provocado, pero entonces todo el trabajo fue frenado por el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.

“En esencia no existen explicaciones, de golpe y porrazo, como se dice, el señor Procurador (Murillo Karam) dispuso que no siguiera este perito, que no le iba a tener confianza y que según él había que contratar un peritaje de una empresa inglesa o en su caso una española que, según sus palabras, eran las menos corruptas en estos temas”, refiere.

Ante el estancamiento de la averiguación, el grupo considera interponer un amparo por la dilación en la procuración de justicia: “Ya le hemos perdido absolutamente la confianza al trabajo que eventualmente en estos momentos esté desarrollando PGR”.

Lam, clave para llegar más alto

De acuerdo a la denuncia de Manos Unidas, fue Juan Carlos Lam Félix, ex Secretario Técnico del estado, quien habría ordenado la quema de papeles, a través de uno de sus escoltas, Carlos Andrés López Meza, quien meses más tarde fue asesinado en circunstancias que no se han aclarado.

Para el grupo, él es una figura clave porque de ser requerido por PGR, su testimonio podría ser el eslabón para llegar a ex funcionarios del sexenio anterior de nivel superior.

“Depende de la defensa que haga Juan Carlos Lam, él puede ser el eslabón para llegar a un nivel más alto, de lo que éste a su vez pueda decir… podríamos hablar del Secretario de Hacienda (Ernesto Vargas Gaytán), del secretario de Gobierno (Roberto Ruibal Astiazarán), del propio gobernador (Bours Castelo), dependerá de lo que él a su vez, tenga que decir al respecto”.

La última información que tienen sobre la situación legal de Lam Félix, es que hace tres semanas tramitó un amparo para evitar una posible detención, del cual aún no les dan acceso de vista para conocer sus términos.

No se ha dicho la última palabra

Al cumplirse cinco años del incendio que ocasionó la muerte de 49 niños y lesiones a un centenar, nadie está preso porque los delitos que se persiguen son por omisiones y, por tanto, de carácter culposo, lo que ha permitido a los consignados la libertad bajo fianza.

Si la PGR confirma que el incendio en la bodega contigua a la guardería fue provocado, procedería a nuevas consignaciones por delitos de acción directa, de carácter doloso y que sí alcanzan pena corporal.

“En este momento nadie puede considerarse exonerado, ni nadie es culpable mientras no exista de por medio una sentencia definitiva que así lo señale”, precisa Alvarado Serrano.

[learn_more caption=»Los pendientes de la PGR» state=»open»] Actualmente,bajo el expediente número 126/2009 del Juzgado Primero de Distrito, hay 22 personas sujetas a proceso penal, entre empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Secretaría de Hacienda de Sonora, de Protección Civil Estatal y Municipal y dos de los accionistas de la Guardería ABC.

Los pendientes de la PGR, enumerados por el representante de Manos Unidas:

1. Definir la situación jurídica de Bours Castelo, Vargas Gaytán y Juan Molinar Horcasitas, ex Director del IMSS, quienes se encuentran en calidad de indiciados a la espera de que PGR vuelva a tomar la decisión de ejercer o no acción penal en su contra, valorando elementos que en una primera ocasión omitió.

2. Resolver la denuncia interpuesta por el grupo contra Javier Lozano Alarcón, como ex Secretario del Trabajo, ya que la guardería estaba catalogada como centro de trabajo, pero la dependencia nunca verificó que cumpliera con las normas oficiales de seguridad de su competencia.

3. Resolver la averiguación previa que se abrió en contra del ex Director General de Prestaciones Médicas, Santiago Echeverría Zuno, Fernando Sandoval Castellanos, ex jefe de la Unidad de Atención Médica y otros ex directivos del IMSS que impidieron el traslado de niños heridos a los Hospitales Shriners, incluso engañando a sus padres. También están en calidad de indiciados.

4. La acusación contra empleadas y maestras de la guardería, a quienes consideran negligentes en el rescate de los menores al momento del incendio.

5. El punto toral: concluir la investigación en torno a la hipótesis del incendio provocado. [/learn_more]

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