La crisis en los municipios: ¿cuál es el fondo?

El fracaso de sus administraciones públicas seguirán por un largo tiempo, porque la opinión pública ha visto que ¡no pasa nada!, en materia de responsabilidades y acción penal contra aquellos ex funcionarios municipales

Por Bulmaro Pacheco

A finales del año, son pocos presidentes municipales de Sonora los que no hacen antesala a las autoridades hacendarias locales para solicitar que les presten —o adelanten— dinero de las participaciones, para completar el pago de los aguinaldos de sus trabajadores. ¿No lo planearon o no estaba contemplado en sus presupuestos ese gasto? Quizá sí, o pudiera ser que no, pero la realidad les estalla en las manos y suele convertirse en una recurrente crisis de fin de año.

Otros más, los que ante algún problema crónico en sus comunidades suelen deslindarse y alegan que no es su responsabilidad atacarlo —como suele ser el caso del narcomenudeo—, mientras el hampa organizada les disputa a cada momento el control de sus cuerpos policiacos. Esos presidentes se hacen de la vista gorda o se desentienden de un tema que, si bien no alcanzan a comprender del todo, sí observan aterrorizados cómo lentamente el tejido social de sus municipios se va complicando por el dominio que esas fuerzas ejercen, provocando que los problemas de la seguridad se tornen más complejos y difíciles de abordar, y terminan lanzándole la pelota a las instancias estatales y federales.

¿Y las autoridades municipales? Bien gracias, pero siempre terminan sacándole la vuelta a los complejos temas de seguridad interna.

Muchos de ellos ven con sorpresa la cantidad de servidores de “confianza” que les dejan de herencia en la administración, a través de las famosas “basificaciones” laborales de última hora, casi siempre de aquellos amigos y parientes “de confianza”, a los que las autoridades salientes buscan heredarles permanencia y seguridad en sus trabajos a través de las organizaciones sindicales, que gustosas se prestan para eso. ¿En beneficio de quién hacen eso? Obviamente de las familias y del grupo al que pertenecen, y en perjuicio de las mermadas finanzas del municipio, que de la noche a la mañana experimenta la inflación de la nómina y una pesada carga de la organización burocrática.

La mayoría de los basificados se compone de personas a los que no les gustó —o no pudieron— trabajar en el sector privado, o que como cuñados, hermanos, primos o yernos de la familias en el poder, que por una u otra razón no alcanzaron espacio en el mercado de trabajo privado, vieron su salvación en la administración pública —donde según ellos todo se puede— aprovechando su cercanía con las autoridades.

Otros municipios más son víctimas de las famosas reestructuraciones financieras de última hora, donde el fondo de la cuestión solo es alargar el período de pago y aligerar los intereses que se les cobran —sin disminuir los montos reales de las deudas—, para heredar a los que siguen esa misma deuda pero a más largo plazo, mediante esos trabajos financieros generalmente realizados por despachos divinos que cobran altos dividendos por un servicio que —por lo visto— cualquiera puede hacer.

Ante eso, a las autoridades entrantes los gobiernos del Estado y la federación les aplican mayores descuentos en las participaciones que reciben, lo que de entrada les limita el ejercicio del gasto y el de completar para costear servicios elementales

Toda esa deformación agregada a los vicios que han traído consigo las alternancias de partido en el poder, con la rotación de clientelas políticas, y los frecuentes desaseos en el reclutamiento de sus cuadros políticos y administrativos, pudieran explicar el resurgimiento del nepotismo en los gobiernos municipales, que se ha convertido en un verdadero cáncer para las administraciones municipales ante la abundancia de parientes en los principales cargos de dirección en los gobiernos.

¿Por qué ha resurgido el nepotismo en los gobiernos municipales? Por varias razones: Una muy importante —ya se mencionó—: por las alternancias de partido en los gobiernos, ocurridas en Sonora con una mayor frecuencia a partir de 1997.  Otra: porque nunca se tuvo cuidado en la preparación de cuadros para el gobierno, sino que se privilegiaron las contrataciones al personal del grupo político cercano o a los parientes de los ganadores como ha quedado en evidencia en estos años.

También por el predominio del concepto de la política “como negocio”, que ha manejado una nueva generación de practicantes del oficio, a la hora de hacerse cargo de los gobiernos municipales, y es hora que no se ve el fin de esa política del contratismo, el moche, las utilidades privadas de los recursos públicos, o la adaptación de la administración pública a los fines privados de los grupos en disputa.

Manejan la equivocada tesis de que los más calificados para desempeñar los trabajos son sus parientes, por el nivel de confianza de que gozan, y porque entre la elección y la toma de posesión de sus cargos hasta los más modestos regidores se sienten con el derecho a recomendar a sus parientes para los cargos. Es entonces, cuando los gobiernos municipales en lugar de privilegiar las capacidades, el servicio de carrera y la vocación de servicio de sus servidores públicos, se convierten en una bolsa de trabajo familiar y en una verdadera agencia de colocaciones con altos costos financieros y considerables niveles de ineficiencia administrativa.

Una realidad que está dando al traste con las mejores intenciones de gobierno y convierte las administraciones públicas en sucursales de empresas quebradas, donde al final nadie responde y nadie corrige los vicios.

También les ha afectado a las administraciones municipales esa corriente “innovadora” que pretende modernizar la administración municipal y que solo ha consistido en agrandar las burocracias municipales a un alto costo, sin sentido y sin rumbo que solo incrementan el número de dependencias administrativas con las mismas facultades reglamentarias.

Dichas innovaciones en ningún modo han repercutido en la eficacia de los gobiernos, al contrario, la creación de las “oficinas de la Presidencia” sin que nadie sepa realmente qué hacen, secretarías técnicas, coordinaciones de asesores, de publicidad y representaciones foráneas, entre otras, solo han encarecido el costo de las burocracias municipales y han hecho más pesadas las administraciones públicas, a grado tal que la mayoría de ellas batalla seriamente para completar la nómina quincenal y el pago a los proveedores de obras y servicios.

Otra corriente que ha empezado a tener impacto en los gobiernos municipales es la relativa a la privatización de los servicios públicos.

¿De dónde surgió la idea de privatizar los servicios públicos en los municipios? ¿Cuáles fueron los principales razonamientos que condujeron a tomar tales determinaciones?

La privatización de los servicios del gobierno —una figura del derecho administrativo en México— es una corriente mundial que gradualmente se ha ido afianzando, llegando incluso hasta a los cuerpos de seguridad como en los Estados Unidos de América. En México se empezó con los panteones municipales, y se siguió con otros servicios como la seguridad privada y el transporte; hasta ahora se ha expandido también hacia los servicios de limpia (recolección de basura) y de alumbrado público.

Las tensiones por las privatizaciones recientes (Guaymas, Hermosillo y Cajeme) se han agudizado con motivo de las alternancias de partido en el poder municipal y los procedimientos utilizados para aterrizar los contratos; Quiénes, cómo y cuánto se suman a las dudas sobre los orígenes, los participantes y los ingredientes para la elaboración final de las decisiones.

El debate sigue y seguirá hasta que la transparencia y la rendición de cuentas en la materia se asienten y cuando los ayuntamientos dispongan realmente de recursos para sortear los pagos de las privatizaciones heredadas, por ahora, un auténtico dolor de cabeza. Antes no.

Las crisis en los municipios y el fracaso de sus administraciones públicas seguirán por un largo tiempo, porque la opinión pública ha visto que ¡no pasa nada!, en materia de responsabilidades y acción penal contra aquellos ex presidentes y funcionarios municipales que llegaron con una mano atrás y otra adelante, y salieron del gobierno escandalosamente  forrados de dinero y con nuevas propiedades materiales ellos y sus familiares cercanos, ante la nulidad total de los órganos internos de control, meras figuras decorativas en la mayoría de los casos.

A las crisis municipales no las han atenuado ni las alternancias ni los nuevos esquemas de relación estatal y federal. Tampoco las técnicas modernas de gestión ni las reformas constitucionales que han establecido la reelección. Hay cosas más de fondo en el factor humano, la cultura política, en la expansión de los vicios, las cuotas de poder —a nombre de la autonomía municipal—, y la corrupción rampante que deben escudriñarse.

Por lo pronto, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora ha anunciado que en tres años ha recibido 588 denuncias; “99 contra las administraciones actuales”. 21 de ellas interpuestas directamente contra ex alcaldes. ¿Ahora sí habrá novedades sin que se atraviesen las limitantes políticas de siempre? ¿Qué hacer entonces ante esta situación? Al parecer, la crisis llevará buen tiempo. Los remedios todavía más.